El Supremo avala el acuerdo de la JEC que suspendió a Junqueras como eurodiputado

La Junta Electoral había declarado el pasado 3 de enero la pérdida de la condición de europarlamentario de quien fue número dos de Puigdemont en aplicación automática del artículo 6.2 de la ley electoral. Este precepto establece que «son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena». Junqueras consideró que el acuerdo de este órgano vulneraba sus derechos políticos, por lo que había pedido al Alto Tribunal su suspensión como medida cautelarísima.

Los magistrados señalan por unanimidad que, en relación a la petición de suspensión cautelarísima, debe ponderarse en el otro lado de la balanza una sentencia penal del Tribunal Supremo . Y en este momento, dicen, «es preponderante la circunstancia objetiva de que se ha dictado la sentencia firme de 14 de octubre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Añade que el rechazo a la medida cautelarísima de suspensión no vulnera los derechos fundamentales invocados por Junqueras ni el derecho de la Unión a la luz de la propia sentencia del TJUE de 19 de diciembre que menciona el recurrente.

«La prevalencia obligada a la jurisdicción del orden penal impiden a esta Sala adoptar decisiones que pudieran interferir en la ejecución de una sentencia penal firme o entorpecer la eficacia de sus pronunciamientos «, dice la Sala Tercera.

El líder de ERC fue condenado por el Tribunal Supremo por sedición y malversación a una pena de 13 años de cárcel y fue inhabilitado durante el mismo periodo de tiempo. Y aunque fue elegido eurodiputado siendo preso preventivo , la JEC considera que se puede perder esa condición de forma «sobrevenida» . Los miembros de la junta que votaron en contra de su inhabilitación eran partidarios de esperar al pronunciamiento del Supremo sobre la inmunidad de Junqueras, una resolución que la Sala Segunda podría hacer pública en las próximas horas y en la que determinará el alcance que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede tener en el líder independentista en lo que a su inmunidad se refiere.

El mismo día que la Junta Electoral Central decidía sobre Junqueras, acordaba también la inhabilitación de Joaquim Torra como diputado autonómico y dejaba en manos del Parlament la decisión de dejarle seguir como presidente pues ambos cargos están ligados. En su caso la Junta aplicó el apartado 2 de la Loreg, que establece que «son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».