Lanzas diseñó un falso ERE para la familia dueña del coto donde cazaba

En un atestado de 69 páginas sobre el ERE, al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destaca que Juan José Viedma «posee un coto donde practica la caza junto con otras personas, entre ellos Juan Lanzas Fernández». La finca privada está situada en el municipio de Bedmar y Garcíez (Jaén), a tan sólo 14 kilómetros de Albanchez de Mágina, el pueblo de Lanzas.

Las andanzas cinegéticas del exsindicalista le costaron a las arcas autonómicas 229.248,87 euros. Con tan sólo 40 años, la pareja sentimental de Viedma cobró 117.564,36 euros (entre 1.860 y 2.054 euros mensuales) por prejubilarse en una empresa donde nunca había trabajado. El caso de la hija es aún más sangrante. Juana Pilar Viedma accedió a una póliza indebida de 111.684,51 euros con apenas 30 años. Entre agosto de 2002 y julio de 2007, ésta obtuvo una renta mensual de entre 4.093 y 4.519 euros, según el certificado de la póliza suscrita con Personal Life. En caso de fallecimiento de alguno de sus familiares, figuraba como beneficiario del cien por cien del dinero Juan José Viedma Gallardo.

El papel «activo» de Lanzas

La Guardia Civil atribuye a Lanzas una papel «activo» en la concesión de ayudas para la Asociación de Extrabajadores del Matadero de Fuenteobejuna SAL. Entre los beneficiarios del ERE hay dos intrusos más, Mariano Martínez Fernández, vecino del mismo pueblo de Lanzas que ingresó 120.667 euros, y Florencia Romero Valdivia, que tenía 41 años cuando suscribió la póliza. Cobró 158.992 euros por ser la esposa del presidente de la asociación.

El tesorero del colectivo, Domingo Valle Pietro, también hizo caja gracias al «fondo de reptiles». «Fue contratado de forma fraudulenta» en la Sociedad Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, cuya administradora era la hija del dueño del coto de caza, y «desde su posición ha obtenido su “parte” al ser beneficiario de tres pólizas de rentas», según expone el informe policial. Los investigadores calculan que la cantidad defraudada asciende a 618.262,34 euros. Todos ellos, incluido el dueño de la finca donde Lanzas utilizó su escopeta, están imputados en el proceso desde el 31 de julio, en un auto dictado la juez instructora el caso, Mercedes Alaya, por el que amplió a 116 el número de encausados.

El exsindicalista de UGT, que se encuentra encarcelado desde el 22 de marzo por la trama de los ERE fraudulentos, intercedió ante el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para beneficiar a la familia de Viedma Gallardo con pólizas costeadas con cargo a la partida 31-L (la denominada «fondo de reptiles») de los presupuestos autonómicos. Los agentes del Grupo de Delicuencia Económica que redactaron el informe, entregado en diciembre a la juez, califican este episodio, digno de figurar en una película de Berlanga, como un «claro trato de favores entre Juan Lanzas y Juan José Viedma».

Existían sólidos lazos de amistad y una productiva relación comercial entre las dos familias , como se desprende de las pesquisas de la UCO. El tesorero de la asociación de antiguos empleados del matadero ubicado en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna reveló que Lanzas fletó un autobús para trasladar desde este municipio hasta la sede de la sociedad Técnicas Agrícolas, en Jaén, a todos los trabajadores que se iban a prejubilar.

El «autobús» de los ERE

El supuesto «cerebro» de la trama de los ERE lo arregló todo para que los diera de alta desde el 21 de febrero de 2002 (durante sólo 16 ó 21 días) la empresa aceitera que gestionaba Juana Pilar Viedma, luego introducida como intrusa en el ERE . La empresaria ejecutó el plan de Lanzas y 18 extrabajadores del matadero fueron contratados «de forma fraudulenta».

Lo corroboró el tesorero del colectivo, uno de los beneficiados con el montaje. Domingo Valle Prieto relató a los agentes que «nunca llegaron a trabajar en esta empresa» . «Se desplazaron todos hasta esta empresa en un autobús y, una vez allí, firmaron alguna documentación, desconociendo exactamente qué tipo de documentos», explica el atestado. Tirando del hilo de este revelador testimonio y de la documentación aportada por la Seguridad Social, la Guardia Civil que concluye «se han producido contrataciones falsas con el fin de que estas personas puedan solicitar el convenio especial de cotización de la Seguridad Social». «Como recompensa o promesa a estas contrataciones -prosiguen- se ha producido la inclusión en una póliza de rentas de la administradora de la sociedad» y su madrasta.

Los investigadores también censuran el papel jugado por la Junta al conceder ayudas sociolaborales «de manera arbitraria» . Para la UCO, los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, quienes ordenaron los pagos, «han actuado abusando del ejercicio de sus funciones públicas y son responsables de la defraudación de fondos públicos».