Las ordenanzas fiscales de Córdoba llegan a su recta final con un margen de maniobra «mínimo»

El mensaje que ha salido de la planta noble de Capitulares es que la situación económica no permite en estos momentos bajadas de impuestos más profundas de las que estaban planteadas en el anteproyecto y que son las mismas que aparecen en el proyecto definitivo. Está previsto que el jueves que viene se celebre la Comisión de Hacienda que tiene que dictaminar el proyecto y el Pleno se lleve a cabo el 2 de noviembre.

Sobre el calendario, ese es el margen que tienen los grupos municipales para llegar a un acuerdo. El PP y Cs necesitan de al menos dos votos más (tras la salida de David Dorado al grupo no adscrito) para poder conseguir los apoyos precisos en el supuesto de que toda la oposición de izquierdas votase en contra. La no aprobación del expediente implica automáticamente la prórroga del ejercicio anterior. Tendría efectos: una pequeña subida del IBI como consecuencia de la actualización de los valores catastrales.

Fuentes ha explicado que la actual situación económica es la que es. «Estamos a las puertas de una recesión«, ha explicado. En esas condiciones, es más que previsible una reducción de la recaudación de la que depende la financiación de los servicios públicos. Por ley, el nivel impositivo tiene que ser suficiente para el pago de las obligaciones.

La propuesta realizada por el equipo de gobierno solo ha cambiado en un matiz y es un tratamiento fiscal más favorable de la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación del 0,5 por ciento. Entiende Fuentes que tiene que ser una ayuda para que los parcelistas promuevan la regularización de sus viviendas. Es una idea lanzada por el Consejo del Movimiento Ciudadano, que también pidió una fiscalidad específica para usos no turísticos del Casco histórico que no ha sido atendida.

Según la propuesta sobre la mesa, el IBI de rústica bajará un punto, al igual que el impuesto de vehículos. El ICIO alcanzará los dos puntos de bajada mientras las plusvalías bajarán un 1% y amplía los supuestos de gratuidad por causa de muerte.