El Estado dio ayudas a empresas del hermano del expresidente Borbolla tras ser denunciado por los ERE

El hermano del expresidente de la Junta de Andalucía está siendo juzgado en la Audiencia de Sevilla por los 8.408.096 euros que cinco de sus empresas (Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera) se embolsaron entre 2001 y 2007 con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado 'fondo de reptiles'. La antigua Consejería de Empleo financió con fondos públicos su «entramado» societario «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según expuso el juez José Ignacio Vilaplana en el auto que determinó su procesamiento.

El Gobierno central, a través de la Secretaría General de Industria, le concedió 1.188.510 euros mediante una convocatoria de ayudas realizada el 16 de noviembre de 2010 para el ejercicio de 2011, poco antes de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) perdiera las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. En la resolución de ayudas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2012, ya con Mariano Rajoy en la Presidencia, aparece como beneficiaria de la citada ayuda la sociedad Corchera de Jimena S.L., en la que Rodríguez de la Borbolla figura como administrador solidario desde el 16 de marzo de 2011 . La empresa, con domicilio social en el kilómetro 73 de la carretera de Sevilla a Cazalla, se dedica a «la instalación y posterior funcionamiento de una industria de recepción, reposo, clasificación, tratamiento y transformación de corcho» en el Parque de los Alcornocales, en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera.

En la misma convocatoria de 2011, el Ministerio de Industria otorga otra subvención de 300.000 euros a Corchera del Moncayo S.L., en la que Ángel Rodríguez de la Borbolla Camoyán aparece inscrito como apoderado desde el 2 de mayo de 2013, según el Registro Mercantil. Esta fábrica de tapones de corcho, radicada en la localidad soriana de Olvega, recibió una segunda ayuda de 150.000 euros con cargo al mismo programa estatal.

A finales de octubre de 2011, cuando las revelaciones del caso ERE ocupaban portadas en la prensa y abrían los telediarios, el Gobierno de José Antonio Griñán solicitó a la juez que abrió esta causa de corrupción, Mercedes Alaya, la imputación de siete personas vinculadas a una «trama» de 18 empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Entre los denunciados estaba el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, además de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, beneficiados con otros 34,26 millones de euros del fondo de los ERE. «Es evidente que la concesión de ayudas por el señor Guerrero [exdirector general de Trabajo de la Junta] a las empresas se realizó omitiendo deliberadamente trámites tan esenciales a fin de eludir la determinación del objeto de la subvención», precisaba en su escrito el letrado de la Administración autonómica, que está personada como acusación particular en la causa.

Un proveedor de las empresas del corcho y excandidato del PP a la Alcaldía de El Pedroso testificó en el juicio que como alcalde de Cazalla de la Sierra Rodríguez de la Borbolla ofició la boda civil de Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) en una ceremonia celebrada en una finca «propiedad» del primero y llamada La Vega .

Hoy está previsto que declare en el juicio Rodríguez de la Borbolla, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por las ayudas irregulares que recibieron empresas en las que él era socio mayoritario, administrador único o apoderado. Comparte el banquillo con otras cuatro personas, acusadas también por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el tercer juicio de la macrocausa de los ERE que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Se trata del actual alcalde socialista de Cazalla, Sotero Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias empresas; el coadministrador Rogelio B.M.; un empresario portugués identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario, Gerardo C.E.

Las ayudas concedidas al entramado del corcho forman una pieza separada de la macrocausa troncal de los ERE, que está dividida actualmente en 139 piezas, de las que 42 están pendientes de juicio. El magistrado que se hizo cargo de estas diligencias señala que los cuatro empresarios acusados «participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de aquellas prestaciones».

El magistrado apartó de esta pieza a Guerrero y a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández porque ya se sentaron en el banquillo en la primera pieza de la macrocausa que se ha juzgado. En dicho proceso fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. por implantar y mantener durante diez años (2000-2009) un sistema opaco para repartir de forma discrecional ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.