Los sindicatos amenazan con otra huelga general por el retraso de la jubilación

La de Madrid era una de las 40 protestas convocadas en toda España para volver a advertir al Gobierno que el conflicto social irá en aumento si decide llevar a cabo su plan de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Los sindicatos enmarcan estas manifestaciones en la campaña de movilizaciones que iniciaron con la aprobación de la reforma laboral, primero con la celebración de la huelga general el pasado 29 de septiembre, después con asambleas y concentraciones el pasado miércoles, y hoy con protestas en las principales capitales de provincia. Con todos estos actos, CCOO y UGT quieren hacer recapacitar al Gobierno sobre su reforma laboral y darle un toque de atención importante respecto a la reforma de pensiones.

Aunque el Pacto de Toledo no ha llegado a un acuerdo sobre la ampliación de la edad de jubilación, el Gobierno sigue insistiendo en que es una fórmula necesaria para garantizar a futuro el sistema de la Seguridad Social. Pero los sindicatos han dicho que por ahí no pasan y que si el Gobierno se empecina en 'colar' esta medida en 'decretazo' se arriesga a que las movilizaciones sindicales pasen a mayores, es decir, que no descartan volver a convocar una huelga general en el caso de que la edad legal de jubilación se fije en 67 años, frente a los 65 años actuales.

A la espera de cómo quedará este asunto el próximo 28 de enero, cuando se apruebe la reforma de pensiones según el plazo fijado por el Gobierno, CCOO y UGT no se han quedado de brazos cruzados y han registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso para tratar de modificar los aspectos más lesivos de otra de las iniciativas del Ejecutivo, la reforma laboral. Los sindicatos se quejan de que esta ley está produciendo el efecto contrario al que se pretendía, pues en lugar de reducir la temporalidad, la está incrementando, a lo que se une que tampoco está contribuyendo a la creación de empleo.

CCOO y UGT entienden que las medidas de ajuste que ha adoptado el Gobierno y cuya última expresión ha sido la eliminación de la ayuda de 426 euros a parados sin ingresos no son más que un intento de contentar a los mercados financieros para tratar de ganar algo de credibilidad en el exterior.

Los sindicatos esperan que sus movilizaciones sirvan para que el Gobierno recapacite sobre todo esto y dé marcha atrás en algunas cuestiones de calado, como la reforma laboral, la ampliación de la edad de jubilación, la supresión de los 426 euros o el nuevo frente que podría abrir el Gobierno si sube el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2011 por debajo de la inflación.