La Fiscalía pide ejecutar la inhabilitación de Junqueras como eurodiputado

Antes de acordar su conclusión, el Tribunal Supremo ha otorgado un plazo de cinco días para que las partes implicadas presenten sus alegaciones. Esto incluye a la Fiscalía del Alto Tribunal, la Abogacía del Estado, Vox y la defensa del propio Junqueras.

Pocas horas después de conocer la decisión, la Fiscalía del Supremo ha elevado la voz para solicitar que se ejecute ya la pena de inhabilitación contra Junqueras , una condena que quedó en suspenso a la espera de la respuesta del TJUE. El Ministerio Fiscal argumenta que el exvicepresidente de la Generalitat se encuentra condenado en sentencia firme, una circunstancia que superaría el escenario que suscitó la pregunta al tribunal europeo.

Los cuatro fiscales del «procés» recuerdan que Junqueras fue proclamado electo por el Parlamento europeo el 13 de junio, un día después de que el juicio en el Supremo quedara visto para sentencia. Para que surta los efectos oportunos en las instituciones europeas, la Fiscalía reclama que se envíe al Europarlamento la sentencia .

En su sentencia, la Justicia europea ha establecido que un ciudadano proclamado electo por el Parlamento Europeo debe ser reconocido como tal desde ese momento, lo que implicaría levantar una medida cautelar como la prisión preventiva para asistir a la sesión inaugural en el órgano colegislativo europeo.

La resolución establece que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa por el Parlamento europeo cuando se encontraba en prisión provisional por delitos graves debe ser reconocido como eurodiputado aunque no haya sido autorizada a cumplir los requisitos previstos por el derecho interno, ni a desplazarse a la Eurocámara para participar en su primera sesión. Junqueras se encontraba encarcelado de forma preventiva mientras era juzgado por el «procés» para evitar su fuga, dado el precedente de Carles Puigdemont y otros huidos.

Aunque el TJUE contempla que Junqueras tenía inmunidad desde el momento de su elección (y no necesariamente desde que recogió el acta -trámite que el Supremo le negó-), el tribunal no entra en el alcance de esa inmunidad , que «se establece conforme a las prerrogativas» que cada Estado da a sus parlamentarios. De hecho, el TJUE afirma expresamente que le corresponde al Supremo definir los «efectos aparejados» de esta decisión en la situación de Junqueras.

En este sentido, es la Constitución española la que marca los límites de la inmunidad de un parlamentario español , que no podrá ser «inculpado ni procesado» sin previa autorización de la Cámara correspondiente. En el caso de Junqueras fue al revés: él ya se encontraba procesado, al existir indicios sólidos contra él, cuando después decidió presentarse a las elecciones europeas.

En la sentencia del «procés», lo magistrados concluyeron que Junqueras encabezó el plan para alcanzar la independencia por las vías ilegales, alentando tumultos contra las Fuerzas de Seguridad y pisoteando las normas y las resoluciones de los tribunales.

Por otra parte, el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», que reactivó la euroorden de detención contra Carles Puigdemont , ha dado hoy un plazo de cinco días al expresidente catalán para que presente alegaciones sobre su situación.

La Fiscalía, las acusaciones particular y popular, y las defensas de Carles Puigdemont y Antoni Comin deberán formular alegaciones tras la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de Unión Europea en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras, al poder tener la misma incidencia en relación a dichos procesados rebeldes.