Griñán se marchará al Senado en cuanto deje la Presidencia de la Junta de Andalucía

Y es que el mismo día en el que está prevista la dimisión formal del presidente, el PSOE ha convocado la Comisión Ejecutiva Regional del partido, órgano que precisamente se encarga de designar a los senadores socialistas, lo que podría activar definitivamente la salida de José Antonio Griñán a Madrid, tal y como es su deseo, según fuentes socialistas.

La agenda del PSOE andaluz de la próxima semana no hace sino reforzar esta tesis, ya que el jueves 29, dos días después de la renuncia de Griñán, está prevista la convocatoria del Comité Director, que oficialmente presentará como candidata socialista a Susana Díaz para el debate de envestidura el próximo 7 de septiembre, y en el que ésta tomará el relevo al frente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, podría existir una segunda intención en la convocatoria de este Comité Director y es la de dar el visto bueno a la marcha de José Antonio Griñán al Senado.

Ya el pasado mes de julio, el número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, calificó de «razonable» que Griñán, –que seguirá siendo presidente federal y secretario regional del partido–, tenga «un espacio institucional» desde el que poder hacer aportaciones a la política nacional, abonando así los rumores de que el hasta ahora jefe del Gobierno andaluz, cuando abandone esa responsabilidad en septiembre, pasará a uno de los senadores autonómicos que le corresponden a Andalucía.

Su futuro judicial definirá el camino que seguirá el todavía presidente de la Junta de Andalucía. Su escaño como diputado lo mantendría blindado frente a las actuaciones judiciales de Mercedes Alaya de forma que, si la juez viera indicio de delito y decidiera imputarlo, sería entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el órgano encargado de encausarlo.

No obstante, si finalmente es nombrado senador en representación de la Comunidad Autónoma tal y como apuntan los movimientos apuntados por el Partido Socialista para la próxima semana, una imputación de Alaya por el caso de los ERE obligaría a pasar el caso al Tribunal Supremo, que sería el encargado de juzgarlo.