Trump lanza a la UE a por nuevos socios y acelera el pacto con Mercosur

El elemento disruptivo ha sido Donald Trump y su agresiva política arancelaria, que ha terminado de convencer a la UE de que necesita nuevos aliados comerciales ante unos Estados Unidos en retirada y un mundo cada vez más proteccionista.

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Aunque Trump ha dado marcha atrás en el tramo más gravoso del arancel a los Veintisiete y lo ha dejado en el 10% –solo durante noventa días–, parece claro que las tasas van a quedarse, como lo hicieron, por cierto, los gravámenes por el caso Airbus durante el mandato demócrata (Biden solo los suspendió hasta 2026). En este escenario, Europa necesita nuevos espacios de libre comercio para vender sus productos manufacturados y, no menos importante, para asegurarse el flujo de materias primas y ganar autonomía frente a Rusia y China; y de un tiempo a esta parte ha apretado el acelerador para conseguirlo.

En febrero de 2024 el Parlamento Europeo ratificó la modernización del acuerdo de libre comercio con Chile (en vigor desde 2003). Paralelamente, la Comisión negociaba la renovación del pacto con México (en vigor desde el 2000), que en enero de este año fue definitivamente firmada para que pase también a ratificación. Un mes después, el 28 de febrero, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció desde Nueva Delhi que pretende tener cerrado un acuerdo con la India antes de que acabe el año.

Ni siquiera había pasado un mes desde esa promesa cuando el negociador jefe de la parte europea, Christophe Kiener, tuvo que reconocer que la dificultad de las discusiones –en parte por la incapacidad de India de cumplir con las normas de sostenibilidad de la UE– obligaría a agotar el calendario, pero, en cualquier caso, y visto que la negociación con Mercosur duró más de veinte años, la mera intención de acabar el trámite en menos de doce meses muestra a las claras que la UE tiene prisa por cerrar acuerdos.

La lista de potenciales mercados a arancel cero sigue con Indonesia, Filipinas, Malasia o Corea del Sur, países con los que el Ejecutivo comunitario –que ostenta en exclusiva las competencias de comercio en la UE– negocia la renovación de viejos pactos o la formalización de nuevos.

Y por supuesto, Mercosur, que es la única alianza que falta por sellar en Iberoamérica. Si los Veintisiete aprueban el documento que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron con la Comisión en diciembre, tendrán acceso a todos los países del continente (excepto Cuba y Venezuela) o lo que es lo mismo a un 95% del PIB de la región. Esto situaría a la UE en clara ventaja frente a EE.UU. o China, que solo pueden acceder en condiciones de libre comercio al 44% y el 14% del PIB de Iberoamérica respectivamente.

En el caso de Mercosur, lo que está sobre la mesa son 270 millones de compradores potenciales a los que vender automóviles sin pagar el 35% de arancel vigente, maquinaria industrial (14-20%) o medicamentos (14%), entre otros bienes de alto valor añadido. Y no menos importante, la UE reduciría su dependencia de China y Rusia en materias primas críticas. En el caso de Sudamérica, lo que puede ofrecer es litio, cobre o platino, materiales clave para la descarbonización, las renovables y la industria tecnológica.

Hasta aquí lo bueno, pues la parte polémica es la que atañe a los agricultores y ganaderos. La diferencia entre el acuerdo con Mercosur y los que Europa negocia con otros (por ejemplo, India), o su similitud con el que firmó con Marruecos en 2012, es que contiene un capítulo agrario que ha enfadado al campo. Brasil y Argentina son potencias productoras de carne –potencialmente, de más productos agrarios, advierten los sindicatos europeos–, y lo hacen a un precio entre un 20% y un 40% más barato que en Europa. La Comisión se defiende argumentando que los productos considerados 'sensibles' han quedado sujetos a cuotas (cantidades máximas libres de arancel) de en torno al 1% del total de las importaciones, pero a los ganaderos no les vale y durante estos años de brega han conseguido arrastrar a su posición a virtualmente todas las organizaciones agrarias europeas y a varios gobiernos; Francia, Polonia, Italia, Austria, Irlanda y Holanda se cuentan entre los que se han opuesto al pacto. Sin embargo, y como ya se ha avanzado, el 'efecto Trump' parece estar alterando las cosas.

El pasado uno de abril, el ministro de Economía galo, Éric Lombard, dio la sorpresa al afirmar que la guerra comercial lanzada por EE.UU. «debe llevarnos a acelerar las discusiones en favor de Mercosur». Su Gobierno tardó menos de una semana en desmentirlo, pero, como explica a ABC Tomás García Azcárate, que hasta 2015 ostentó puestos de responsabilidad en la Comisión Europea, el desliz de Lombard sacó a relucir una diferencia de opiniones en el seno del Ejecutivo francés. «Lombard pertenece al sector más técnico del Gobierno, que tiene claro su apoyo a Mercosur porque el razonamiento económico es irrebatible», apunta este experto. El problema de Macron, matiza, es su «debilidad política» y su dependencia de los sindicatos agrarios, que en Francia tienen un poder omnímodo. Y esto, añade Azcárate, se debe al sistema electoral del país vecino. A diferencia de lo que ocurre en España, es mayoritario y por tanto beneficia a los candidatos más aventajados en las circunscripciones rurales, y estos acostumbran a ser los que atienden las demandas del campo.

La llamada a la abstención del sindicato agrario Fnsea –el principal en Francia–, recuerda Azcárate, fue una de las razones que explican la victoria de Mitterrand frente a Giscard d'Estaing en las elecciones de 1981; y Macron lo sabe bien. En conversación con ABC, el investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud añade esto: el Gobierno Macron censuró al ministro de Economía «porque no podía hacer otra cosa».

Mientras esto ocurre, unos otrora opositores del acuerdo cambian de opinión –caso de Austria por boca de su ministro de Economía– y otros avanzan hacia posiciones más ambiguas, caso de Italia. A inicios de diciembre, la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que aún estaba «estudiando» el redactado, y unos días después pidió más garantías para sus agricultores. El argumento es similar al que emplean las principales organizaciones agrarias españolas –Asaja y Coag–, que aseguran a este diario que no se oponen al libre comercio pero sí a las condiciones concretas del pacto con Mercosur.

El problema es que cualquier modificación del texto pasa por una reapertura de las negociaciones, cosa que la Comisión Europea ya ha dejado claro que no está dispuesta a hacer, tras veinte años de duras negociaciones al otro lado del Atlántico. Según explican fuentes del Gobierno a ABC, el Ejecutivo Von der Leyen cree que, si se reabriera el texto, probablemente sería para empeorar las condiciones. Es decir, que el documento que la Comisión va a remitir al Consejo Europeo –antes de que termine 2025– va a ser un 'todo o nada'. En ese momento crítico, explica Carlos Malamud, la clave estará en si Italia abandona a Francia, aunque este experto apunta a que –y cita fuentes del Gobierno galo– el ejecutivo Macron «ya sabe que se va a aprobar».

Visto esto, es razonable preguntarse si el acuerdo con la India va a ser igual de polémico o por qué no lo ha sido hasta ahora, pues implica a una potencia de 1.400 millones de habitantes. ABC ha preguntado al responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, que asegura que por el momento no es preocupante porque fuentes de la Comisión aseguran que los productos agrarios estarán excluidos. En cualquier caso, lo seguirán «de cerca», advierte Castilla.