Las huelgas de Justicia ponen en jaque a los despachos de abogados en Córdoba

La bofetada económica a estos abogados está siendo épica. Ni en tiempos del Covid sufrieron algo así. Llevan meses sin cobrar porque los juicios previstos se han suspendido y más de 3.000 demandas ni siquiera se han tramitado. El conflicto laboral no cesa y los señalamientos suspendidos durante este primer semestre no parecen encontrar hueco en las agendas este año.

Lourdes Cano, que ejerce desde el año 1994 en la capital cordobesa no recuerda nada parecido. Esta abogada que trabajaba en un despacho compartido con cuatro compañeras más junto a la plaza de las Tendillas se ha visto con dos despachos vacíos y los gastos del piso alquilado a compartir entre sólo dos.

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Esta abogada de trinchera, especializada en derecho Civil, derecho de Familia, que toca algo de Penal y Responsabilidad Civil, reconoce a ABC en los pasillos de la Ciudad de la Justicia que «veníamos arrastrando dificultades con el parón de la pandemia, que supuso en unos meses no facturar nada, y como en otros negocios había que seguir pagando impuestos y alquiler.

Esta coyuntura ya provocó un gran retraso en los procesos que estaban en marcha. La puntilla ha sido la huelga, desde enero encadenando una tras otra». Cano deja claro que «si un sólo elemento de la Administración de Justicia se para ya sea un LAJ ya sea un funcionario de gestión o un auxilio no se puede continuar; no se celebran juicios no se entrega dinero».

Los funcionarios de Justicia han decidido mantener la huelga pese a la convocatoria de elecciones y, es muy probable, que hasta septiembre se prolongue esta situación pero el daño es irreparable ya», explica Cano. Esta abogada cree que en los pequeños despachos como el suyo, pese a la importante cartera de clientes que tiene, esta huelga supone un «gran un parón difícil de sobrellevar con una gran diferencia respecto a los los grandes despachos de abogados donde las consecuencias de la huelga se diluyen».

«Afrontamos un gasto de despacho, de pago de las cuotas de la Mutualidad de la Abogacía, préstamos si los tuviese, en medio de un parón judicial que además no sabemos cuándo se va a cobrar porque se cobra una vez que se tiene la sentencia de procedimientos de hace un año o dos», denuncia.

Entre los ejemplos que pone esta abogada en su día a día de ejercicio están situaciones «sangrantes» como el de un procedimiento penal por accidente mortal de tráfico, que ya venía retrasado de 2019 y se señaló para febrero 2022 el juicio con 27 personas citadas de distintos puntos de España. Ese mismo día del juicio, sin aviso previo, un cartel ponía que estaban en huelga. Ese juicio aún no tiene nueva fecha de señalamiento.

Cano asegura que «la huelga es más salvaje en la capital que en la provincia donde si se va a suspender un juicio avisan». A esto se une el freno en los procedimientos de Familia, donde sólo en registrar una demanda pueden tardar hasta dos meses. Por ejemplo, para un caso de divorcio para decretar medidas de menores o impago de pensiones.

En estos asuntos tan delicados de Familia estos retrasos afectan. «La huelga no sólo supone un perjuicio económico grande para despachos unipersonales sino que lleva a una frustración como abogado por no poder solucionar los problemas a mis clientes. Es muy frustrante no poder darles ni una fecha y son auténticos dramas», reconoce Cano.

Las consecuencias de la huelga en un despacho como este se notan. «Estábamos cuatro compañeras, una se retiró hace cuatro meses porque ya no le compensaba mantener todos los gastos coincidiendo con la huelga de los LAJ. Recientemente, otra compañera se jubiló y dejó el despacho abocada ya a salir porque no le merecía la pena y dejo el despacho libre. Ahora buscamos compañeras para compartir los gastos del alquiler», añade.

El caso es que ha bajado la facturación en estos meses en torno a un 40 o 50 por ciento en cuanto a juicios. Sólo se mantiene constante los ingresos procedentes del trabajo de asesoramiento aunque la base de los abogados como esta letrada sigue estando en los juzgados.

«Estamos resistiendo pero trabajamos más que nunca y cobrando menos que nunca. Tenemos muchos asuntos pendientes pero no se terminan de resolver por esta situación de huelga», lamenta Cano.

Las circunstancias les ha llevado a reducir los gastos desde dar de baja suscripciones de bases de datos que o pasar a formación con cursos on line en lugar de presenciales, además de revisar todos los suministros como la wifi, algo en lo que no reparaban.

Cano reconoce que ahora quedan dos abogadas de cuatro en el despacho, cada una con su cartera de clientes, con su negocio. «Y nos sentimos afortunadas porque tenemos mucho trabajo pero con un elevado coste económico y lo peor es el desgaste y la frustración», añade. Al cliente, matiza esta letrada, «no se le puede engañar de ningún modo y a la hora de valorar si quieren interponer un pleito le tenemos que decir que tiene que tener en cuenta con esta situación el tiempo que le va a llevar resolver esto».

El problema de la huelga de este modo tanto de los LAJ como de los funcionarios a juicio de estos letrados consultados por ABC es que «está afectando a derechos fundamentales y situaciones muy dramáticas pendientes, no sólo para la víctima de un delito sino para el acusado porque tiene una pena de banquillo más tiempo del que debería».

Ahora otro problema común con el que se encuentran estos abogados es que al apretar las agendas para intentar intercalar más juicios suspendidos les coinciden juicios a un mismo letrado; y si es un despacho grande va otro compañero pero en este caso, a los pequeños les toca suspender uno. «Estoy convencida de que tardaré año o año y medio en recuperar el dinero», admite .

La provisión de fondos que se cobra a los clientes al iniciar un procedimiento puede quedar corta a largo plazo pero esa es precisamente la única herramienta que tienen abogados como el caso de Antonio Campos, especialista en Derecho Civil y Penal, derecho de Familia y Derecho al Consumidor que trabaja por ejemplo en casos de tarjetas revolving y cláusulas suelo desde 2006. Campos tampoco recuerda una situación de parón parecida «desde que la Junta de Andalucía en su anterior etapa provocó un retraso del turno de oficio de más de 12 meses; gracias a Dios esa situación ya se controló».

«Yo pertenezco a un despacho asociado, donde estamos cinco compañeros y un procurador, dentro del despacho, bastante informados del día a día de la huelga; sabemos su problemática a efectos profesionales y económicos que nos está causando», cuenta Campos.

«La huelga de Justicia a todos nos salpica. Al trabajar mucho en juicios la ves más patente y es muy desolador. Una vista que se suspende ahora mínimo no vuelve a señalarse hasta 2024», admite.

Se nota en el bolsillo dirctamente. Campos, por ejemplo, deja de cobrar 120 euros netos por audiencia previa que se suspende. «Como no sabemos cuándo nos lo van a volver a señalar hemos perdido estos meses de huelga entre un 30 o 40 por ciento de los ingresos, porque lo normal es que tenga unas 8 o 10 vistas al mes«, apostilla.

Campos admite que «cuando viene un cliente durante estos meses estoy obligado a pedir el doble de provisión, es decir, si antes pedía en torno a un 20 o 25 por ciento de provisiones, ahora le pedimos un 40 por ciento porque además de la huelga de los funcionarios luego vienen las vacaciones. Hay elecciones y a corto plazo no parece que se vaya a arreglar este conflicto laboral». Su despacho, con una cartera importante de clientes aún soporta la embestida.