El Pleno de Córdoba autoriza inicialmente la cuarta bajada fiscal del mandato

Para que salieran las cuentas de representatividad por el reciente deceso de la madre del alcalde, José María Bellido, fue precisa la ausencia de un edil de la oposición. Un pacto de caballeros y damas para no tomar ventaja política de una triste situación familiar. No obstante, el desarrollo final del expediente, los números definitivos, solo se conocerán cuando PP y Vox cierren sus negociaciones en las alegaciones pactadas que se van a presentar en el trámite de la aprobación definitiva.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, aseguró que el desarrollo de la cuarta bajada de impuestos ha de ser necesariamente responsable por la advertencia internacional de una recesión a primeros del año 2023. «Trabajamos para una ciudad más competitiva y justa, para que nuestros vecinos no sean tratados de manera diferente al entorno», dijo.

Eso, explicó, es lo que motiva la bajada del IBI de rústica (14 puntos en todo el mandato), Vehículos (diez puntos), ICIO o Plusvalías (en torno a un 8,27). Fuentes enumeró todas las tasas que han sufrido reducciones a la baja a lo largo del mandato y que van desde los veladores hasta los mercadillos. Para 2023 bajan un 1% el IBI de rústica, Vehículos y Plusvalías. Construcciones baja un 2% y el IBI urbana se deflacta para que el recibo final, suban lo que suban los valores catastrales, no se eleve. Todas las bonificaciones que ya se aplicaban se quedan.

Vox, socio principal del gobierno en materia tributaria, no ha dado su visto bueno (sí garantiza la abstención) a las ordenanzas fiscales aunque reconoce que se está trabajando en la elaboración de un acuerdo con el PP de cara a la aprobación definitiva. La portavoz municipal, Paula Badanelli, explicó que hay margen de maniobra en la recaudación pública para que se lleven a cabo apuestas como un tratamiento más favorable para feriantes a cambio de mejoras en los precios. Badanelli acusó al gobierno municipal de ensanchar el gasto público. «No hay mes que no entren un alto directivo cobrando 80.000 euros al año», dijo.

Toda la izquierda votó en contra de las propuestas del gobierno municipal al entender, dijeron sus portavoces, que la bajada fiscal propuesta no tiene casi impacto en las economías familiares 'normales', es más beneficiosa comparativamente para las rentas altas y supone un problema para los servicios públicos vía reducción de la recaudación. El PSOE presentó su batería de enmiendas mientras que IU y Podemos pactaron las 19 suyas.

El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, explicó que su partiendo entiende que la bajada fiscal propuesta no es beneficiosa y que tiene que sustituirse por reducciones muy concretas de impuestos que busquen premiar o apoyar a situaciones en las que la reducción tributaria opera en el camino correcto. Los socialistas han propuesto reducirle los impuestos a las empresas que abran centros de trabajo ligados a la Base Logística, a las comunidades energéticas y a las viviendas propiedad de la agencia AVRA, que es la que tiene las VPO públicas de la Junta. "La bajada fiscal por la bajada fiscal no redistribuye riqueza, no cumple la Constitución", dijo. A cambio, explicó, la ciudad está cada vez más sucia, abandonada y dejada.

La responsable de asuntos económicos de IU, Alba Doblas, acusó al gobierno municipal de hacer dejación de funciones de su gestión. Doblas recordó que el expediente fiscal siempre llega de mala manera y el de este año no es una excepción porque llega sin informe preceptivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad. Doblas dijo que la bajada de impuestos la notan quienes lo no necesitan y que es falso que no afecte a los servicios públicos. Doblas pidió poner pies en pared con la bajada de las plusvalías porque es un impuesto claramente creado para frenar la especulación.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, aseguró que bajar impuestos en estos momentos, sin informes cuantitativos, es «kamikaze». «El dinero no sobra, lo que falta es gestión», dijo. Podemos e Izquierda Unida han propuesto reducir la fiscalidad al colectivo del taxi y a los quiosqueros de prensa. Ninguna de las medidas, afirmó la concejala, beneficia a los humildes.

Durante el debate del Pleno, se aceptaron directamente algunas propuestas de la oposición como no volver a cobrar al taxi la revisión en 2023 cuando está pagada la de 2022 pero no se llegó a efectuar. También hay un acuerdo para reducir un 30 por ciento la tasa que pagarán los quiosqueros de prensa. Hay consenso para el tratamiento fiscal del IBI de las viviendas que se unen en una sola unidad catastral. Y el PP está dispuesto a revisar la tasa de museos para establecer un día de gratuidad pero no a tocar el precio de la visita nocturna del Alcázar. También hay alguna opción de iniciar un diálogo político para que las viviendas sociales públicas no paguen prácticamente IBI.