El Sindicato Andaluz de Trabajadores, investigado por pagos en negro

La citada denuncia, interpuesta el 1 de octubre ante el Decanato de los juzgados de Almería y cuyo contenido hicieron público sus promotores en una rueda de prensa, está dirigida contra dos responsables de la cúpula en Almería y contra su portavoz nacional, Diego Cañamero, quien, según los demandantes, «no solo era conocedor de lo ocurrido, sino que lo habría permitido por no depurar las responsabilidades y no haber actuado en consecuencia para limpiar el sindicato».

El exportavoz territorial Mariano Junco ha indicado a Europa Press que la jueza ha oficiado a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional para que elabore un informe que permita dirimir si se dieron las irregularidades denunciadas y si existe ilícito penal en la gestión de los querellados.

La resolución abre investigación sobre tres hechos fundamentales en los que se resume la denuncia y que pasan por «irregularidades económico-financieras cómo el desvío del dinero de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores para otros menesteres»; irregularidades en relación a las subvenciones recibidas para cursos de formación e «ilegalidades en materia sociolaboral», ya que, según señalan, hay «trabajadores sin contrato que perciben salarios del sindicato, pero que a la vez están percibiendo prestaciones que son incompatibles».

Sobre el primer punto, relata que la asesora laboral del SAT en Almería, ante un déficit que cifran «7.000 euros», habría admitido ante los denunciados «que le habían cargado una serie de gastos nuevos a la cuenta de la asesoría y, que cómo no había suficiente dinero para cubrir esos gastos, lo cogieron del apartado especial de las Indemnizaciones de los Trabajadores provenientes de salarios impagados que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)» y recoge los datos de filiación de los supuestos afectados por esta decisión.

Con respecto a los cursos de formación, hace referencia la denuncia a dos subvenciones aprobadas al SOC-SAT de 4.300 euros y de 5.600 por los cursos 'Formación Laboral Trabajadores Inmigrantes' y 'Formación en materia de inmigración asesores sindicales', y de los que, según aseguran, «no hay constancia de que se hayan realizado».

Por último, detalla cuestiones relacionadas con presuntos «fraudes a la Seguridad Social» y contra los derechos de los trabajadores. «Algunas estaban en el sindicato sin dar de alta en la seguridad social y otras cobrando en 'negro' y a la vez cobrando prestaciones incompatibles de otro tipo. De hecho tenemos constancia, en este sentido, de la intervención de la Inspección de Trabajo de Almería», aseguran los denunciantes.

Los exmilitantes del SAT, que fueron expedientados en mayo de 2014, afirmar que «todas las irregularidades» fueron trasmitidas «con pelos y señales, desde julio del 2013 hasta marzo del 2014» a la dirección del sindicato en Sevilla, a la Permanente Nacional.