Atasco judicial en Córdoba: sólo se han creado tres juzgados nuevos desde 2010 pese a duplicarse los asuntos pendientes

A pesar de ello, desde el año 2010 tan sólo se han creado tres juzgados nuevos en la capital (en la provincia, ninguno): Primera Instancia 11 (que surgió para atender las causas relacionadas con cláusulas suelo); Instrucción número 8 y el juzgado de lo Social 5, para casos asociados con el coronavirus.

Menores 2 se transformó en el Penal 6 para enjuiciar los asuntos de violencia de género, mientras que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 se transformó en el Primera Instancia 12. Eso sí, no se trata de órganos nuevo, sino de reconversiones.

Los distintos operadores jurídicos apuntan a una compleja y poliédrica relación de causas que explican la situación de colapso en la que se encuentra inmersa desde hace años la justicia cordobesa. A la falta de órganos se suma la carencia de personal, una arcaica organización judicial y la necesidad de una definitiva y efectiva digitalización, entre otras.

Así lo apunta el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que reconoce que «la ingente cifra de asuntos en tramitación es preocupante».

Así, considera que «con una organización judicial nueva y acorde a los tiempo actuales (con la implantación, por ejemplo, de los llamados Tribunales de Instancia), con nuevas leyes procesales, con mecanismos alternativos a la solución de conflictos (la mediación, que ha de fomentarse a toda costa) y, principalmente, con más jueces y funcionarios, se podría revertir la situación. Pero para eso hace falta que el impulso venga precedido de una nueva voluntad política para dotar de instrumentos a la Justicia, y hacerla así ágil y eficaz».

El magistrado de la Audiencia -que cuenta actualmente con 14 togados, tras la creación de 4 plazas en la última década-, pone de manifiesto las dificultades «para conseguir simplemente un refuerzo o una comisión de servicio. Pedir que se creer un nuevo órgano o que se dote de más medios personales en determinados ámbitos jurisdiccionales es tarea que con frecuencia cae en saco roto».

Según indica, «en la Sección Civil de la Audiencia Provincial hace falta un magistrado más; en los juzgados de lo Social sería necesaria la creación de un sexto órgano o la dotación de un juez más si finalmente se implantase el tribunal de Instancia. Lo mismo ocurre en la jurisdicción Civil, que es la más colapsada, y en la que harían falta como mínimo dos juzgados más. Motivo de preocupación es el actual juzgado de Violencia sobre la Mujer, que soporta una carga superior al 50%».

En la misma línea se pronucia el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, quien también pone el foco en los órganos de violencia: «Hay un retraso en el enjuiciamiento de estas causas, que abordan una materia tan sensible y tan importante para nosotros. Penal 6 cuenta con un refuerzo para que las vistas no se dilaten tanto en el tiempo, ya que se estaban fijando para dentro de un año y medio, y hasta dos años».

Por otro lado, pese al reciente incremento de plantilla en su área, con dos profesionales más, Sobrón señala que «existen otras necesidades que no se pueden abordar sólo con un aumento de personal». Así, «es necesario que nos planteemos si la planta judicial que existe actualmente es la adecuada o no (habrá que esperar a ver cómo funcionan los nuevos Tribunales de Instancia y las oficinas de justicia). Y si como consecuencia de la forma de trabajar que tenemos ahora, con el uso de determinados programas y aplicaciones informáticas, no sería necesario un cambio en la estructura de la citada planta; sobre todo, para da un mejor servicio al ciudadano», indica Sobrón, quien recuerda que la previsión es que a lo largo de 2025 «se produzca el salto a una digitalización plenamente efectiva y completa».

Al atasco judicial han contribuido eventos coyunturales como la crisis sanitaria del Covid o las huelgas de funcionarios, que «evidentemente, han puesto la puntillita, pero en parte se han ido superando poco a poco».

Carlos Arias, decano del Colegio de Abogados de Córdoba, por su parte, sí considera que tanto la pandemia como los paros han perjudicado y mucho al endémico colapso judicial. «La receta para salir de esta es clara: más jueces, más juzgados, más dinero y, sobre todo, más voluntad política. Y un pacto de Estado, que llevamos demandando desde hace mucho tiempo», apunta.

Arias menciona que esta misma semana se ha aprobado la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, «y todos estamos esperanzados en que esto no sea una medida 'lampedusiana': está claro que el sistema no funciona y si no se ponen más medios, todo va a seguir igual».

Desde su punto de vista, «contamos con un Ciudad de la Justicia infrautilizada: tendría que funcionar a pleno rendimiento, pero, claro, para ello habría que pagar horas extraordinarias para sacarle el máximo provecho».

Al colectivo que representa «y desde un punto de vista puramente economicista, este atasco nos perjudica a la hora de cobrar por nuestro trabajo: si me ponen un juicio en 2028 no percibiré los honorarios hasta entonces. Pero, además, cunde el desánimo, la carga emocional al tener que explicar a tu cliente que no hay avances, la inseguridad que todo esto genera... Hay un significativo desgaste», sentencia el letrado.

Los procuradores cordobeses padecen igualmente día a día la lentitud que arrastran los procedimiento, María José Carralero, considera, por su parte, que la «fórmula» para ayudar a desatascar los juzgados sería «ya no tanto la creación de nuevos órganos, que por supuesto que hacen falta, sino refuerzos en los ya exixtentes, y cubrir las bajas de los funcionarios inmediatamente y no meses después como ocurre, quedando los asuntos de la 'mesa vacía' parados hasta que o bien se incorpore el funcionario que la ocupaba o sea cubierta».

Otras medidas para revertir la situación son «la digitalización plena en todas las jurisdicciones, acabando con el papel y dando traslado, por ejemplo en Instrucción, del expediente a todas las partes personadas al mismo tiempo, evitandose así dilaciones innecesarias en la tramitación del procedimiento», señala Carraledo.

En segundo lugar, «recurrir a otros mecanismos para prodecimentos o asuntos que sean más sencillos como es la mediación por la que ha apostado la Consejería de Justicia. Se prodrían crear, igualmente, comisiones que reunieran a todos los operadores jurídicos que pudieran evaluar el porqué de este colapso, ya que son los que sufren a diario el retraso y suspensiones de sus procedimientos», señala la procuradora.

Los funcionarios también tienen mucho que decir ante el rimero de asuntos que cada día se amontonan en sus mesas y ordenadores. El delegado de Justicia en el sindicato CSIF (sindicato mayoritario), Antonio González, «el motivo del fracaso que ha impedido reflotar la pendencia procesal no ha sido otro que poner en marcha proyectos en el ámbito judicial y no llevar aparejados recursos económicos», señala.

El colapso del juzgado especializado en violencia de género vuelve a aflorar como uno de los temas más preocupantes. «Esta materia hace más que necesario la creación de un segundo en este orden y esto es compartido por todos los operadores jurídicos», reclama González, que tacha de «inhumano» el exceso de trabajo de los funcionarios, «con jornadas inacabables, en la mayoría de los días no antes de las 6 de la tarde -no funcionan como juzgado de Guardia, amén de las víctimas, para las que se hace insufrible su peregrinar por estas dependencias».

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En el juzgado de lo Mercantil, «los asuntos han crecido sobre todo por los concurso de acreedores, un aumento bestial. Y el único funcionario que estaba allí adscrito, perteneciente al personal de apoyo de la Audiencia Provincial, fue retirado y llevado a otro juzgado».

Otro mal es la tardanza en nombramiento de personal interino: «se designan cuando sobrepasa la baja laboral del funcionario a partir de los 45 días», señala el portavoz de CSIF.