La bronca de Transparencia al Gobierno: «Se recuerda la obligación de contestar en plazo las solicitudes»

Cuando se trata de ocultar información comprometida reclamada a través del Portal de Transparencia, Moncloa siempre sigue un patrón similar. Tras recibir la solicitud, el gabinete de Presidencia estira los plazos lo máximo posible antes de dar respuesta al reclamante. La primera respuesta suele ser negativa. Así, el ciudadano tiene dos caminos: rendirse o continuar demandando que se cumplan sus derechos a través del Consejo de Transparencia.

Si el organismo que vela por el cumplimiento de la ley de Transparencia atiende la petición, remite una resolución al Ministerio correspondiente para que enmiende su actuación y facilite los datos que negó previamente. Y es ahí cuando se suceden las advertencias al Gobierno. De un tiempo a esta parte, y concretamente en los casos relacionados con los viajes y el uso de medios públicos del presidente, es habitual que el Gobierno esquive la rendición de cuentas, lo que ha provocado reiterados reproches por parte del Consejo de Transparencia.

«Se recuerda a la Administración la obligación de contestar en plazo las solicitudes de acceso a la información que se presenten, a los efectos de hacer posible el ejercicio de un derecho de origen constitucional como en el que nos ocupa y la predisposición de colaborar lealmente con este Consejo de Transparencia para la averiguación de los hechos por los que se reclama», subraya la institución en una de las resoluciones en las que llama la atención al Gobierno para que facilite información que no debería ocultar.

El Consejo de Transparencia, no obstante, va un paso más allá e incide en la responsabilidad que debe tener el Ejecutivo con la sociedad. «La transparencia y el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos», recalca el Consejo en la misma resolución.