Abogados y procuradores se concentrarán en Córdoba para exigir un traspaso justo de cotización de la mutua a la Seguridad Social

La portavoz del grupo de trabajo 'Movimiento J-2 Córdoba', Lourdes Cano, ha explicado a ABC que si bien es cierto que después de año y medio de reclamación el Gobierno por fin ha asumido que es «necesaria esta regulación pero la propuesta que hace es absolutamente insuficiente puesto que deja fuera a sectores importantes de nuestra profesión como son los pasivos o son los que en algún momento determinado tuvieron que pasarse al régimen general de autónomos y dejar cautivo el fondo y la antigüedad que tenían acumulados en la mutualidad«.

Para esta abogada mutualista, «de ahí que la reclamación que hacen estos profesionales -más de un millar en Córdoba están afectados- es que sea uno por uno, es decir, año cotizado en la mutualidad equivalente a año cotizado en el régimen de autónomo para tener derecho a nuestra antigüedad y al cien por cien de nuestra jubilación cuando llegue el momento como cualquier trabajador autónomo«.

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A su juicio, legislar con la propuesta del Gobierno significa «que nos dan unas migajas o unas limosnas y creemos que con el artículo 41 y 50 de la Constitución tenemos derecho a las mismas coberturas y prestaciones que cualquier trabajador que lleva 30 o 40 años trabajando«.

Otra de las propuestas que valora el Gobierno a través del secretario de Estado del Ministerio de Inclusión es la compra de años de cotización, es decir, «convertir nuestro fondo en antigüedad y eso no se corresponde con la realidad, porque no se tiene en cuenta todas las coberturas de las que no hemos disfrutado y deja en descubierto a muchas personas», denuncia Cano.

El Gobierno de Sánchez avala también un criterio de vulnerabilidad para el que estos profesionales de la Justicia tendrían que acreditar estar en una situación de cuasi pobreza para tener acceso a esa jubilación, es decir, abunda Cano, «requisitos que no se le han pedido a ningún trabajador o perceptor de prestación a nuestro país, ni ningún colectivo que se haya traspasado al régimen público de la Seguridad Social«.

Para esta portavoz del grupo de trabajo J-2 en Córdoba, «los sucesivos gobiernos son responsables de haber llegado a esta situación por no vigilar o controlar que las mutualidades cumplieran con la misión que tenían que era ofrecer un régimen alternativo». Está demostrado, a juicio de estos mutualistas, y así está verificado «que esa alternatividad no se ha cumplido porque la mutualidad se convirtió en un ente privado con ánimo de lucro y su objetivo social se ha perdido y por tanto ha llegado al momento en que nos encontramos«.

La portavoz de la plataforma ha anunciado además que a esta concentración en Córdoba este próximo viernes le seguirá la gran manifestación prevista de todos los profesionales de la Abogacía y la Procura en Madrid el próximo 28 de septiembre.

Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, María José Carralero, ha lanzado un mensaje esperanzador a la Procura destacando «que hace un año estábamos empezando con esta lucha y a día de hoy hemos conseguido con esfuerzo de todos alzar la voz en vías de obtener un justo equilibrio en las prestaciones que entendemos que son de justicia social».

Carralero ha querido además mostrar su satisfacción por contar «con el apoyo incondicional y unánime para nuestras pretensiones tanto por parte del Consejo General como por parte del renovado Consejo Directivo de nuestra mutualidad«.