El padre de Roberto Macías: «Un sindicato corrupto quiere encarcelar a mi hijo con un proceso penal injusto»

Este jueves 28 de noviembre quien fuera administrativo del sindicato, que lo despidió el 30 de noviembre de 2012 , se va a sentar en el banquillo acusado de revelar trece documentos secretos de la organización sindical. El fiscal le pide tres años de prisión y una indemnización de 60.000 por los supuestos daños morales causados a la UGT-A, mientras su antiguo empleador eleva a cuatro años su petición de cárcel.

Una platatorma de activistas y alertadores de corrupción en España ha pedido a la UGT-A que retire los cargos contra este extrabajador por destapar la supuesta trama de facturas falsas del sindicato. A esta campaña de apoyo a Roberto Macías se ha unido desde México su padre, Marco Antonio Macías , de 73 años.

En un vídeo que se ha difundido por las redes sociales, el progenitor del «denunciante denunciado» pide a los españoles que acompañen a su hijo, que reside en Sevilla con su mujer y dos hijos pequeños , en el juicio que se va a celebrar este jueves en el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla. Lamenta que «un sindicato corrupto, la UGT, le está robando la vida con un injusto proceso penal» y lo «quiere meter en la prisión».

Marco Antonio Macías muestra su pesadumbre por que se quiera «condenar» a un padre de familia «ejemplar y honesto» a «una vida de exclusión y miseria». Esta organización, asegura, «persigue al único hombre que ha colaborado con la Policía y que destapó su repugnante corrupción».

La vista se va a celebrar apenas tres semanas antes de que entre en vigor una nueva directiva europea en materia de protección a los alertadores de corrupción recientemente aprobada. « Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las comunidades autónomas más corruptas de Europa se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción», según denuncia esta plataforma de activistas.

El sindicato UGT en Andalucía empleó irregularmente más de 41 millones de euros en subvenciones de la Junta para cursos de formación en gastos del sindicato que «no eran subvencionables», según un informe del perito judicial que ha analizado la justificación de los expedientes de ayudas. La Unión General de Trabajadores de Andalucía recibió más de 102 millones de euros a través de 32 subvenciones durante tres años que están bajo sospecha del juez.