La Junta concedió 8,4 millones a empresas de un alcalde del PSOE «a sabiendas» de que era al margen de la ley

Este jueves ha sido el turno para que las partes elevaran o modificaran sus conclusiones y se ha inicio el trámite de informes finales en la vista oral dirigida contra Rodríguez de la Borbolla, el actual alcalde de Cazalla de la Sierra, el también socialista Sotero Martín , el coadministrador de las empresas y exconcejal socialista de Cazalla Rogelio B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O., y un responsable de una entidad bancaria G.C.E.

La representante del Ministerio Público ha explicado, en su intervención, que ha rebajado sus peticiones de cárcel, entre otras cuestiones por apreciar las dilaciones indebidas. Así, ahora, pide cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación para Ángel Rodríguez de la Borbolla; y cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para el resto de procesados. Todos están acusados por un delito de prevaricación y otro de malversación. A esta petición de prisión se ha adherido el abogado Luis García Navarro, en representación de la acusación ejercida por el PP-A. En cambio, la abogada de la Junta de Andalucía ha confirmado sus calificaciones, en las que pedía cuatro años menos un día de cárcel para el exalcalde y empresario; tres años menos un día de prisión para el empresario portugués, el actual alcalde de Cazalla y el exconcejal; y dos años de cárcel para el empleado de banca.

La defensa de Rodríguez de la Borbolla , que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, considera que los hechos probados en el juicio no son constitutivos de delito y pide la libre absolución de su cliente. No obstante, ha reclamado que se aprecie el error de prohibición invencible , que se da cuando el sujeto no podría haber salvado su error de ningún modo y, por tanto, se queda exento de responsabilidad criminal, a lo que se ha opuesto la Fiscalía y las acusaciones de la Junta y el PP-A. Igualmente, de forma alternativa y subsidiaria, el letrado del exalcalde de Cazalla y hermano del que fuera presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, solicita cuatro años de inhabilitación y un años y dos meses de cárcel por la malvesación.

Para la Fiscalía, los cinco acusados eran «conocedores» de los hechos y fueron partícipes activos en los mismos . Ha vuelto a enumerar las irregularidades que rodean al sistema de concesión y a las ayudas previstas para afrontar crisis laborales y apoyar a empresas en situaciones delicadas. Volvió a señalar «la arbitrariedad» en la concesión de los 8,4 millones que dio la Consejería de Empleo, con José Antonio Viera y Antonio Fernández como consejero y viceconsejero, respectivamente, y Francisco Javier Guerrero , como director general de Trabajo; o la elusión de los controles que establece la ley.

Los acusados, para la fiscal, «no pueden decir que desconocieran el proceder de la Dirección General de Trabajo». Durante el juicio ha quedado «suficientemente acreditado» la participación de Rodríguez de la Borbolla y sus socios empresariales en los hechos. «No consta solicitud de las ayudas, un elemento imprescindible; ni documentación que acredite que cumplían los requisitos, ni memoria justificativa de la finalidad pública de las subvenciones. No se fiscalizaron». « Sabían que para recibir una ayuda pública, al menos, tenían que pedirla« , y ni eso hicieron.

Por parte de los acusados hubo «una pasividad absoluta» ante el incumplimiento de la ley, «a sabiendas» de que el dinero que les estaba llegando salía de las arcas públicas «al margen de la ley» .

Sobre el destino dado a las millonarias ayudas, la Fiscalía ha afirmado que «poco tenía que ver» con un fin público o de interés social, pues saldaron deudas o «desapareció», cerrando «un círculo irregular».

En este sentido, la abogada de la Junta ha expuesto que se está ante hechos que constituyen un delito de malversación cualificada porque es « mucho, mucho dinero público y no se puede mirar con ojos de 2022, sino de 2001 a 2007, cuando había una crisis económica. Con esta aportación generosa de fondos públicos el resultado podía haber sido otro. Hoy, aún, no se sabe cuál fue el destino«.

Ahondando en esta cuestión, el abogado del PP-A ha considerado esencial en este caso la falta de finalidad pública o interés social del destino dado a estos millones de las arcas públicas e inicialmente pensado para ayudas sociolaborales o empresas en crisis. La fusión empresarial, como dijo la Interevnción General del Estado, nunca puede ser un fin público. Recordó lo admitido por el principal acusado, que no podían acreditar el destino de los más de ocho millones, aunque este abogado ha respondido que fue «pagar deudas», lo que tampoco puede ser un fin subvencionado.

De otro lado, la abogada de la Junta, que ha insistido en que en esta pieza no se juzga el procedimiento de concesión usado , algo que ya se vio en la pieza política, que terminó en condena generalizada para la cúpula socialista de una década de gestión al frente del Gobierno andaluz; sino a los acusados de recibir ayudas públicas sin un fin público.

En este sentido, ha asegurado que Viera, Fernández y Guerrero, que fueron sacados de esta causa por el principio de 'non bis in ídem' (no podían ser enjuiciados otra vez por los mismo hechos), «se concertaron» con Ángel Rodríguez de la Borbolla , cuando era alcalde de Cazalla de la Sierra y empresario, para otorgar a sus sociedades dedicadas al corcho 8,4 millones de euros, con una «actuación decisiva» del resto de acusados. El juicio, finalmente, se quedará visto para sentencia el próximo lunes, una vez que las defensas expongan sus informes finales.