El calvario de Roberto Macías: al banquillo por sacar a la luz la «corrupción» de UGT Andalucía

Destapar una supuesta trama de facturas falsas presentadas por la federación andaluza de UGT para «justificar» las subvenciones destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía ha convertido a Macías en una víctima de un sistema que aplasta a los alertadores de corrupción. Al menos así se siente este padre de familia mexicano nacido en Zapotlán, en Jalisco, que lleva años subsistiendo a duras penas en Sevilla con su mujer sevillana y dos hijos pequeños. Ha tenido que pedir ayuda social al Ayuntamiento de Sevilla para que su familia pudiera llevarse algo a la boca y confiesa que ha pasado mucha hambre.

Su casus belli con la UGT comenzó a finales de 2013, cuando se querelló contra él acusándolo de filtrar a la Prensa las comprometedoras facturas falsas y supuestas pruebas de la existencia de una caja B que el sindicato siempre ha negado . El 15 de enero de 2014, el administrativo testificó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban el rastro del dinero público repartido a la organización.

Aparte de otros testimonios y de la documentación requisada, su declaración fue determinante para que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla imputara a los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla , por su «participación directa» en la presunta «financiación ilícita» del sindicato. Después de casi un lustro en el que ha quemado todos los cartuchos y recursos judiciales que le quedaban, Roberto Macías será enjuiciado desde hoy en el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla.

A este alertador de corrupción, como le gusta que le llamen, se le quiebra la voz cuando habla con el periodista. «Que me vayan a juzgar y me pidan pena de prisión es un atropello que va contra la norma y el espíritu de Europa; no lo dice Roberto Macías, es Europa quien está diciendo que no se persiga a los alertadores de corrupción, pero la UGT está empeñada en perseguirme y castigarme», se lamenta.

La UE aprobó el pasado 8 de octubre una directiva que da amparo a los denunciantes frente al despido , la degradación y otras formas de represalia cuando denuncian irregularidades. La norma llega un poco tarde para él, porque entra en vigor el 21 de diciembre.

« Hemos pedido que se suspenda la vista porque hay testigos que no aparecen , pero en el juzgado me han dicho que esto ya no se puede parar. Estoy desesperado, porque de celebrarse unos 20 días más tarde, mi abogado podía apelar a esta directiva y estaría salvado», relata Macías, que ha recibido el apoyo de una plataforma de activistas y denunciantes de corrupción y aún confía en que el juicio pueda suspenderse en el último minuto.

La rapidez del juicio contrasta con la lentitud del caso UGT-A. Pastrana, aquejado de un problema de salud, ni siquiera ha declarado en el juzgado. Lo último que trascendió de esta causa es un informe del perito judicial que constataba que el sindicato había imputado irregularmente a ayudas más de 41,1 millones de euros y la Junta ha tramitado expedientes de reintegro por 18 millones. Si nada lo remedia, Roberto va a sentarse hoy delante de una juez. Simplemente le queda esperar a que «ser valiente no salga tan caro», como reza el verso de una de las más conocidas canciones de Joaquín Sabina, y es que sacar a la luz supuestamente documentos de UGT-A lo puede pagar con una pena de cárcel.