Unos 750 funcionarios de Justicia arrancan hoy los paros como antesala de la huelga general el día 19

El sindicato mayoritario CSIF en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, ha iniciado junto a STAJ, CCOO, UGT y USO este calendario de movilizaciones en defensa de una subida salarial digna -en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia- y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) sin previa negociación.

El responsable de justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, en declaraciones a ABC, ha explicado que hay tres pilares en esta reivindicación laboral. El primero de ellos es sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que está actualmente en el Congreso y que "va a modificar la Administración de Justicia con nuevos sistemas por los que desaparecen los órganos unipersonales y se convierten en órganos colegiados, lo que se viene a llamar Tribunales de Instancia que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores", según González.

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Un segundo aspecto son las competencias, parece ser que «no tenemos ninguna competencia, que se determinen cuáles son las funciones por delegación y cuáles son propias", añade este representante sindical.

La tercera pata de estas reivindicaciones, según este representante de CSIF, «son las retribuciones económicas, que la estimamos entre 350 y 450 euros en función al grupo de cotización que está relacionado con las funciones que realmente estamos realizando. Somos una pieza clave en el engranaje de la máquina, sin nosotros la Administración estará totalmente paralizada«.

El pistoletazo de salida a estas acciones reivindicativas comenzó esta pasada semana en Madrid con una concentración de los delegados de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia.

A las movilizaciones están convocados los 45.000 trabajadores y trabajadoras de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio que dirige Pilar Llop. Concretamente, en Córdoba el colectivo llamado a movilizarse está formado por unos 750 funcionarios de dichos cuerpos, entre los que se encuentran, por ejemplo, gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otro personal.

Tras el arranque de las protestas hoy en la capital de España, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10.00 a 13.00 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada, así como una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.

La convocatoria de este calendario de movilizaciones es la consecuencia de la nula voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una oferta de subida salarial a los funcionarios de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, en línea con el acuerdo firmado con los letrados.

De forma paralela, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.

El propio Ministerio que dirige Pilar Llop, según el CSIF, «ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo -como ha sucedido en el caso de los letrados- tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías, etc». En este sentido, a juicio de los convocantes de la huelga, «debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia».

Además, la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que «la eficiencia de la Justicia no pasa por los tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia«.

En cuanto a cómo afectará la huelga a los usuarios, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha consensuado con los sindicatos los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios esenciales durante la huelga. Para estos días se han determinado como servicios esenciales a prestar de forma presencial las guardias de los Juzgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberán contar con toda su dotación de personal; las medidas cautelares o provisionales; los juicios orales del orden penal en causas con preso; las actuaciones del Registro Civil; los procedimientos relativos a casos de violencia de género así como para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

Para prestar estos servicios, sindicatos y Junta han determinado de mutuo acuerdo el personal necesario en cada tipo de órganos judiciales. Así, en el TSJA prestará servicio una persona del cuerpo de Gestión Procesal o del cuerpo de Tramitación en cada sala.

En las Audiencias Provinciales, habrá un gestor o tramitador en cada Oficina de Registro y Reparto y un funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial en las secciones penales.

Por su parte, las Fiscalías contarán con un gestor y un tramitador tanto para las capitales como para las Fiscalías de Menores.

Para los Juzgados de Primera Instancia, los de Instrucción, los Mixtos con competencias en Registro Civil y Violencia sobre la Mujer, los Contenciosos, los Sociales y los de Vigilancia Penitenciaria se ha fijado que en cada órgano preste servicios mínimos un gestor procesal o un tramitador, mientras que en los especializados en Violencia sobre la Mujer habrá un funcionario de cada uno de estos dos cuerpos.

En el caso de la Jurisdicción Penal, cada órgano contará con un gestor y un tramitador mientras que habrá un Auxilio Judicial por cada cuatro juzgados. Los Juzgados de Menores y de Paz contarán con una persona en servicios mínimos de cualquiera de los cuerpos.

En Córdoba se ha establecido como servicios mínimos un funcionario del cuerpo de Gestión o Tramitación para el Decanato y Servicios Comunes.

Las guardias presenciales serán prestadas por toda la plantilla a la que corresponda de los distintos cuerpos, incluidos los médicos forenses, mientras que las guardias de disponibilidad correrán a cargo de dos funcionarios.