Alaya toma declaración este viernes a otros tres «intrusos» de un ERE de Córdoba

En el auto de su imputación, dictado el pasado 31 de julio, la magistrada dice que «al tomar conocimiento» el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas de las «dificultades» por las que atravesaba Matadero de Fuenteobejuna, que había sufrido cuatro ERE suspensivos, «les ofrecería» la posibilidad de que la Junta les concediera «gracias a su influencia» ayudas públicas para la prejubilación de sus trabajadores en el caso de negociarse un ERE, el cual se aprobó en noviembre de 1998.

El 8 de enero de 2001, un grupo de los trabajadores afectados constituyeron la asociación de extrabajadores «con el fin de conseguir ayudas públicas de la Junta que les pudieran corresponder para prejubilaciones al no haberse colocado dichos trabajadores en otras empresas y estar a punto de acabárseles la prestación por desempleo». Según la juez, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, «prescindiendo como era habitual de todo procedimiento administrativo», aceptó dar «de manera arbitraria» el dinero «que hiciera falta» a través del pago de las primas de las pólizas que se le presentaron.

Lanzas, asimismo, pidió a un «conocido», Juan José Viedma, citado a declarar este viernes y cuya hija era la administradora de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, que diera de alta en dicha sociedad a todos los trabajadores de la póliza, de forma que Lanzas «montó a todos los trabajadores en un autobús» y los trasladó a la mencionada empresa.

Esta empresa dio de alta a los trabajadores «con contratos falsos», de manera que estuvieron dados de alta entre 16 y 21 días, señala Alaya, que asevera que, «como agradecimiento», tanto la hija de Juan José Viedma -Juana Pilar Viedma Ocaña- como la pareja del primero, Adoración Navarro, fueron incluidas como «intrusas», percibiendo 117.000 y 111.000 euros, respectivamente. Ambas están citadas también a declarar este viernes.

Este jueves declararon ante la juez el presidente de la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), Manuel Granado Pérez; su esposa, Florencia Romero Valdivia, que habría percibido hasta 158.000 euros tras ser incluida como «intrusa»; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y «posible conocido de Lanzas» que cobró 120.000 euros, y el tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto, quien firmó las pólizas en nombre de la asociación junto a Manuel Granado y que habría recibido de manera fraudulenta más de 17.000 euros.

Manuel Granado, en su declaración ante la magistrada, aseguró que creía que Lanzas «era un representante de la Junta», añadiendo que creía que la inclusión de varios trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna en la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales «era legal». «Pensé que el dinero era legal porque venía de la Junta de Andalucía», llegó a asegurar. Sobre el asunto del autobús, dijo que creía que los montaron en el mismo para realizar «un curso de formación», según las fuentes consultadas.