Alaya admite que algunos de los delitos de la venta de suelo han prescrito

De hecho, el Ministerio Público solicita que se acuerde «la prescripción del delito» y se declare la extinción de su posible responsabilidad penal, tanto de uno de los empresarios que recurrió como de todos aquellos que prestaron declaración el pasado mes de junio, entre ellos los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Así el Ministerio Público pide que se archiven las actuaciones con respecto a los empresarios Eugenio Sánchez Ramade, Bárbara Gutiérrez, Ignacio Bayón, Antonio Vicente Sánchez Carrascosa, Juan Nicolás Báñez y Eduardo Báñez. «Interesa que se declare la prescripción del delito y que se declare la extinción de su posible responsabilidad», dice el fiscal.

Y lo argumenta en que efectivamente han transcurrido más de cinco años desde que se cometieron los hechos imputados hasta la fecha. Y también, porque en cualquiera de los hechos que se imputan, ni la pena de prisión ni la de inhabilitación superan la duración de cinco años. 

A esta petición ha respondido la juez Mercedes Alaya con una providencia en la que admite que ha prescrito el fraude y las exacciones ilegales, no considera que lo haya hecho el delito de prevaricación. Por ello le pide al fiscal que se pronuncie sobre ese delito.