El caso 'Rocket' empieza a juzgarse en Córdoba a los diez años de la investigación

La Fiscalía acusa a María Luisa Ruiz de varios delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Así, el Ministerio Fiscal la cree «responsable de las irregularidades cometidas durante la gestión, tramitación y destino de una serie de subvenciones millonarias».

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Pilar García-Baquero

Una vez concluida la fase de Instrucción ahora el sumario se dividirá en dos juicios uno con temas urbanísticos y otro con los trenes antiguos

Son las que los Fondos Miner destinaban a políticas que mejorasen el empleo y la economía en la antigua comarca minera, y que tendrían que haberse invertido hasta 2011. Según la investigación, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo presentó una serie de proyectos que no llegaron a materializarse.

Entre ellos estaban el tren turístico que debía recorrer la zona y el Museo del Ferrocarril, sobre el que recorrió la antigua cuenca minera. Hay, según el sumario, facturas infladas y contratos que se hicieron sin las condiciones de un concurso público, con lo que se concedieron de una forma que la investigación considera casi a dedo.

Así, se benefició especialmente un grupo de empresarios en una gestión que se consideró plagada de irregularidades y sobre todo en que los proyectos que habían anunciado, y para los que se había comprometido el dinero público que tenía que haber servido para dar nuevas oportunidades a la comarca, nunca llegaron.

Así, el sumario ha presentado cinco tramas, como la del Tren Turístico del Guadiato y la de la redacción de proyectos de ingeniería y asistencias técnicas. La Fiscalía también ha encontrado irregularidades en la compra del vagón restaurante, en torno al Museo del Ferrocarril y en la dotación de servicios urbanísticos al polígono Vega del Cubillo, aunque en este caso no está personada la acusación particular.

Junto a la exalcaldesa socialista se sentarán en el banquillo cuatro empresarios. Así, tanto el Ministerio Público como el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo, que ejerce la acusación particular, acusan al empresario C.G. como cómplice de prevaricación, falsedad y estafa.

Como especialista en ferrocarriles antiguos, sería el presunto cabecilla de la trama. También están acusados otros tres empresarios, con las elecciones R.O., L.B. y J.F.P., socios del primero.

El juicio cuando han pasado diez años de los momentos más tensos, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento de Peñarroya y detuvo a la alcaldesa. El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad comenzó con la instrucción, pero su volumen sobrepasó enseguida su propia capacidad. Tampoco hubo demasiados medios por parte de la Junta de Andalucía, entonces en manos socialistas, y eso hizo crecer la demora.

A finales de 2022 la Audiencia Provincial optó por agilizar la tramitación separando el juicio en dos piezas, de forma que la que ahora comienza a verse, con la alcaldesa como acusada, es la primera, mientras que en la segunda se juzgarán las que tienen que ver con cuestiones urbanísticas.