Caso Rocket: La exalcaldesa de Peñarroya y la Guardia Civil discrepan de la justificación del total de las obras del Miner

La excaldesa socialista ha comparecido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba y ha contestado a todas las preguntas realizadas por todas las partes del proceso tanto del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y también del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo.

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El conocido como caso Rocket ha comenzado a enjuciarse este mismo lunes en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, después de más de diez años desde que comenzaron las investigaciones por el posible fraude en las subvenciones para la construcción de un ferrocarril que, posteriormente, derivó en otras posibles irregularidades.

En total, se enfrenta a 32 años de prisión y 55 de inhabilitación. La Fiscalía acusa a María Luisa Ruiz de varios delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias.

Luisa Ruiz ha sido contundente en su defensa en su declaración en la primera sesión del juicio oral. «Le puedo garantizar que de los fondos Miner no se creó ninguna factura ficticia para cobrar el total de la subvención», ha señalado tajante en un momento del interrogatorio al fiscal del caso. La que fuera presidenta del Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag) se ha sometido a un interrogatorio de algo más de hora y media de duración.

Es más, Ruiz ha llegado a declarar en el inicio del juicio que «el coste de los trabajos realizados no es que fuera inferior al de la subvención, sino que siempre era superior». De hecho, ha insistido en que ese exceso de precio «por cuestiones» que surgían durante las obras «era asumido por el Ayuntamiento».

La excaldesa de Peñarroya ha justificado que las actuaciones en el polígono Antolín III y en Vega Currillo formaban parte «del convenio que se firmó con el Ministerio para el polígono Antolín en 2007, que todo es uno, lo que pasa es que se dividió en fases». Sin embargo, la tesis del fiscal y la abogada del Estado es que estaban fuera del mismo y no tendría soporte para ser ejecutadas con las subvenciones recibidas.

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Ruiz ha tratado en todo momento de hacer ver a los tres magistrados del tribunal en sus contestaciones que cualquier factura o cantidad de las mismas siempre fue establecida por los arquitectos que facturaron los trabajos supuestamente realizados o bien por los técnicos del Pivag, la empresa pública que gestionaba el dinero de las subvenciones, o por asesoramiento de los técnicos del Ayuntamiento.

Entre los testigos, una de las declaraciones fundamentales ha sido la del Guardia Civil que lideró la entrada y registro en el Ayuntamiento y las empresa pública, así como la investigación policial posterior. El mismo ha señalado, con gran contundencia, que «no hay documentación que justifique los trabajos por el total de la subvención recibida», por lo que «infiero que no existen esos trabajos».

Además, este responsable de la Benemérita ha añadido que en la documentación «encontramos irregularidades» en la contratación de los arquitectos. En este sentido, ha apuntado que «con María Teresa Redondo (Antolín 3) no existía contratación» siquiera, mientras que «ella misma dijo que no existió licitación y que se hizo por adjudicación directa por su relación de confianza» con la entonces alcaldesa.

Del segundo contrato, «con García Vigueras había un expediente de contratación. Una licitación urgente y una especie de contrato con un acuerdo. Consistía en que (el Ayuntamiento) solicitaba el Miner para la Vega Currillo y le encargaban (al estudio de arquitectura) el estudio previo. Si nos dan las subvención, te contrato. Si no, estás perdiendo lo hecho. Ese contrato no debió existir y el contenido, en cualquier caso, es falso, ya que la subvención ya estaba concedida cuando se firmó este acuerdo el 3 de diciembre de 2009. Había un procedimiento aquí, aunque con las salvedades de que no se sostiene con ningún precepto legal».

El testigo de Guardia Civil ha detallado que «no entiendo por qué se hizo así cuando hay un procedimiento reglado» para realizar cualquier contratación, «salvo que fuera por intereses particulares de la presidenta del Pivag (la excaldesa socialista) para adjudicarlos de forma directa». De hecho, ha insistido en varias ocasiones que «no encontramos la documentación» por los supuestos trabajos hechos que justicarían «el resto» entre «el total de la subvención y lo pagado».

Inicialmente, el nuevo abogado del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo ha consumado la retirada del consistorio minero como acusación particular en este proceso judicial. Finalmente, la representación jurídica del Ayuntamiento se limita a la defensa jurídica de la posible responsabilidad civil subsidiaria del consistorio.

Además, la defensa de la exalcaldesa de Peñarroya Pueblonuevo ha presentado también como cuestión previa la prescripción de las actuaciones por haber transcurrido «Diez, once o doce años» desde el inicio de la causa. Una posición que también ha avalado la defensa del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo. Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado se han opuesto a la misma.

En la misma línea, se han pronunciado las partes sobre la cuestión previa de no respetar el principio acusatorio de la investigada. Sin embargo, el tribunal no se ha pronunciado sobre estas dos cuestiones previas y lo hará cuando se practiquen las pruebas pertinentes.

Igualmente, la defensa de la exedil y del Ayuntamiento han presentado como cuestión previa la nulidad de las actuaciones por indefensión. Sin embargo, el tribunal ha descartado que exista tal indefensión, ya que «debe ser material y no sólo formal», por lo que «no hay nulidad» y el juicio «no se suspende». Tras ello, se produjo la declaración de Ruiz, el agente de la Guardia Civil, la ex alcaldesa del PP y una técnica de la empresa pública. El juicio continuará este martes con las siguientes declaraciones previstas.