La «herencia» que deja Griñán: Paro, ERE, deudas..., retos para la futura presidenta

Díaz tendrá que completar, o no, una legislatura en la que asuntos como el escándalo de los ERE fraudulentos, la frágil economía andaluza, las descomunales cifras del paro o el enfrentamiento con los funcionarios a cuenta del «enchufismo», se mantendrán como puntos de referencia a nivel informativo. Su primer reto, tras la formación del nuevo Gobierno, será elaborar los presupuestos para 2014 sorteando los obstáculos que le augura el PP. Y a partir de ahí, veremos si tras la «fuga» de Griñán Andalucía se su(b)sana o se cae por el precipicio.

En los mentideros políticos se da por descontado que José Antonio Griñán no será el único miembro del Ejecutivo que dejará su sitio en la mesa del Consejo de Gobierno. Si, como piensan muchos, el «factor ERE» ha sido determinante en la renuncia del presidente, otros consejeros que se encuentran en el punto de mira de la juez Mercedes Alaya estarían también prestos a recoger sus objetos personales de los despachos.

Es el caso del titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de la responsable de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Denostados un día sí y otro también por el Partido Popular, seguramente esta formación aplaudiría la continuidad de ambos. Pero no. En su despedida irán acompañados del consejero de Agricultura, Luis Planas, que semanas atrás anunció su renuncia voluntaria después de no conseguir el número suficiente de avales para enfrentarse en unas elecciones primarias a Susana Díaz. Probablemente una de las mayores dificultades con las que se encontrará la «presidenta» será encontrar a un sustituto con la experiencia y capacidad de Planas par abordar los asuntos agrarios.

La previsible marcha de Carmen Martínez Aguayo obliga a Susana Díaz a buscar deprisa y corriendo a quien se ocupe de la cuestión presupuestaria. En circunstancias normales, las cuentas de la Comunidad autónoma de 2014 estarían ya prácticamente perfiladas por parte de la consejera Aguayo. Sin embargo, la situación que se ha presentado deja abierta la puerta al desconcierto. A ello se refirió recientemente el portavoz de Economía del PP-A y parlamentario andaluz, Rafael Carmona, que habló de «dificultades» para elaborar un buen presupuesto. El Gobierno bipartito ha puesto ya como excusa el límite del déficit «impuesto» por el Ejecutivo de Rajoy, el 1 por ciento del PIB para 2014, y ese argumento va a ser explotado de forma reiterada.

Más del 90 por ciento de la población andaluza considera que el paro es el principal problema que padece la Comunidad. Y en torno al 85 por ciento, según últimas encuestas, opina que la situación económica de la región es mala o muy mala. Menos del 0,5 por ciento cree que es buena. Los continuos planes impulsados por la Junta para corregir las altas cifras de desempleo, y los periódicos acuerdos de concertación suscritos con empresarios y sindicatos para cambiar la tendencia de las estadísticas no dan el resultado apetecido.

Si, como se cree, la estrategia del PSOE es querer que la futura presidenta de la Junta ejerza el cargo sin que ningún miembro del Ejecutivo esté «contaminado» por el escándalo de los ERE, en la práctica lo va a tener harto difícil. Ya lo ha advertido el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas. Una vez que Díaz tuvo despejado el camino para sustituir a Griñán, Rojas manifestó que «no puede abrir nuevos tiempos quien es y ha sido parte fundamental del aparato político del PSOE» como secretaria general de los socialistas en la provincia de Sevilla. En definitiva, está claro que los populares no van a permitir que la investidura de Susana Díaz se convierta en un «borrón y cuenta nueva».

El regreso del PP al Gobierno de la nación de la mano de Mariano Rajoy provocó asimismo la vuelta de la Junta a las andadas de la confrontación. Desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo de José Antonio Griñán ha acudido al Tribunal Constitucional para recurrir las medidas de ahorro de los ministerios de Sanidad y Educación, los horarios comerciales, las normas estatales en materia de energías renovables, las tasas judiciales o la Ley de Costas. Tampoco el Gobierno central se ha quedado quieto y además de recurrir el decreto «antidesahucios» de la Junta, ha puesto todo tipo de obstáculos, a través del Alto Tribunal, para dificultar la subasta de medicamentos o las oposiciones de profesores.