«Llevo nueve años con una inquiokupa en mi vivienda con todo pagado y yo tengo dos hipotecas»

David Arroyo, dueño de una casa usurpada, lamenta la «dejación de funciones» de la Administración porque no ha ofrecido alternativas y hace recaer el problema en los propietarios

La Junta de Andalucía denuncia que el Gobierno está alentando la okupación de viviendas

David Arroyo, afectado por una ocupación en una de sus dos casas abc

Sevilla

16/05/2025 a las 06:51h.

David Arroyo lleva nueve años sin poder disponer de una vivienda sobre la que pesa una hipoteca que le cuesta 390 euros al mes. En el registro de la propiedad reza que el inmueble es suyo, pero en la práctica se puede decir que ... no es así. Quien habita su casa, ubicada en el municipio granadino de Cúllar Vega, a 8,5 kilómetros de la capital nazarí, es la expareja del hombre al que se la alquiló. Dos años después de firmar el contrato, el legítimo arrendatario abandonó la vivienda, pero «me dejó a la mujer con sus dos hijas menores», cuenta.

«Ella alega que es vulnerable y yo tampoco deseo que viva debajo de un puente pero lo que me parece totalmente injusto es que nos echen el problema encima a los particulares. En nueve años la Administración ha sido incapaz de buscarle una vivienda social, un trabajo o una alternativa. Está haciendo dejación de sus funciones», clama este autónomo de 55 años.

Este propietario también tiene dos hijas menores y ha atravesado por malas rachas económicas. Sin ir más lejos, 2023 fue un año «muy malo» en el que sus ingresos anuales no llegaron a los 2.000 euros. «Tengo algunos ahorros y afortunadamente pude tirar para adelante, pero podría haber vendido la vivienda y no he podido porque me tengo que hacer cargo de una persona puesto que el Estado no se ocupa de ella», relata cada vez más indignado.

La casa en la que David Arroyo había puesto sus ahorros para que le procurase un colchón económico cuando llegara el momento de jubilarse se ha convertido en un pesado fardo que le está costando la salud. «Por el estrés y la impotencia de no ver una solución después de tantos años me ha salido vitíligo en la cara», un trastorno de la piel que se caracteriza por la presencia de manchas blancas.

Este autónomo lleva desde 2017 litigando con la okupa para expulsarla de su casa en Cúllar Vega (Granada)

Lo ha intentado todo para recuperar su vivienda «hipotecada»: se ha sentado con el alcalde de Cúllar Vega, ha hablado con empleados de los servicios sociales para procurarle una alternativa a la 'inquiokupa', se ha reunido con diputados y la consejera andaluza de Vivienda. «Todos comprenden mi situación, pero nadie le da una solución». Y el calendario sigue corriendo, desde luego mucho más rápido que la Justicia.

En el año 2017, cuando le dejaron de pagar el alquiler, denunció a la persona que tenía el contrato. Perdió el pleito porque no había actuado contra la verdadera usurpadora de su casa. Al segundo intento, el juez le dio la razón, pero la expareja de su inquilino recurrió y tres días antes de la fecha fijada para el juicio, éste fue suspendido porque pidió un abogado del turno de oficio.

«Así logró atrasarlo otro año y medio hasta que nos metimos en 2020», en plena pandemia, cuando el Gobierno aprobó una normativa que ampliaba los supuestos en los que los juzgados podían paralizar un desahucio. «Es sorprendente cómo manejan la ley algunos 'inquiokupas'. Son profesionales y saben cómo ir alargando los plazos. Encima, desde la pandemia no los puedes lanzar. Así podemos estar toda la vida», se desahoga.

La historia interminable

Los escritos al juez van y vienen en un bucle interminable. El pasado 9 de mayo su abogado presentó el último ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada), en el que impugnaba un informe de la inquiokupa porque «ningún dato real económico» facilitaba para acreditar su situación de vulnerabilidad.

En sus alegaciones también reprochaba la pasividad de la Administración. «Lo más sorprendente es que desde 2017, o sea, hace nueve años, el Ayuntamiento aún no ha ofrecido una vivienda a la demandada. Y nada justifica sobre las gestiones y trámites para ofrecer dicha alternatividad de vivienda ocupacional pública. Nos parece una total dejación de funciones públicas».

En su escrito amenaza con ejercer acciones penales contra los funcionarios y particulares que «están consintiendo» esta usurpación de su propiedad, sin hacer ninguna gestión durante nueve años para dar solución a una situación absolutamente injusta». Solicita a través del juzgado que se aceleren los trámites para que se conceda a la demandada vulnerable una vivienda pública porque «lo que está ocurriendo con este asunto por la tardanza es un abuso de derecho» de la okupa y «una posible responsabilidad patrimonial de la Administración».

Un ciudadano particular «no tiene ninguna obligación de soportar ni suplir las obligaciones de las administraciones [...] ¿Quién pagará todo el perjuicio que le esta ocasionando la expropiación de hecho de su vivienda? ¿El Ayuntamiento? ¿El Ministerio de Vivienda o el de lo Social?», pregunta su abogado.

«Tengo una 'inquiokupa' con todo pagado y yo tengo dos hipotecas», la casa usurpada y otra en la que vive con su familia. No soy un fondo de inversión ni un multimillonario ni un rentista. Soy un hipotecado. En mi situación está el 99% de los afectados por este problema», precisa.