El Gobierno utiliza el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia

El día 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma. Mediante la disposición adicional tercera del texto publicado en el BOE, el Ejecutivo tomó la decisión de suspender e interrumpir «los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público» hasta que el real decreto o sus prórrogas carecieran de vigencia. Es decir, la Administración quedaba parada en pleno, también se estancaban los procesos de transparencia y acceso a la información ya abiertos. Pero Moncloa estableció una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras públicas -entre las que se incluye el Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones referidas «a situaciones estrechamente vinculadas» con el coronavirus. En definitiva, no era el momento de preguntar por el coste de los viajes oficiales de un ministro, pero sí se podía pedir al Ministerio de Sanidad que facilitara, por ejemplo, los contratos o el coste de las operaciones de compra de material sanitario suscritos durante estas semanas, unos datos, por otra parte, prácticamente imposibles de conseguir en este escenario.

Tan solo cuatro días más tarde, en la reformulación del texto normativo rubricada el 18 de marzo , el Gobierno modificó esta disposición adicional y dejó en manos de la propia Administración cualquier tipo de rendición de cuentas ante los ciudadanos, también si las preguntas estaban encaminadas a conocer más datos de la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en la crisis provocada por la pandemia. «Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios», reza la modificación del decreto, con el que el Gobierno se blinda para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia, ya que se entrega a sí mismo la potestad de decidir si quiere o no responder a una cuestión relacionada con el virus.

«El estado de alarma vacía absolutamente de contenido real el derecho de acceso a la información pública precisamente durante un periodo en el que es muy importante saber lo que está pasando», critica Miguel Ángel Blanes, uno de los mayores expertos en cuestiones de Transparencia de España, quien también considera que esta suspensión «no tiene ningún sentido en un estado democrático de derecho».

De manera paralela, se da otra situación que agrava la coyuntura. Como adelantaron El Confidencial y Voz Pópuli, Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma. El ministro, Salvador Illa, tampoco se prodiga a la hora de dar estos detalles en sus ruedas de prensa y la información queda guardada en un cajón.

Son muy numerosas las llamadas de atención que el Consejo de Transparencia, organismo garante de que se cumplan los preceptos de la ley de esta materia, ha realizado al Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente. La mayoría han sido desoídas, particularmente por el gabinete de Presidencia, lo que no habla demasiado bien del concepto de Transparencia que ejecuta Moncloa. Sin embargo, el cerrojazo a las funciones del Portal de Transparencia no es el primer ejemplo de opacidad informativa del Ejecutivo en esta crisis.

Un ejemplo es, como denuncian los diferentes grupos de la oposición, que hubiera que esperar hasta ayer para que el Gobierno se sometiera a la primera sesión de control en el Congreso tras el estado de alarma. Otro, el manifiesto que centenares de periodistas firmaron para exigir ruedas de prensa con capacidad para repreguntar y sin preguntas filtradas por Moncloa. Ahora, después de políticos y periodistas, le toca el turno a los ciudadanos, que se quedan sin armas para examinar la labor de la Administración.