Los concursos de acreedores crecen más del doble hasta septiembre en Córdoba

La foto fija de enero a septiembre deja una imagen más preocupante: el total de quiebras que llegaron al Juzgado de lo Mercantil ascendieron a 497 (+117%).

Volviendo a los datos del tercer trimestre (julio a septiembre), del total de concursos presentados destacan por encima de todos los que interpusieron las personas naturales no empresarias: llegaron a los 170 (casi el 90% del total), frente a los 93 de 2023. El resto, 21, llegadon de la mano de personas jurídicas.

Los operadores jurídicos ya advirtieron que iban a aumentar de manera exponencial los procesos concursales de personas físicas para poder acceder a lo que se denomina 'segunda oportunidad', un mecanismo mediante el cual es posible reducir la carga financiera hasta la cancelación total de las deudas pendientes.

Además, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, los concursos de personas naturales no empresarios, que anteriormente eran competencia de los Juzgados de Primera Instancia, pasaron a ser gestionados por los juzgados de lo Mercantil. Este cambio ha afectado al tratamiento de estos procedimientos.

La situación puede agravarse a partir del 1 de enero de 2025, cuando expira la moratoria contable que concedió el Gobierno para evitar una escabechina empresarial como consecuencia de los efectos del coronavirus. Gracias a dicha medida, las firmas han podido acogerse a la opción de eludir la causa legal de disolución si su patrimonio neto quedaba por debajo de la mitad de su capital social.

Así, muchos negocios de hostelería y comercios minoristas, que se vieron gravemente afectados por la pandemia, evitaron colapsos masivos gracias a la moratoria. Pero ahora este balón de oxigeno se desinfla y «viene una tragedia económica», como apunta el abogado Francisco Estepa.

«Durante estos años se ha tapado con ayudas la situación inviable de muchos negocios y muchas empresas 'zombies' han seguido operando y 'contagiando' a otras, propagando su insolvencia, una reacción en cadena. Tendría que haberse aumentado los recursos, más juzgados de lo Mercantil. Mi valoración no puede ser más que pesimista».

En este sentido, este letrado especialista en Derecho de Sociedades y Mercantil señala que «es posible que esta hecatombe no se vea reflejada con un aumento de concursos, sino que las pequeñas y medianas empresas directamente den el 'persianazo'», vaticina.

El informe del CGPJ analiza también otra de las consecuencias de las quiebras: los despidos que llegan a los tribunales. Entre julio y septiembre, los juzgados cordobeses de lo Social han ingresado 435 demandas por ceses de la relación laboral; han descendido con respecto al mismo lapso de tiempo de 2023 (506), pero en el cómputo de los nueve primeros meses del año, la comparativa interanual refleja un incremento del 12,7%, con un total de 1.239.

Otro punto del estudio registra las demandas por reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios, que de enero a septiembre han experimentado una evolución al alza. Con respecto a las primeras, han crecido un 15,3% (1.232) frente a las 1.068 del mismo periodo del año pasado. Por su parte, los monitorios ingresados han llegado a 11.421, un 20,2% por ciento más que en 2023, cuando alcanzaron los 9.499, según la estadística del Consejo.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias se han duplicado en el tercer trimestre de 2024 (con 116) y han crecido un 12,9% en los nueve primeros meses (332 frente a 294). Este procedimiento lo inicia el banco cuando el propietario de un inmueble con hipoteca deja de pagar su deuda con el objetivo de embargar la casa y sacarla a subasta.

En cuanto a los desahucios, en el tercer trimestre de 2024 se han llevado a cabo 48 lanzamientos, prácticamente los mismos que en mismo periodo de 2023 (45). Sin embargo, el 'escudo social' del Gobierno no ha sido infalible y en los nueve primeros meses del año se han practicado 187 lanzamientos, un 19 por ciento más que el año anterior.

La vigencia de esta medida para ya no frenar, pero sí evitar desalojos de las personas en situación de vulnerabilidad económica y social se acaba el próximo 31 de diciembre, si bien el Gobierno de Sánchez ha manifestado su predisposición a prorrogar dicha disposición.

El informe se cierra con los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que han caído estrepitosamente en los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre han llegado a los juzgados competentes 6 causas de este tipo: 2 el primer trimestre del año, 1 el segundo y otras 3 en el tercero. El ejercicio pasado fueron muchísimos más: 28, según los datos del Consejo.