El presidente del tribunal niega su papel en el amaño del concurso en Arcos de la Frontera y reduce todo a una «venganza» personal

En el recurso registrado en el Juzgado por su abogada, al que ha accedido ABC, el presidente del tribunal examinador asegura que «es falso que impusiera al resto de miembros el examen que debía regir la prueba teórica».

Ricardo F. N. señala que no hay «indicios racionales» para imputarle ningún delito y que la denunciante, Manuela F. N., que es la opositora contratada en un puesto diseñado a su medida, ha actuado «por venganza» y «enemistad» hacia la actual concejal del PSOE y ex teniente de alcalde de Personal en Arcos de la Frontera, María José González Peña; el que fuera su asesor y actual jefe de la Policía Local en este municipio de la serranía de Cádiz, Luciano Muñoz Castaño. Los cuatro se encuentran a un paso del baquillo de los acusados tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez el pasado 2 de septiembre.

El instructor de la causa destacó que la adjudicataria del empleo como Oficial de Inspección del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera «ha reconocido los hechos colaborando desde el inicio» con el juzgado para esclarecer los hechos.

El presidente del tribunal examinador, que trabaja en La Línea de la Concepción (Cádiz) asegura en su recurso que su imputación se basa en «conjeturas», sin que «exista prueba objetiva que acredite que conociera o participara de manera dolosa» en el supuesto amaño. Según el auto del juez, Ricardo F. V. «recibiría de Luciano Muñoz» las preguntas que debía caer en el examen y que habían sido elaboradas por la propia opositora. Todo ello «con el fin de asegurar que Manuela F. N. obtuviese la plaza a la que aspiraba».

El investigado asegura que la opositora «tenía que cerrar el círculo» de su denuncia y para ello era necesario que relacionara el supuesto «amaño» con un miembro del tribunal. De ahí, asegura, que «llegara incluso a inventar (implicando a su propio marido) la existencia de una supuesta reunión días después del examen que, como se ha demostrado es mentira».

En su descargo, el investigado alude a unas declaraciones como testigo de la secretaria del tribunal, que dijo que era «ella quien recepcionaba las preguntas que los diferentes integrantes del mismo le facilitaban», que servía de base para redactar el examen. Lo considera un dato «revelador» que pasa desapercibido en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

En el recurso, Ricardo F. N. también menciona el testimonio de la interventora del Ayuntamiento arcense, quien relató ante el juez que los miembros del tribunal «se reparten los temas y sobre los mismos, cada uno pone preguntas», lo que significa que «ninguno» tendría postestad para imponer sus preguntas al resto.