La huelga de funcionarios de Justicia deja ya un reguero de 3.260 demandas sin tramitar en Córdoba

Estas demandas que están sobre la mesa del Decanato de Córdoba se distribuyen en 2.850 del orden Civil y 410 del orden Social, a las que hay que sumar un número ingente de juicios suspendidos que están suponiendo en todas las órdenes y retrasos en nuevos señalamientos de más de seis meses en la jurisdicción penal, según han informado fuentes judiciales a ABC.

Este pasado lunes la huelga comenzó con un seguimiento masivo por parte de los funcionarios que salieron esta vez con sus coches en caravana por las principales arterias de la capital desde la Ciudad de la Justicia para intentar concienciar al ciudadano de la gravedad del problema.

Noticia Relacionada

El presidente de la Audiencia afirma que la huelga ha dejado una «parálisis» en la Administración de Justicia

Pilar García-Baquero

Sánchez Zamorano afirma que faltan ocho jueces más en la capital después de analizar el colapso en la memoria del TSJA

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia tiene previsto reunirse con el comité de huelga a las 12.30 horas de hoy después de que los sindicatos alertaran el pasado jueves a la ministra Llop de que acudirían al Supremo por vulnerar el derecho de libertad sindical y no convocarles a negociar pese a la parálisis de los tribunales. El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Arias, afirmó ayer a ABC que «lo importante es que al menos se reúnan aunque la situación es incierta».

Arias recordó que hay varias opiniones sobre cómo se podría solucionar el conflicto laboral: unos sí son partidarios de que pueden llegar a acuerdo con un Gobierno que está en funciones y, otros, que no. El tema, matizó Arias, es que estaba entre las reivindicaciones de los funcionarios la retirada de la Ley de Eficiencia Organizativa que se ha quedado en 'stand by' con el anuncio de elecciones y la disolución de las Cortes, por lo que este apartado quedaría sin resolver».

Para el decano, «ojalá satisfagan sus peticiones pero hay que recordar que serían sólo las relativas a las retribuciones salariales, pero no a las de la Ley». Arias recordó que esto supone un esfuerzo económico a las arcas del Estado importante porque, según la estadística, «los LAJ supusieron para Justicia un incremento de 26 millones; los jueces y fiscales de 40,7 millones, y a ellos más de 200 millones de euros».

El decano de los abogados en Córdoba explicó que «se están suspendiendo muchísimos juicios, sobre todo, en la capital, y el daño es muy grande, para los justiciables, y también para los profesionales por el daño económico que les supone». Arias confió ayer en que este martes se llegue al acuerdo. «Nos ha tocado este factor de las elecciones con el que nadie contaba. La huelga ha provocado retrasos de, al menos, un año. Todo se ve afectado», añadió.

En la convocatoria que les ha llegado a los sindicatos del comité de huelga por parte del Ministerio aparece «tratar asuntos relacionados con la huelga» que este colectivo inició de manera indefinida después de varias jornadas de movilizaciones y paros parciales el pasado 22 de mayo.

Los sindicatos ya habían advertido la pasada semana al Ministerio de Justicia que «cada día que pasa sin convocatoria de reunión, queda patente el nulo interés de este Ministerio por una Justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial», señalaban en alusión a los acuerdos alcanzados con letrados judiciales, jueces y fiscales.

La huelga en el día a día en la Ciudad de la Justicia de Córdoba se deja notar tanto en la suspensión de numerosos juicios que aparecen reflejados en las pantallas de los pasillos tanto civiles, sociales como penales como a la hora de notificar, por ejemplo, un señalamiento puesto que son los funcionarios los encargados de tramitar un exhorto.

Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, María José Carralero, señaló que «la huelga de los LAJ seguida de la de los funcionarios hace que se sumen cinco meses de parón que conlleva no sólo la suspensión de cientos de juicios sino el retraso en el reparto de demandas que ascienden a casi 3.000, y de la tramitación de los procedimientos que ya estaban en marcha».

«Todo esto no solo supone un perjuicio al ciudadano que ve como su asunto que tras años en tener una fecha para juicio se suspende por la huelga demorándose un año más, sino de los procuradores que vemos cómo no podemos desarrollar nuestro trabajo ni facturar por lo que hay copañeros que realmente ya lo están empezando a pasar mal«, lamentó Carrelero.

La pasada semana, el propio presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, declaraba que «la situación es muy preocupante, porque ya incide sobre una situación de penuria de la justicia, con escasez de medios personales».

En definitiva, unos 750 funcionarios en Córdoba exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica. Piden una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario y que sitúa entre los 350 y los 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto'.