Procesada una concejal del PSOE por hacer funcionaria a una mujer a cambio del voto de toda su familia en las elecciones en Arcos de la Frontera

Mediante un auto dictado el pasado 2 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2, da por finalizada la investigación y acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. El instructor de las pesquisas, Eduardo Vaquero Llevot, aprecia supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos en la actuación de cuatro personas, sin perjuicio de cualquier otra tipificación penal que pueda resultar durante el proceso.

En esta causa están procesados la actual concejal del PSOE y número dos del partido en Arcos de la Frontera; el que fuera su asesor y jefe de la Policía Local en este municipio de la serranía de Cádiz, Luciano Muñoz Castaño; el presidente del tribunal del concurso, Ricardo F. V., y la propia adjudicataria del puesto, quien decidió tirar de la manta desde el inicio de la instrucción y reconocer hechos.

El juez otorga un papel decisivo en la supuesta trama a la edil María José González Peña, que formaba parte del equipo de gobierno municipal como delegada de Personal y Hacienda hasta las pasadas elecciones municipales de 2023. «Prevaleciéndose de la posición que ostentaba» en el Ayuntamiento, junto a Luciano Muñoz, asesor de la Delegación de Personal y jefe de la Policía Local de Arcos de la Frontera, «urdieron un plan con el ánimo de beneficiar a Manuela F. N. para que la misma accediese a una plaza de funcionaria interina en dicha Corporación local», relata el instructor. Para conseguir su objetivo «diseñaron un procedimiento teledirigido en el concurso-oposición a la plaza interina de oficial de Inspección de la Oferta de Empleo Público de 2018», que se desarrolló tan sólo unos días antes de las elecciones municipales de 2019.

«Como condición», el asesor de la actual número dos del PSOE en la localidad gaditana «le solicitó» a la beneficiaria del empleo público que «por parte de ella, su madre, su marido, hermanas y demás familia y allegados, en las próximas elecciones municipales que estaban a punto de celebrarse [...], votasen a favor del partido político de la delegada de Personal, María José González Peña», especifica el juez. El PSOE reeditó su mandato tras los comicios hasta el año 2023.

Para asegurarse de que fuera ella y ninguna otra la candidata adjudicataria del puesto, como así sucedió, el cuestionario tipo test fue elaborado por la propia aspirante y remitido al tribunal seleccionador, y también se le comunicó previamente el contenido del caso práctico incluido en la convocatoria del examen. Toda esta información «la colocó en posición de absoluta e indeseable ventaja y privilegio en relación al resto de aspirantes», advierte el juez.

El plan se cocinó en una reunión que los principales protagonistas de la trama mantuvieron a mediados de junio de 2018 en el restaurante El Lago de esta localidad gaditana de 31.000 habitantes que forma parte de la ruta de pueblos blancos de Andalucía. González Peña, «previo acuerdo con Luciano Muñoz, le ofreció a Manuela F. N., la posibilidad de acceder de nuevo» a una plaza en el Consistorio aunque fuese en régimen de interinidad, «sin perjuicio de que más adelante ya promocionaría y consolidaría su plaza», detalla el auto.

La beneficiaria del contrato había sido cesada «por imperativo legal» dos meses antes por el fuera alcalde de dicha localidad, el socialista Isidoro Gambín, porque la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía del año 2001 prohibía la existencia de agentes interinos, el puesto que ésta había ocupado durante más de veinte años.

La edil socialista y su asesor decidieron que «buscarían» una de las plazas más adecuadas a su perfil y categoría, «en la que no tuviese competencia, asegurándose así que no tendría problema alguno con la fase de concurso», ya que con la antigüedad que poseía iba a obtener la máxima puntuación. En la fase de oposición, es decir, en los exámenes, convinieron en que «le echarían un cable e incluso le dirían con anterioridad cuándo saldrían las plazas para que pudiera ir preparándose».

«Transgrediendo conscientemente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rige la función pública», la entonces teniente de alcalde de Personal, incluyó entre las plazas ofertadas el puesto ofrecido a Manuela F. N., quien aprobó el examen tipo test «por ella misma confeccionado» y fue informada con antelación del caso práctico, señala el juez.

El plan se cumplió a rajatabla y el 1 de julio de 2019 tomó posesión de la plaza. Quince días antes, el alcalde socialista había sido elegido para un nuevo mandato tras obtener una mayoría absoluta a la que podría haber contribuido la contratada y su extensa familia.

El intercambio de favores no habría trascendido de no ser por que la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera abrió unas diligencias de investigación que desembocaron en una causa judicial.

El juez ha encontrado todo tipo de obstáculos en la instrucción. «En varias ocasiones» ha requerido al Ayuntamiento de Arcos el expediente íntegro del procedimiento de selección de la funcionaria interina de Inspección, pero entre la documentación remitida «no constan» ni los exámenes ni su corrección. Ha dado un plazo diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que presenten sus escritos y soliciten la apertura de un juicio oral. Contra su auto cabe presentar un recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.