La Fiscalía de Córdoba alerta de una «eclosión de parcelaciones ilegales» en muchos municipios

Bautista ha expuesto esta problemática por lo que ha pedido especial ayuda a los ayuntamientos de la provincia que son quienes mejor conocen su territorio recordando que los «procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio son sin duda los más numerosos» y las denuncias más frecuentes de las que se reciben en esta unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía.

En este sentido, la fiscal delegada en este área ha asegurado que «como novedad en 2023 hemos asistido a una eclosión de las parcelaciones ilegales, que ya no se veía en la Fiscalía desde 2012, -yo asistí entonces sólo a una denuncia por parcelación ilegal que rápidamente se detuvo- y desde la pandemia ayudado de la bonanza económica en la que vivimos se han incrementado muchísimo no solamente las edificaciones irregulares sino la conducta más grave, la parcelación porque es lo que va a permitir que luego proliferen estas edificaciones irregulares».

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Sin embargo en el término municipal de Córdoba ha matizado que no han observado que hayan proliferado las parcelaciones irregulares pero sí en este ámbito territorial preocupa especialmente las edificaciones irregulares que no cesan, tampoco en Córdoba, en el ámbito de la Sierra. Esto es especialmente preocupante a su juicio, «porque además existe un peligro normativamente de declarado de extremo peligro de incendio y la sucesiva atomización del medio provoca mayor riesgo».

Bautista ha señalado que en la Fiscalía de Córdoba han asistido además a un incremento notable de los delitos contra la ordenación del territorio. «Hubo un punto de inflexión en 2020 en el que el Tribunal Supremo estableció claramente que incluso con que una edificación irregular se inscribiera dentro de una parcelación con muchísimas edificaciones alrededor se daña el bien jurídico protegido y es delito y además el TS estableció que la demolición debe ser la norma general en este tipo de delito», ha añadido la responsable de Medio Ambiente.

En esta misma unidad, la fiscal de Medio Ambiente ha recordado que con el cambio de la Ley de Bienestar Animal ahora no sólo se protegen los animales domésticos sino que casos como el de una denuncia por la muerte de un ciervo «a navajazos« que fue archivada al no contemplar la ley ese supuesto ahora sí estaría considerado maltrato animal.

Por último, la Memoria de la Fiscalía en este área ha recogido dos investigaciones importantes en materia de delitos contra el Patrimonio Histórico. En este sentido, la fiscal especializada en estos delitos ha tramitado un procedimiento por expolio de un yacimiento «de excepcional valor donde se ha introducido una prueba científica que ha determinado que la extracción correspondía efectivamente al yacimiento» y otros procesos por hallazgos de piezas arqueológicas y su venta por internet.

Durante la presentación de la Memoria, por su parte, el fiscal jefe Fernando Sobrón ha señalado que la evolución de la criminalidad durante el pasado año fue similar a la de 2022 en cuanto a tramitación de causas, aunque sí se ha detectado un aumento en diligencias urgentes que acaban con sentencias de conformidad. Como apunte, Sobrón ha lamentado un leve repunte en los delitos de agresión sexual después de la entrada en vigor de la nueva ley por lo que se han incrementado de los 219 casos de 2022 a los 274 el pasado año.

Otro de los hitos destacados en la Memoria de la Fiscalía de Córdoba del pasado año ha sido el incremento de las denuncias recibidas relacionadas con la gestión económica del sector público. Sin entrar al detalle, la fiscal delegada de Delitos Económicos Carmen Romero ha señalado ante los medios que son «numerosas las denuncias formuladas contra administraciones públicas por irregularidades en los procedimientos de contratación que son investigadas por la Fiscalía».

En este contexto, Romero ha matizado que muchas de estas denuncias que se presentan por irregularidades públicas son en materia de contratación por fraccionamiento de contratos pero también por fiscalización en el gasto.

Estas denuncias en administraciones publicas derivan por ejemplo, según Romero, de las factura que son objeto de reparo por parte del interventor, aunque de por si «ni el fraccionamiento de contrato ni los reparos en general implican directamente que haya delito».

En estos casos, ha abundado Romero, «desde la Fiscalía solicitamos el informe a los interventores que tienen que velar por ese contrato público y contamos además con la colaboración de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (creada en 2021) y de la Fiscalía Anticorrupción desde la que hemos recibido denuncias... cuando han detectado irregularidades administrativas, y además hay un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado».

En cuanto a Seguridad Vial, la Fiscalía abrió en 2023 un total de 50 diligencias de investigación, la mayoría por conducción sin permiso o por ir bajo la influencia del alcohol. En total durante el pasado año se formularon por parte de esta Fiscalía 919 acusaciones de las que en en 85 de ellas se apreció la agravante de reincidencia, y ocho de ellos, multireincidencia.

Según ha explicado la fiscal delegada de Seguridad Vial, Natalia Izquierdo, en 2023 se recibieron un total de 186 atestados de la Policía Local de Córdoba, tres de ellos por personas fallecidas en la vía urbana y el resto a siniestros con personas lesionadas, siendo significativo que 38 de estos accidentes correspondían a atropellos.

En vía interurbana hubo 20 personas fallecidas en Córdoba en 2023 frente a las 25 personas de 2022 y un total de 78 siniestros con personas fallecidas heridas que han dado lugar al correspondiente atestado e incoación de diligencias, frente a los 94 siniestros de 2022.

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En cuanto a la delegación de Seguridad y Salud en el Trabajo, la fiscal María Ángeles Rojas ha afirmado que las principales acusas de los accidentes laborales siguen siendo las caídas desde diferentes alturas, así como el atrapamiento de las extremidades en máquinas de elevado riesgo y el aplastamiento debajo de objetos pesados.

Por su parte, la responsable de investigar los delitos informáticos en la Fiscalía de Córdoba Cristina Ruiz ha señalado que pese a que la estadística aún no contempla todos los delitos que entran en este área como informáticos, ya que también se refieren a delitos que atentan contra la intimidad, el honor o la libertad sexual, los de esta naturaleza «se incrementan cada año de forma exponencial».

En este caso, Ruiz ha destacado que los principales delitos informáticos suelen ser los daños, sabotajes, saqueo de cuentas, extorsión, amenazas, posesión de material de pornografía infantil, defraudación o usurpación de identidades en las redes sociales.