Año y medio de cárcel para el exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por «saquear» 8,4 millones en ayudas

El tribunal lo considera cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación de fondos públicos.

Según la sentencia notificada este jueves a las partes personadas en el proceso, cuyo fallo ha sido adelantado a ABC, «por haber sido alcalde varios años de Cazalla de la Sierra y diputado provincial por el mismo partido político (PSOE) que gobernaba en la Junta -conocía a muchos de sus cargos públicos-», Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán sabía, según los jueces, que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, « venía otorgando o se proponía otorgar ayudas y subvenciones a fondo perdido a algunas empresas andaluzas». El condenado inició, pues, una serie de contactos con el consejero y el viceconsejero del ramo en esa época a fin de obtener tales ayudas con fondos públicos, relata la sentencia.

Dichos cargos, según la Audiencia, le indicaron la posibilidad de obtenerlas y le acabaron derivando al director general de Trabajo y Seguridad Social, «al que también conocía» el condenado «por ser oriundo de El Pedroso y alcalde de dicha localidad durante un tiempo», punto en el que afirma que el acusado «acabó obteniendo» de dicha Dirección General «las numerosas ayudas» que se describen en la sentencia «por elevados importes».

El tribunal considera « simplemente inaceptable » la retahíla de argumentos exculpatorios vertidos en el juicio por Ángel Rodríguez de la Borbolla , siendo licenciado en Derecho, exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial por Sevilla «durante bastantes años por un partido político de gran implantación». Los jueces no se creen que ignorara que para cualquier subvención debía presentar una solicitud, afirmar su convicción de que podía obtener ayudas de dinero público con una simple entrevista con un cargo público , pretender que no hubiera de aportar documentación real y seria sobre las empresas para su obtención ni definir un verdadero fin de interés público y social o que no hubiera de justificar el uso del dinero público.

La Audiencia indica que la defensa del condenado « tan sólo cuestiona que conociera o debiera conocer las condiciones legalmente exigibles para obtener una subvención o los documentos que habría de aportar». El tribunal no le cree. Al contrario, afirma que éste «desempeñó un papel harto relevante en relación con las ayudas o subvenciones, hasta el punto de que la comisión de los delitos hubiera sido imposible sin su concurso . Fue él quien «procuró el contacto con los responsables políticos con sus continuas demandas de dinero público propició y permitió que éste acabara en las cuentas de las sociedades que controlaba y dirigía, sólo él tenía capacidad para reclamar esas pretendidas ayudas y sólo él facilitó el nombre y datos bancarios de las empresas para su cobro».

El tribunal considera que el condenado era «consciente» de que dichas ayudas « no se habían anunciado ni publicitado en lugar alguno , lo que impedía a otras empresas concurrir, que se las otorgaban tras simples conversaciones y en cantidades a tanto alzado, sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas, sin aportar tampoco cuentas auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, certificación de deudas con Hacienda y Seguridad Social, el objeto o destino de las ayudas ni un auténtico proyecto que garantizara el adecuado uso de esos fondos para la supervivencia de las empresas y la salvaguarda de los puestos de trabajo ».

El exalcalde socialista del municipio sevillano ha conseguido una rebaja de la pena porque el tribunal ha apreciado como atenuante las dilaciones indebidas de esta causa separada del caso ERE . Las investigaciones comienzan en 2009, pero no es hasta 2016 cuando se abre el procedimiento penal por las ayudas directas concedidas a la empresas del corcho, advierte la sentencia de 86 páginas a la que ha accedido ABC. La fase de instrucción se dilató durante casi tres años.

Por ello condena a Ángel Rodríguez de la Borbolla a una pena de un año seis meses y un día de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años y un día.

La sentencia también obliga al exregidor socialista a indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros con intereses , según ha podido conocer ABC por fuentes del caso, además de hacer frente a las costas.

Con el sistema irregular de ayudas, el grupo de empresas «controlado y dirigido» por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8.408.096,42 euros, siendo el acusado «conocedor» de que las mismas « se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando» a las empresas y sociedades «participadas y dirigidas» por él mismo. Las ayudas recalaron en cinco de sus empresas: Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera) entre 2001 y 2007 con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado 'fondo de reptiles' .

El tribunal de la Sección Cuarta declara responsables civiles subsidiarios a las sociedades que acapararon las ayudas : Cortansa y Corchos de Cazalla S.L., en la cuantía de 3 millones de euros cada una de ellas; Enoworld S.L. por 1,2 millones de euros, mientras que Corchos Higuera S.L. y Servicios y Mantenimientos de Cazalla S.L., por 601.012 euros cada una de ellas. Se absuelve a Caixabank en la petición de la responsabilidad civil deducida en su contra.

Para el tribunal, el condenado fue un cooperador necesario de libro de los citados delitos. Era, «conocedor de que no se dictaba una resolución propiamente dicha que otorgara la subvención –salvo un documento o certificado al efecto de poder descontar la subvención– y que no habría de justificar posteriormente el destino del dinero público obtenido». Agregó que « no consta realmente ese destino real del total del dinero recibido, aunque al menos en su mayor parte se empleó en gastos corrientes de las empresas así como en pagos a acreedores en general –entre ellos algunos públicos– y singularmente a proveedores».

El tribunal ha acordado absolver a los otros cuatro acusados: Sotero Martín Barrero , actual alcalde de este municipio de la Sierra Norte, también del PSOE; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín ; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira , y el responsable de un banco, Gerardo de la Cruz Elías . En cuanto a este último, el tribunal considera que no cabe inferir «connivencia» para «saltarse groseramente el derecho de las subvenciones ni para saquear los caudales públicos».

Uno de los absueltos es el alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Manuel Martín, que prestó servicios como encargado de contabilidad o jefe financiero de las empresas del grupo, quien « ninguna intervención tuvo en la solicitud de las ayudas y subvenciones , y aunque hubiera participado en alguna reunión en que se trataran tales ayudas en su condición de director financiero, no tenía verdadera capacidad para decidir o incidir en los momentos, cuantías y fines de su asignación, haciéndolo siempre conforme a las instrucciones» del condenado.

Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción rebajó sus peticiones de cárcel, entre otras cuestiones por apreciar las dilaciones indebidas. Así, ahora, pidió cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación para Ángel Rodríguez de la Borbolla; y cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para el resto de acusados por un delito de prevaricación y otro de malversación.

A esta petición de prisión se adhirió el abogado Luis García Navarro, en representación de la acusación ejercida por el PP-A. En cambio, la abogada de la Junta de Andalucía confirmó sus calificaciones, en las que pedía cuatro años menos un día de cárcel para el exalcalde y empresario; tres años menos un día de prisión para el empresario portugués, el actual alcalde de Cazalla ; y dos años de cárcel para el empleado de banca.