Víctimas de los okupas e inquiokupas se revuelven contra Pedro Sánchez: «Ha creado un escudo social a costa de nosotros»

La Junta de Andalucía sostiene que el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar ha dado alas a esta picaresca con su Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, y con las sucesivas normas que se han ido renovando desde los primeros meses de la pandemia. La última prórroga, mezclada con numerosas cuestiones, se recogió el decreto ómnibus aprobado por el Congreso el pasado 12 de febrero. Bajo la denominación de «escudo social» se han introducido medidas que dificultan y ralentizan el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y, por tanto, la devolución de las viviendas a sus propietarios cuando los arrendatarios están en situación de vulnerabilidad.

«El Gobierno de Pedro Sánchez minimiza esa alarma social y defiende la ocupación, y defiende que la ocupación no es un problema generalizado», denunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz. Fue el pasado 29 de abril durante una comparecencia en el Parlamento andaluz donde rindió cuentas sobre las medidas contra la okupación y la inquiokupación adoptadas por el Gobierno regional dentro de su margen de competencias en esta materia.

La responsable autonómica reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez «un plan nacional antiokupación para acabar con esta situación que genera problemas de convivencia y tiene efectos negativos en el mercado residencial y en el empleo». Días antes, el pasado 21 de abril, se había reunido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación, que denuncian queel 97% de los casos responde al patrón de arrendatarios que se quedan viviendo en la casa que tenían alquilada sin pagar ninguna renta al dueño, quien, a menudo, tiene que asumir también el coste de los suministros básicos de la vivienda: agua, luz y gas. «La impunidad es absoluta. Han creado un escudo social a costa de los particulares», clama David Arroyo, uno de los portavoces de la plataforma en Andalucía.

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En su intervención parlamentaria, la consejera reprochó al Gobierno central que, con sus normas nacionales, ha generado «inseguridad» entre los pequeños propietarios, «a los que ha dejado absolutamente desprotegidos frente a los okupas». Durante años, este fenómeno «ha sido invisibilizado, cuando no directamente es justificado en algunos casos desde ciertas posiciones ideológicas».

Andalucía ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que endurezca las penas contra la ocupación ilegal y agilice los desalojos. «Las soluciones deben estar dentro del marco de la ley, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben actuar de manera contundente y efectiva contra las mafias de ocupar». En lo que concierne a la Junta, considera que está haciendo sus deberes. Su primera tarea fue crear en el año 2020 el sistema andaluz de lucha contra la okupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda. Además ha modificado el Plan Vive para que los condenados por okupación ilegal no puedan optar a una vivienda de protección oficial.

En paralelo, para velar por que las viviendas públicas sean para familias con rentas modestas que cumplan los requisitos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, ha llevado a cabo 141.000 verificaciones entre 2019 y 2024, para comprobar su correcta ocupación y frenar la usurpación y allanamiento de morada.

En 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles en España, según los datos estadísticos publicados por el Ministerio del Interior. De ellas, 2.207 se contabilizaron en Andalucía, el 13,43% del total, siendo la segunda comunidad más afectada por este fenómeno a gran distancia de la primera, Cataluña, que concentró 7.009 denuncias (42,6%). El dato anual no baja de los 2.200. El pico se alcanzó en 2021 con 2.557 denuncias.

En el debate parlamentario, el diputado socialista Rafael Márquez reprochó a la consejera que utilizara «las mal llamadas inquiokupaciones, que es un concepto que no existe» con el único propósito de «confrontar con el Gobierno de España». Para el PSOE se trata de un problema aislado y puntual. «Pretenden que nos quedemos fijándonos en el dedo, en el asunto de las okupaciones, para que no nos fijemos en la luna, es decir, en el verdadero problema que tenemos de acceso a la vivienda», «en la incapacidad de su gobierno, que tiene las competencias exclusivas en función del Estatuto de Autonomía» para dar soluciones a la falta de inmuebles a precios asequibles.

Desde Vox culpan al «bipartidismo» de la okupación. Su diputado, Ricardo López Olea, lo explicó de manera muy gráfica y sin medias tintas: «Nosotros defendemos esto, que es una cosa muy clara: lo de la patada en el culo». «Es tan sencillo como que las fuerzas y cuerpos de seguridad se personen en el lugar y si la persona que está ocupando la vivienda no tiene título legítimo, bien de propiedad, bien de uso de otro tipo —de arrendamiento, etcétera—, pues que sea sacado inmediatamente de esa vivienda, sin tan siquiera intervención judicial, porque es una cosa que es absolutamente obvia».