Castro mantiene la imputación de la Infanta Doña Cristina en su auto de conclusión

En su auto, Castro considera a la Infanta como presunta cooperadora necesaria para los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008, por un montante total de 337.000 euros. Este presunto fraude se habría llevado a cabo a través de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían los Duques de Palma al 50 por cien. El supuesto delito de blanqueo estaría relacionado, en este sentido, con los gastos particulares pagados con las tarjetas de crédito de Aizoon.

El juez propone que Urdangarín y Torres sean juzgados por ocho delitosPor lo que respecta a Urdangarín y a Torres, el juez propone que sean juzgados como presuntos autores de ocho delitos , en concreto, malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y delito fiscal. El juez considera que el Instituto Nóos, que ambos dirigían, habría conseguido contratos con diversas administraciones de forma irregular y que los fondos obtenidos se habrían destinado a fines ilícitos.

A partir de este momento, las distintas partes personadas disponen de 20 días para presentar sus propios escritos de acusación, solicitando bien la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento para las personas encausadas. El auto de Castro no es firme, por lo que se puede recurrir. La imputación de la Infanta será recurrida por sus abogados y por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que tendrá que ser finalmente la Audiencia Provincial de Palma la que se pronuncie sobre este punto concreto.

Castro imputó por primera vez a Doña Cristina el 3 de abril del pasado año. En aquella ocasión, la fecha fijada inicialmente para la declaración era el 27 de abril. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach recurrió de inmediato aquella iniciativa judicial, que quedó paralizada provisionalmente. Con posterioridad, la Audiencia Provincial dictó un auto el 7 de mayo en el que acordó suspender la primera imputación de la Infanta.

Con posterioridad, el juez imputó de nuevo a Doña Cristina el 8 de enero de este año, decisión que no fue recurrida. Finalmente, la Infanta compareció ante Castro el pasado 8 de febrero. Durante su declaración, negó tener conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas por su marido al frente del Instituto Nóos o de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían los Duques de Palma al 50 por cien.

En cambio, la Infanta sí reconoció ante el juez que a mediados de 2005 el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, pidió a Urdangarín que se desvinculase del Instituto Nóos. «Por razones estéticas y de imagen, no se veía bien que mi marido trabajase con administraciones públicas», explicó.

Castro le preguntó también a la hermana del Rey por el préstamo de 1,2 millones de euros que le hizo Don Juan Carlos, en 2004, para que el matrimonio pudiera comprar la casa barcelonesa de Pedralbes. El magistrado consideraba que podría ser una donación, según consta en un correo electrónico del contable Marco Tejeiro. « Fue un préstamo y tengo toda la intención de devolvérselo », contestó Doña Cristina, en referencia a las dos transferencias de 600.000 euros hechas por su padre unas semanas antes de la compra de la vivienda ubicada en la calle Elisenda de Pinós

El juez también se interesó por el traslado de la sede social de Aizoon, de un despacho de la calle Balmes a una estancia de la finca de Elisenda de Pinós. «Era más cómodo tener las oficinas en la casa», aseveró.

Sobre el arrendamiento, el magistrado señaló que la Agencia Tributaria había calificado de «ficticio» el contrato. «Yo confiaba en mi marido y mi marido ha hecho las cosas de la mejor manera posible y confío en que lo ha hecho bien, si está asesorado de una manera o estuvo asesorado de una manera o de otra, lo desconozco», respondió Doña Cristina en este punto.