El plan de la UE para la futura PAC deja a cerca de 150.000 jubilados sin ayudas

Esta es una de las grandes novedades que contiene el borrador del presupuesto comunitario –el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP)– para el período 2028-2034, que la Comisión presentó el pasado mes de julio, dando el pistoletazo de salida al período de negociación. La otra es el recorte presupuestario del 20% que va a sufrir la PAC (30% si se tiene en cuenta la inflación), que provocó una furibunda reacción de las organizaciones agrarias, tanto como para que el veto a los jubilados haya pasado de tapadillo en el debate público, a pesar de que afecta a un colectivo que actualmente forma el grueso de los perceptores de los fondos.

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Xavier Vilaltella

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En España, la medida afectará a alrededor de 150.000 agricultores que, de media, reciben 4.200 euros anuales, según datos de 2023 del Ministerio de Agricultura. La cifra es una estimación, pues el departamento que dirige Luis Planas no ofrece información sobre cuántos solicitantes de las ayudas son pensionistas, pero fuentes del sector explican a ABC que incluso podría quedarse corta, puesto que el 40% de los beneficiarios de la PAC son mayores de 65 años.

Exactamente, se trata de 222.449 personas que en 2023 recibieron 936 millones de euros en ayudas directas. Y añádanse a estos otros 32.129 'séniors' que ese año percibieron fondos de Desarrollo Rural, un 20% del total. Si se tiene en cuenta que solamente 19.422 personas en ese tramo de edad constan como afiliados del sector agrario en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (datos de 2024), se desprende que el resto de beneficiarios están compatibilizando la subvención agrícola con una pensión o, como explica a ABC Ignacio Atance, que fue Subdirector General de Planificación de Políticas Agrarias –el organismo en el seno de Agricultura que elaboró el último Plan Estratégico de la PAC–, son empleados o pensionistas de otros sectores que tienen alguna finca en propiedad.

Sea como fuere, cerca de la mitad de las ayudas se destinan a personas que están jubiladas o cerca de la jubilación, un dato que ilustra el fracaso del programa de la PAC estrenado en 2023 (el que está vigente), que tenía entre sus objetivos rejuvenecer al campo y orientar las ayudas hacia los profesionales. Para lograrlo, entonces se impusieron algunas restricciones para acceder a los fondos; por ejemplo, que los solicitantes pudieran demostrar que un 25% de su renta procedía del campo. La estrategia no funcionó, así que Bruselas ha optado por la solución más drástica, aunque también sea la más dolorosa. A partir de ahí, está por ver cuál es la reacción de las organizaciones agrarias. Según fuentes del sector, es posible que su respuesta sea menos virulenta de lo que podría esperarse, pues la presencia de tantos pensionistas entre los receptores de las ayudas disgusta incluso en el seno de los sindicatos agrarios.

En cualquier caso, y en opinión de Atance, mientras la trifulca política se centra en el presupuesto, es posible que la Comisión logre sacar adelante una medida que sin duda alterará el mundo rural y que, por cierto, plantea dudas dado su difícil acoplamiento con la realidad de un sector que se envejece a marchas forzadas. En España, el 41% de los agricultores tiene más de 65 años y el 51% está entre los 40 y los 64.

Más allá del recorte presupuestario, la otra gran novedad que trae la propuesta de la Comisión Europea para la PAC del período 2028-2034 es un cambio en el modo de gobernanza que, en España, se traducirá en una sustancial pérdida de peso político para el Ministerio de Agricultura en el seno del Gobierno. Hasta ahora, la política agraria contaba con una partida presupuestaria propia, de modo que correspondía a los ministros de Agricultura de los Estados miembro decidir cómo gastar el dinero.

Sin embargo, en el nuevo esquema que propone Bruselas el montante de la PAC formará parte de un paquete en el que también se incluirán los gastos para defensa o los fondos de cohesión. A partir de ahí, corresponderá a los Estados miembro distribuir los fondos, con algunos límites; por ejemplo, que al menos 300.000 millones del total que reciban los países se invierta en el sector agrario.

En cualquier caso, y como explica Ignacio Atance, ya no sería el ministro de Agricultura el interlocutor principal, sino Presidencia del Gobierno o el Ministerio de Economía. Y esto, según este experto, puede acabar influyendo en las políticas que se lleven a cabo, por ejemplo, por el cambio que introducirá en el modo de negociar con las CC.AA. Si las autonomías tienen que solicitar fondos a La Moncloa y no a Agricultura, es posible que en el reparto del dinero intervengan los intereses de otros departamentos que nada tienen que ver con la agricultura.