Borbolla habló con Viera, Fernández y Guerrero y «jamás» le dijeron que el sistema de los ERE fuera ilegal

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Rodríguez de la Borbolla por prevaricación y malversación. Junto a él se sientan el coadministrador de las empresas y exconcejal socialista de Cazalla Rogelio B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; y Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas. Estos tres se enfrentan a seis años de cárcel. El quinto procesado es un responsable de una entidad bancaria identificado, G.C.E., al que la Fiscalía pide cuatro años.

Con los cánticos y voces de los aficionados alemanes del Eintrach concentrados en la zona habilitada para ellos en el Prado de San Sebastián colándose por las ventanas de la Audiencia de Sevilla, la sesión de este miércoles ha sido la de las declaraciones de los cinco investigados. El primero ha sido Rodríguez de la Borbolla, quien, a través de cinco de sus empresas (Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera), recibió 8,4 millones de la Junta entre 2001 y 2007.

Ha admitido que en todas las empresas él era el encargado de hacer las gestiones para recibir las ayudas, desvinculando de esta manera al resto de acusados, que después, en el caso de Sotero Martín y Rogelio B.M., han confirmado que ellos no tuvieron nada que ver con la gestión de las mismas, aunque conocían que las recibieron. En el caso de Corchos de Cazalla, a preguntas de la fiscal anticorrupción, el exalcalde del PSOE ha explicado que en 2001 fue citado por el entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández , porque tenía interés por salvar la empresa, que estaba en crisis.

También estaba Guerrero en aquella reunión, quien le dijo que había « una línea de ayudas que era idónea para empresas en crisis , pertenecientes a comarcas deprimidas y a un sector prioritario», por lo que Corchos de Cazalla cumplía los requisitos, porque, según el acusado, la comarca era «la más deprimida de Sevilla» y su empresa era única en Andalucía, la única que se dedicaba «a la transformación y comercialización» del corcho, no sólo a extraer la materia prima.

« Pregunté los requisitos y me dijeron que eran los contemplados en el Pacto de Concertación (firmado entre la Junta y los agentes sociales)», según Rodríguez de la Borbolla, cuya defensa viene sosteniendo la relevancia de las empresas de su cliente en Andalucía porque era un sector prioritario como recogido en el Plan de Industrialización del Corcho de los años ochenta . Además de los tres requisitos antes citados estaban el de dar empleo a un número importante de trabajadores (187 según el empresario y exalcalde).

Él «rellenó» la solicitud y presentó un plan de viabilidad que él mismo elaboró. Así con todas las empresas. Sin embargo, a preguntas de la fiscal sobre el hecho de que el único plan de viabilidad que aparece en los expedientes administrativos de las ayudas a este entramado empresarial esté sin fechar ni firmar, el acusado ha manifestado que «es un desastre (el expediente)" . "No lo entiendo como está sin fechar ni firmar, los planes están mezclado, parciales, no vienen fecha. Sé que es difícil saber a que comprenden«. Ante la insistencia del tribunal, Rodríguez de la Borbolla que no tiene copias de esos presuntos planes de viabilidad que dice haber entregado. "Los tendrá las empresas, pero no los he buscado«.

Un día antes el tribuna pudo escuchar decir a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado decir que las subvenciones dadas por la Consejería de Empleo en este caso de los ERE no era "incondicionadas", puesto que tenían que tener un objeto definido. En el caso de las empresas del corcho de Rodríguez de la Borbolla eran la fusión de dos de ellas, algo que hoy ha negado el acusado, aunque ha admitido que estas dos sociedades, Cortansa y Corchos Cazalla actuaban como una sola unidad, como venía recogida "en el plan de viabilidad y al día siguiente de tener las ayudas aprobadas estaba cumplido esa condición".

Sobre el destino del dinero, más de 8,4 millones, ha admitido que parte de esos fondos públicos para ayudas sociolaborales y empresas en crisis fueron desviados a saldar deudas con Hacienda, la Seguridad Social o proveedores, también para pagar al personal No ha especificado qué porcentaje o cantidad, pero en todas las ayudas se dio.

La fiscal le ha preguntado si justificó la subvención y si sabía que asumía obligaciones con la administración al recibir las ayudas. Ha contestado que "al cien por cien" conocía sus obligaciones, pero ha aclarado que "la Junta nunca me pidió la justificación" de las subvenciones . "No presentamos la justificación, era una función de ellos (la Administración autonómica)", ha insistido.

Rodríguez de la Borbolla, ante la insistencia de la Fiscalía por el procedimiento de concesión de las ayudas de los ERE y por si había recibido dinero de otras administraciones , ha manifestado que eran "subvenciones especiales" con un "procedimiento absolutamente especial" para empresas en crisis. Ya lo dijo el exconsejero de Empleo José Antonio Viera en este mismo juicio, eran ayudas "a demanda".

En este punto es cuando el acusado ha asegurado que habló con el consejero de Empleo (José Antonio Viera), el viceconsejero (Antonio Fernández), el director general de Trabajo (Francisco Javier Guerrero), el director del IFA, el viceconsejero de Innovación, que "fue alcalde de Estepa" (Jesús María Rodríguez Román)... y nadie me hizo la más mínima indicación de que pudiera ser (el procedimiento) ilegal o incumpliera la legalidad. Jamás nadie me dijo que incumpliera el procedimiento".

A preguntas de su letrado, Adolfo Cuéllar, pues no ha querido responder a las acusaciones de la Junta y del PP-A, ha ahondado en la legalidad de las ayudas, el sistema o su proceder. "Nunca dudé de su legalidad. No se me puede ocurrir (la ilegalidad) lo que me plantea un señor consejero ", sin especificar a quien se refería.

Rodríguez de la Borbolla ha negado que tuviera relación de amistad con Guerrero , a pesar de que varios testigos señalaran en la vista oral "la estrecha relación" entre ambos, hasta el punto de que el acusado celebrara la boda civil del que fuera el principal protagonista del caso de los ERE, ya fallecido.

Según Rodríguez de la Borbolla, lo conoció cuando Guerrero fue director de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Constantina y después alcalde de El Pedroso , pero cuando entró como director general de Trabajo "no tuve relación con él", ha confesado, sólo por las ayudas. Con Viera: "me llevaba más bien mal", y a Antonio Fernández no lo conocía hasta que tuvo un encuentro informal donde le preguntó por las empresas del corcho.

Sobre su situación económica y la del resto de socios que aportaron capital en estas empresas, el acusado ha asegurado que estas sociedades y su devenir les ha supuesto "a más de uno la ruina". "Y a mí totalmente. Me queda la pensión". Ha negado que recibieron dividendos o dinero de las empresas por ser accionistas.