Sin rumbo en la política económica y fiscal

Esta semana hemos visto varios ejemplos. El más importante, el freno al impuesto a las energéticas que, según anunciaron las empresas afectadas, supondría la paralización y deslocalización de inversiones. Pero como el Ejecutivo tiene que contentar a todos sus socios, pretende aprobar el lunes un decreto ley para volver a recuperar el impuestos. ¿Pero se puede crear un impuesto con un decreto? La lógica jurídica dice que no, que es necesaria una ley. ¿Y se puede prorrogar? Eso, en teoría sí se podría hacer. Y aquí entra en vigor la picaresca. Desde el PP se pedía el pasado jueves que se acelerara lo máximo posible la publicación en el BOE del paquete fiscal. ¿Por qué? Para que decaiga el impuesto antes de que se apruebe el decreto. El Gobierno no está por la labor, y desde las energéticas se piensa que se retrasará lo máximo posible su publicación precisamente para tener el efecto contrario, que no siga vivo y que solo haya que prorrogarlo. Además desde el Gobierno juegan a decir que es un gravamen y que para aprobar un gravamen no hace falta una ley.

En todo caso, lo cierto es que a estas alturas del año, las empresas energéticas no saben lo que va a pasar con el impuesto.

Lo mismo ocurre con la jornada laboral. Yolanda Díaz y los sindicatos han firmado un pacto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a partir de 2026, pero el acuerdo no es que no tenga el apoyo de la patronal, es que no se ponen de acuerdo ni dentro del propio Gobierno. Estos últimos días el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se alineaba más con las posiciones empresariales y con la necesidad de aplicar la medida con más calma. Incluso se ha barajado que podría incluirse en el próximo acuerdo de negociación colectiva, junto con las recomendaciones de incrementos salariales.

Y este cambio sí necesita una ley y sus correspondientes apoyos parlamentarios, y en este momento, el Gobierno los tiene. El líder de UGT, Pepe Álvarez, se desplazó incluso hasta Waterloo para negociarlo con Puigdemont, aunque me parece que, de momento, sin mucho éxito. Porque por mucho que se haya desvirtuado Junts, con su apuesta independentista, lo cierto es que siguen siendo los herederos de la antigua Convergencia, un partido de la burguesía catalana, económicamente de derechas, que, en principio a quien escucha es a la patronal más que a los sindicatos.

Así aquí están miles de empresarios y millones de trabajadores sin saber qué va a pasar con la organización de su trabajo.

Pero no son estos los únicos cambios que se han introducido esta semana en leyes gubernamentales. Así, por ejemplo, en la ley del desperdicio alimentario PP y Junts han incluido enmiendas para que la obligación de donar los desperdicios a ongs no afecte a los negocios de 1.300 metros cuadrados. En esta misma ley, y aunque sin tener nada que ver, se recupera la posibilidad de que el campo pueda usar contratos temporales, también con una enmienda de populares e independentistas catalanes. Podríamos pensar que las enmiendas introducidas son positivas y nos ahorrarán unos euros a las empresas y a los consumidores, pero lo que dejan entrever es que la política económica y fiscal va dando tumbos y no tiene rumbo.