«Me aconsejaron denunciar en falso a mi expareja por maltrato para recuperar mi piso con inquilinos okupas»

Mari Carmen no solo está desesperada, también está muy sola. El Gobierno ha prorrogado casi una decena de veces el real decreto-ley que permite a los jueces suspender el lanzamiento del inquilino moroso aduciendo una situación vulnerable, pero «no cumple la parte que le corresponde» para dar una alternativa a esta familia. «Las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna», especifica la norma aprobada por el Congreso.

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«Como las Administraciones miran para otro lado, somos los ciudadanos de a pie quienes nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad. Pero yo no soy una vivienda social», se indigna esta funcionaria. Ella ha tenido que arrendar un apartamento «de bulla y corriendo» para poder vivir tras separarse de su marido porque «me veía en la calle a pesar de tener mi propia vivienda», relata esta propietaria. Aunque necesita el inmueble y no ha visto un solo euro del alquiler desde abril de 2022, no desea que sus inquilinos duerman en la calle. «Pero tampoco puede ser que yo esté mendigando una vivienda cuando tengo una propia porque otros no hacen su trabajo», lamenta.

En tres años ni el Ayuntamiento de Málaga ni ninguna otra administración han sido capaces de procurarle un alojamiento alternativo a esta familia. La norma es una yincana burocrática que obliga a los pequeños arrendadores afectados a pedir cada año un certificado de continuidad de la situación de vulnerabilidad para poder acceder a una ayuda compensatoria. No ha cobrado todavía un euro, a pesar de haber solicitado esta prestación.

Los años de Mari Carmen Ramos han sido un ir y venir por los juzgados y un peregrinaje sin fin por distintas administraciones. Se ha reunido con responsables municipales y funcionarios. «Todos me dicen que entienden mi situación pero que no pueden hacer nada y se quedan tan panchos», se queja.

Se quedó petrificada cuando «desde los servicios sociales me sugirieron que denunciara a mi exmarido por violencia de género cuando era totalmente falso, para pedir que lo echaran de la vivienda, pero me divorcié por otros motivos». Según le dijeron, «así sería más vulnerable que los vulnerables y podría tener opción a más ayudas. Aunque estaba desesperada porque no tenía casa ni nada, yo me negué. Eso es un delito», revela.

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Mari Carmen siente que es un agujero negro del sistema. Para el Gobierno sus inquilinos no son okupas sino personas sin recursos a las que no puede echar porque la ley las ampara. Como ella hay cientos de propietarios en toda España que se han agrupado en la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación que les presta apoyo y asesoramiento. Sus responsables no dejan de recibir llamadas a diario. Cada vez son más y la bola de nieve no para de crecer.

«Para algunos dirigentes de Podemos —que gobernaban en coalición con el PSOE cuando se aprobó el primer decreto antidesahucios durante el estado de alarma en 2020— somos unos especuladores», señala frustrada. Hay familias a las que hay que proteger porque su situación es paupérrima y no tienen recursos, pero hay otras que se están aprovechando, sospecha esta profesora, que echa en falta que se haga un seguimiento estricto a estos inquilinos a través de los servicios sociales.

«Cuando me dejaron de pagar, intenté hablar con ellos y me dijeron que no podían. Empecé a inspeccionar y descubrí que el policía de Lisboa que alquiló mi vivienda no estaba trabajando. Me dijeron que no se iban a ir hasta que no les echara un juez y me amenazaron con denunciarme por acoso si me acercaba al piso. Desde que dejaron de pagar no me cogen el teléfono ni responden al wasap. Han puesto una cámara en la puerta de la vivienda para poderme denunciar», cuenta. Sospecha que pueden estar trabajando en negro porque le resulta impensable que una familia de cinco miembros viva con lo que cobra la madre a través del Ingreso Mínimo Vital, pero no encuentra el modo de probarlo.

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Málaga puso fecha y hora al lanzamiento en el caso de que no abandonaran voluntariamente el piso: a las 9.30 horas del 20 de febrero de 2023. Pero el desahucio nunca se llegó a ejecutar. Está suspendido indefinidamente por la norma estatal que el Gobierno estableció por primera vez durante la pasada pandemia.

Entre tanto, la vida de Mari Carmen Ramos ha tenido más altibajos y pendientes que una montaña rusa. Ha pasado por una ruptura matrimonial y un cáncer de mama del que ha podido recuperarse, experiencias traumáticas que la han llevado a solicitar los servicios de un psicólogo.

«Mi único fallo ha sido poner mi vivienda en alquiler. Ahora que mis circunstancias han cambiado y que la necesito, no puedo recuperarla. Estoy como en un país comunista. Me han quitado mi propiedad», clama esta docente de Málaga.

Así lleva ya cuatro años y lo que le resta porque no hay visos de que la Administración le facilite otro alojamiento a sus inquilinos. «Aunque les ofrecieran una alternativa, seguramente dirían que no, que prefieren vivir gratis en un piso de cuatro habitaciones», asegura resignada. Está desolada ante el alud de desgracias que le han caído encima sin que nadie le muestre una salida a este oscuro callejón.