Los tonos grises de la nueva ley verde europea contra la deforestación

Considera que esta normativa va a impulsar la creación de un mercado más sostenible en el que las empresas más responsables contarán con una posición ventajosa y, por tanto, con una mejor reputación que sus competidores. «Esto a su vez les ayudará a atraer nuevos consumidores y fidelizar aquellos que ya tenían, viendo así recompensada la inversión en innovación», añade. Aunque advierte que en un primer momento y hasta que se empiecen a ver resultados, las empresas tendrán que asumir los costes para implementar los sistemas de control y certificación requeridos por la nueva normativa, y muchas empresas, sobre todo las pymes, no podrán hacer frente a estos gastos.

Aunque aún es pronto para cuantificar o anticipar un posible impacto, todo este proceso de adopción de nuevos procesos y la necesaria inversión en distintos departamentos (tecnológico, gestión, logística, entre otros) supondrán un incremento de costes que podría acabar repercutiendo también en el ticket de compra y el bolsillo del consumidor, afirman desde la Fundación Copade.

Pero los expertos subrayan que la ley trae tanto retos como nuevas oportunidades para la empresas. Entre las ocasiones de futuro, Teresa Royo, socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, destaca la posibilidad para las empresas de fortalecer la sostenibilidad de sus operaciones, mejorar su reputación corporativa y acceder a mercados que valoran productos libres de deforestación. «Además, permite la trazabilidad de determinadas materias primas, que ayuda por otro lado, a cumplir otras normativas relacionadas que exigen un control mayor de los impactos de las operaciones en la cadena de aprovisionamiento, como puedan ser las emisiones de gases efecto invernadero asociadas a la producción y transporte o los impactos sobre los derechos humanos», añade. También habla de desafíos, como la necesidad de ajustar sus cadenas de suministro o asumir costes adicionales a corto plazo para cumplir con las nuevas regulaciones.

«Adaptarse a esta normativa requiere un esfuerzo significativo, pero puede resultar beneficioso a largo plazo para aquellas empresas comprometidas con la sostenibilidad y fortalecer la confianza de los consumidores, cada vez más sensibles a las prácticas de las compañías», afirma.

La idea de la normativa es influir directamente en la elección de productos, principalmente porque al restringir el acceso al mercado de los productos que no cumplan con la normativa, los consumidores elegirán indirectamente opciones más sostenibles. «Estas restricciones impulsarán a los productores y empresas a adoptar prácticas más sostenibles para acceder al mercado, promoviendo una transformación hacia cadenas de suministro más responsables y transparentes», explica Corella. Tal y como recuerdan desde KPMG, es una reglamentación obligatoria, por lo que se puede esperar que no se comercialicen productos que no cumplan las exigencias. «Además se prevé un control por parte de las autoridades. En todo caso, los consumidores podrían optar por productos que garanticen una producción sostenible y libre de deforestación, lo que podría afectar la demanda y oferta en el mercado», indica Teresa Royo.

Alicia Fernández Vilas, socia y directora de Sostenibilidad Ambiental de Valora Consultores, recuerda que las principales materias primas que se verán afectadas serán la madera, el caucho, el cacao, el café, la soja, el bovino y el aceite de palma, «lo que implica que también aplique a algunos productos derivados como el cuero, el chocolate, el mobiliario y el material de papelería. El reglamento, en su anexo I, define qué productos están incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, de acuerdo con una lista de códigos aduaneros de la UE».

Ante esta nueva ley cabe preguntarse por la ambición de la misma y sobre todo por su implementación ya que medidas estrictas en un corto periodo de tiempo puede entenderse como una meta inalcanzable para los que tienen pocos medios. «La necesidad de conocer el origen de los productos y asegurar su trazabilidad debe ser logrados a través de medios técnicos adecuados, y en eso se está actualmente, tanto por parte de la UE como por las empresas», explica la socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España.

Los esfuerzos están dirigidos a implantar sistemas de debida diligencia, que mejoren la información acerca de las materias primas afectadas, y utilizar herramientas tecnológicas que permiten mejorar la trazabilidad y manejar gran cantidad de información combinando sistemas de geolocalización de las parcelas afectadas por la deforestación. «Por lo que respecta a las sanciones, pueden generar preocupación en las empresas que temen no poder adaptarse a tiempo. En este sentido la reglamentación indica que las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias», reflexiona Royo.

Marta Corella, por su parte, recuerda que la aplicación de esta normativa no es sencilla y presenta muchos desafíos, «pero debemos recordar que esta ley responde a una urgencia medioambiental que requiere de medidas drásticas, así como del apoyo por parte de toda la comunidad internacional, en especial de los países productores». Desde Copade no esconden que las pymes cuentan con una gran desventaja frente a la nueva normativa debido a varios factores, «pero el problema reside principalmente en que implementar sistemas de trazabilidad, certificación y auditoría para asegurar la procedencia de los productos es muy caro. Además de asumir estos gastos, tener una capacidad logística y unas infraestructuras más limitadas complican mucho el proceso de adaptabilidad a los nuevos estándares». Iniciativas como la Huella ASG de Copade ofrecen una solución para las pymes al ayudarles a medir su impacto social y ambiental.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU lleva tiempo pidiendo la aprobación y, ahora, la aplicación de esta normativa. «Las personas consumidoras tienen cada vez más conciencia a nivel ambiental y la protección de los bosques es una de las mayores preocupaciones, pero es tremendamente complicado conocer qué productos causan o no deforestación cuando vamos a comprar. Los consumidores reclaman que les sea más sencillo adquirir productos libres de deforestación», afirma Eduardo Montero, responsable del área de Alimentación de CECU. Asegura que el principal beneficio de esa normativa es que dejarán de venderse muchos de los productos causantes de deforestación y, por tanto, los consumidores «podrán tener más sencillo tomar decisiones de compra mucho más sostenibles y responsables».

Recuerda que la Alianza Cero Deforestación, en la que participa CECU, lleva reclamando tiempo que se incluyan más materias primas (maíz y otros tipos de carne) y más ecosistemas (como praderas, turberas y humedales). «Próximamente habrá una revisión a nivel europeo y esperamos que algunas de estas cuestiones puedan aplicarse», puntualiza. Montero resalta los datos de una encuesta realizada a nivel europeo en 2022 donde el 93% de la población española apoyaba una ley contra la deforestación que obligue a las empresas a dejar de vender productos causantes de deforestación y matiza que «además cuenta con el amplio consenso de personas de todas las ideologías». No cree que sea difícil su aplicación pero habla del papel clave de las diferentes administraciones públicas, que tienen que garantizar los diferentes mecanismos y disponer de los recursos económicos y técnicos necesarios.