Sánchez plantea «rediseñar» el impuesto a las energéticas y Hacienda replica que aún deben «evaluarlo»

Sánchez confirmó ayer en Antena 3 que trabajan en el «rediseño» del gravamen. Cada vez ven más complicado mantener la postura de que el sector recibe beneficios caídos del cielo, aunque no solo este asunto apunta a haber influido en la modificación del mensaje. «¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive, estas grandes inversiones en energía renovable», señaló en la entrevista.

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Es la segunda pata de sus palabras, la de las inversiones, la que llama la atención a la vista de cómo se han pronunciado y actuado las energéticas en los últimos meses. La política impositiva del Gobierno, no solo respecto a este gravamen, ha sido sobradamente criticada por el sector desde el inicio, pero el tono ha aumentado últimamente llegando a amenazar con parar o trasladar inversiones. Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha sido de los más claros en su rechazo a la política impositiva del Ejecutivo, habiendo llegado a hablar de trasladar inversiones a Portugal y Francia si en nuestro país no se da un marco de estabilidad y seguridad jurídica. No es la primera vez que lanza amenazas similares al Gobierno, ya sean sobre este impuesto o sobre otras figuras, como las relativas a la imposición sobre el hidrógeno.

Otro caso es el de Iberdrola. La energética presidida por Ignacio Galán acaba de reforzar su apuesta por Reino Unido en su hoja de ruta de inversión. Serán cerca de 14.000 millones de euros después de haber destinado este año más de 2.300 millones, principalmente a redes eléctricas y a proyectos renovables. Galán destacó recientemente que «contando con marcos regulatorios estables y predecibles en el Reino Unido, estamos más comprometidos que nunca a seguir impulsando nuestras inversiones en redes y renovables». Unas palabras entendidas como que invierten en las jurisdicciones estables y seguras, frente a lo que existe en España.

Endesa, por su parte, también ha insistido desde el lado de la inversión sobre la traba que supone este gravamen para apostar por el país, aunque más comedida que otras empresas. José Bogas, su CEO, señaló que para invertir necesitan dinero y que «no tiene sentido» pagar el impuesto.

Más allá del sector energético, desde el lado político también han llegado críticas a cómo está configurado el impuesto temporal. Concretamente, desde el PNV. El grupo vasco, muy bien relacionado con Repsol e Iberdrola, cargó contra el gravamen hace apenas unos días. «Lo que está claro es que tal y como está ese gravamen es una mercancía averiada», indicó el presidente de la formación Andoni Ortuzar. Una llamada clara al Gobierno central para que rediseñen el impuesto.

La vertiente del sector y la del PNV se sitúan como presiones para que, por un lado, no se pongan palos en las ruedas a las inversiones y, por otro, se replantee el gravamen. Pero la pata de los argumentos del impuesto se resquebraja por momentos.

El Gobierno justificó el gravamen en los beneficios caídos del cielo del sector en 2022. Ahora el panorama es muy distinto, como también reconoce el Gobierno, y la Comisión Europea, a la que han usado como escudo en varias ocasiones para justificar esta medida. En un informe de finales de noviembre de este año, Bruselas constató que las energéticas, en los mercados de energías fósiles, «han experimentado una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022».

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, también planteó hace tres días que aquellas ganancias extraordinarias ya no se estan dando, abriéndose a replantear el gravamen. «Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. Ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa», dijo en una entrevista con Efe.

Con todo, la maniobra que pretende Sánchez podría toparse con reticencias en el seno del Consejo de Ministros. El Ministerio de Hacienda se distancia en cierta manera del planteamiento del presidente de «rediseñar» el gravamen.

Lo que plantean desde el departamento dirigido por María Jesús Montero, ahora también vicepresidenta, es que todavía hay que «evaluar» el impuesto, ver qué sale de ese análisis y después actuar en consecuencia. Algo que contrasta con que Sánchez y Ribera casi estén dando por hecho que el argumento del gravamen se tambalea.

El otro flanco que deberá manejar el presidente del Gobierno es el de su socio principal, Sumar. El partido de Yolanda Díaz no ha puesto sobre la mesa el replanteamiento del impuesto y, como en otros asuntos, hará valer el acuerdo firmado con el PSOE. «Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar», reza el documento firmado entre ambos partidos.

El objetivo de todo ello es hacer permanente el impuesto a las energéticas, aunque según se concrete el rediseño al que ha abierto la puerta Sánchez podría generar fricciones en el Gobierno.

Aun así, todo apunta a que los cambios que se puedan producir en el gravamen -ahora temporal- no han de ser inmediatos ya que todavía queda margen de tiempo para actuar. El impuesto estaba configurado para ser recaudado en 2023 y 2024. Este año la recaudación solo por esta figura asciende hasta los 1.640 millones de euros, una cifra que esperan que se mantenga el próximo ejercicio.

Al mismo tiempo que se aprobó esta figura se dio luz verde también al impuesto a la banca, con argumentos muy similares. Entre ambos gravámenes han recaudado unos 2.900 millones de euros este ejercicio, pero en el caso de las entidades financieras nada se ha hablado de acometer modificaciones.