Caso Rocket: Arquitectos y empresarios declaran que contactaban con la alcaldesa de Peñarroya para los contratos y ayudas del Miner

Diferentes cargos técnicos del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, los arquitectos que realizaron los trabajos de cambio de planeamiento del Antolín III y Vega Currillo y varios empresarios, hasta ocho testigos solicitados por el Ministerio Fiscal, han prestado declaración este martes ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba en la segunda jornada del juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de los Fondos Miner y fraude en el destino de las subvenciones concedidas.

La declaración del arquitecto García de Viguera ha sido una de las más reveladoras de la vista oral. En este caso, el arquitecto se encargó de los trabajos de cambio de planeamiento del polígono Vega Currillo. Viguera, que fue contratado para esos trabajos y facturó 355.000 euros por ellos, ha señalado en la sala del jurado de la Ciudad de la Justicia de Córdoba que para la contratación de sus servicios y demás cuestiones relacionadas con sus funciones «la persona con la que hablaba era con la alcaldesa (la acusada María Luisa Ruiz)» y «con los técnicos». Incluso que la memoria para justificar los trabajos se la solicitaron «desde el Ayuntamiento».

Noticia Relacionada

El caso 'Rocket' empieza a juzgarse en Córdoba a los diez años de la investigación

Luis Miranda

La exalcaldesa de Peñarroya se enfrenta a 23 años por fraude en las subvenciones y malversación

A preguntas del Ministerio Fiscal, Viguera también constató que las facturas que realizó como consecuencia de sus trabajos las emitió a Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag, empresa pública del consistorio peñarriblense) y no al Ayuntamiento minero, porque «sí, sí», afirmó, así se lo pidió alcaldesa.

Además, Viguera ha puesto de manifiesto que «para el otro contrato lo metí en el juzgado porque no me pagaban». De hecho, ha reflexionado que «a causa de este procedimiento supe que el dinero que yo tenía que haber cobrado lo había percibido Pivag», aunque «afortunadamente gané el pleito y cobré» posteriormente.

En la parte final de la sesión, que ha tenido una duración superior a las tres horas y media, los empresarios socios de la empresa Alfasur, que trabajó en la obra de urbanización del polígono Vega Currillo, han desvelado cómo la alcaldesa fue quien les solicitó que realizaran unos documentos ad hoc para que éste pudiera solicitar posteriormente las subvenciones de los fondos Miner.

Rafael Ruiz, uno de los empresarios de esta sociedad, ha señalado inicialmente que «nos contrata el Ayuntamiento», aunque, posteriormente, ha apuntado que fue «Urpaca, que era la contratista». En cualquier caso, no ha tenido dudas en afirmar que desde el Consistorio de Peñarroya se les solicitó y que «nosotros redactamos un documento para pedir una subvención» de los Fondos Miner. En este caso, la factura es de 1,8 millones de euros. En este punto, ha añadido que ellos hacían para el Ayuntamiento «un documento muy básico que sirvió para solicitar la subvención».

En la misma línea de su socio, el empresario Rafael Horcajada, propietario de Alfasur, también ha reconocido con vehemencia que «nos pidió la alcaldesa que le hiciéramos un presupuesto para pedir los fondos» Miner, mientras que también ha apuntado que «nos contrató el Ayuntamiento» de Peñarroya Pueblonuevo.

Muy jugosa ha sido la declaración de la otra arquitecta, María Teresa Redondo, responsable del estudio de detalle y el proyecto de cambio de planeamiento del polígono Antolín III. En su caso, la testigo ha cambiado varios puntos esenciales de su declaración en la investigación policial ante la Guardia Civil y la que ha realizado este martes en sede judicial.

La arquitecta ha señalado que «me contrató el Ayuntamiento de Peñarroya», pero a través «de la dirección técnica; el trabajo no me le ofreció la alcaldesa», como al parecer declaró ante la Benemérita. Ha reiterado que «la alcaldesa no me lo ofreció nunca directamente».

De hecho, para justificar el cambio del sentido de su declaración ha explicado este martes ante el tribunal que «en aquellos momentos estaba muy presionada porque fueron muchísimas horas» de interrogatorio de la Guardia Civil. «Lo que dije o creo que dije es que los encargos venían de la oficina técnica y luego tenía contacto con la señora alcaldesa como cualquier cliente». Eso sí, ha reconocido que «no sé qué (expediente o tramitación legal) hubo para mi contrato; sólo tengo un encargo del ayuntamiento».

Además, Redondo ha explicado que la memoria justificativa final de los trabajos «no lo he redactado yo, pero la firmé yo. Me llegó de la oficina técnica del Ayuntamiento. Entiendo que lo leí. Los honorarios los calcule por los baremos del colegio de arquitectos. Nadie del ayuntamiento me dijo lo que había que poner».

Además, también han prestado declaración la interventora del Ayuntamiento en ese momento, el secretario accidental del mismo, el responsable del Instituto de la Minería que otorgaba las subvenciones y un técnico municipal (ingeniero) del consistorio. Este miércoles seguirá la vista oral del juicio con los testigos del Ayuntamiento y de la defensa de la exalcaldesa.