La Abogacía cede y pide que Junqueras ejerza como diputado europeo mientras sea inmune

Como adelantó ABC, la Abogacía reclama que se estime el recurso de Junqueras y se le deje salir de prisión para acreditarse como europarlamentario; pero a la vez respalda la validez de la sentencia del « procés » y solicita que se suspenda la inmunidad del dirigente secesionista lo antes posible.

Mientras tanto –durante los meses que tarde el Parlamento Europeo en retirar a Junqueras la inmunidad–, el órgano que dirige la asistencia jurídica al Estado solicita al Tribunal Supremo un equilibrio casi imposible: que Junqueras pueda ejercer como diputado europeo, y que a la vez siga cumpliendo la condena por sedición y se evite su fuga de la Justicia española.

La Abogacía admite, eso sí, que todo puede cambiar si la Junta Electoral Central (JEC) ejecuta la inhabilitación de Junqueras en base a la ley electoral, una situación que se estudiará el próximo viernes y que sería recurrible ante el Supremo. La Abogacía ya sostiene que eso debe rechazarse.

En el ámbito penal, son los siete jueces del tribunal del «procés», presididos por Manuel Marchena, quienes decidirán el impacto que la decisión europea tiene en el futuro inmediato de Junqueras, condenado a trece años de cárcel en una sentencia firme por su rol en el plan secesionista ilegal. Según ha podido saber ABC, los magistrados estudian la cuestión desde el 19 de diciembre, el día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) expresó su veredicto, y están incorporando a sus deliberaciones los argumentos que han aportado las partes. El informe de la Abogacía solo es eso: la visión de una parte, pero se ha convertido en un gesto político.

El TJUE, conocido como Luxemburgo por la ciudad donde tiene su sede, estableció que Junqueras debió gozar de inmunidad desde que fue proclamado parlamentario europeo, el pasado 13 de junio, sin ser necesario cumplir los requisitos internos . Un giro que cambió la doctrina fijada hasta entonces.

En aquel momento, el Supremo denegó al líder secesionista un permiso para salir de la cárcel y tomar posesión, al apreciar que eso generaba un « riesgo irreversible » para el proceso judicial en España. Junqueras estaba encarcelado entonces de forma preventiva, el juicio del «procés» había quedado visto para sentencia el 12 de junio y había comenzado la fase para dictar la sentencia . Para acreditarse, debía acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y acudir a la sesión inaugural del Parlamento Europeo.

La tesis de la Abogacía choca de frente con la posición de la Fiscalía , que considera que la condena firme supera el escenario de la inmunidad como europarlamentario, una prerrogativa que funciona para los primeros compases de un proceso, cuando se quiere abrir un causa a un representante político. El Ministerio Público pidió la semana pasada que se ejecute ya la pena de inhabilitación sobre Junqueras, que fue suspendida a la espera de la respuesta de Luxemburgo. La Abogacía invoca esa suspensión acordada por el Supremo para reforzar sus argumentaciones.

El escrito firmado por la abogada del Estado que representó al Gobierno en la causa del «procés», Rosa María Seoane, alega que el Supremo debe encontrar una fórmula que permita el cumplimiento de la condena de Junqueras y a la vez su misión como europarlamentario mientras no se suspenda su inmunidad. El Alto Tribunal, sostiene el órgano que depende del Ministerio de Justicia, debe articular «la forma en que se haga posible el desempeño por el Sr. Junqueras de su función representantiva , en tanto mantenga su estatus de parlamentario», según lo fijado por Luxemburgo.

Para lograrlo, la Abogacía considera que se deben aplicar las medidas que se estimen más adecuadas «para garantizar que la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias».

La Abogacía del Estado se desmarca , en cualquier caso, de la enmienda a la totalidad que planteó la defensa de Junqueras sobre la causa y defiende que la sentencia del «procés» se dictó «con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal». También argumenta que la elección de Junqueras como europarlamentario no debió suponer en ningún caso la paralización del caso.