Planas fracasa en su intento de blindar al campo frente a las ventas a pérdidas

Ese artículo 12 ter. obliga a todos los actores de la cadena alimentaria (supermercados, cooperativas, intermediarios e industria agroalimentaria) a «pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador», se lee en el texto. A su vez, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- es la encargada de vigilar el cumplimiento de la norma e imponer las sanciones, que oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros, aunque llegan hasta el millón para los reincidentes.

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En su momento, el Gobierno vendió la iniciativa como un hito, y de hecho lo fue porque respondía a una reivindicación histórica del sector agrario. Sin embargo, todos los expertos consultados por ABC coinciden en la dificultad de que el departamento que dirige Luis Planas logre imponer una sola de estas multas. Precisamente, en mayo de este año la Audiencia Nacional puso en tela de juicio la premisa en la que el Gobierno sostiene esa prohibición al anular una sanción de 66.000 euros impuesta a Mercadona en 2022 por comprar leche por debajo del precio de coste. Según el juez, porque el ministerio generó «indefensión» a la empresa que dirige Juan Roig al ocultar los datos que utilizó para calcular ese precio. Y este, precisamente, es el quid de la cuestión, la dificultad de establecer un valor de referencia para los bienes en un mercado libre.

Según explica a ABC Tomás García Azcárate, que hasta 2015 ocupó puestos de responsabilidad en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, el artículo 12 ter. define un concepto «poco preciso» y genera inseguridad jurídica. Por ejemplo, por el hecho de que en muchas explotaciones agrícolas uno o varios de los empleados no perciben salario por tratarse de miembros de la familia. «¿Qué demonios es el coste de producción?», zanja este experto. En la misma línea, José Antonio Latre Ballarín, un consultor especializado en la cadena alimentaria, recuerda que el valor de un bien depende tanto de su calidad como de la eficiencia del productor. Así las cosas, asegura este experto, el intento por parte del Ministerio de establecer un coste de referencia genera desincentivos entre los agricultores más eficientes.

Sobre esto, hay que recordar un hecho que no es irrelevante, para lo que hace al caso, y es que en 2020 Agricultura dejó de publicar los llamados 'estudios de la cadena de valor', que eran informes en los que se analizaban los costes de producción y precios de los productos, de cara a asegurar el cumplimiento de la LCA. Resulta paradójico que se dejaran de publicar, pues esos estudios son un mecanismo clave para justificar una multa por venta a pérdidas. Precisamente, la falta de transparencia es otra de las críticas que ha tenido que enfrentar Planas.

En opinión de Latre Ballarín, antes de la reforma de 2020 la LCA era una buena ley en lo que se refiere a la protección de los agricultores. Sobre todo, porque obligaba a las empresas a formalizar contratos para todas las compras y acortaba los plazos de pago, medidas que protegen a los productores sin distorsionar el mercado, apunta este experto. Desde 2014, el AICA ha ingresado 13 millones de euros por las sanciones, la mayor parte de las cuales, precisamente, se refieren a retrasos en los plazos de pago o contratos mal redactados o inexistentes.

Sea como fuere, a pesar de los errores en el planteamiento del artículo 12 ter., lo cierto es que el problema de las ventas a pérdidas es muy real. Este año les ha tocado a los productores de cereal, que en Castilla y León han ganado apenas veinte euros por hectárea, según datos de Asaja. Les siguen en la lista los olivareros, pues la reciente caída de precios expone a pérdidas a 650.000 hectáreas de olivar de las 2,7 millones que tiene España, según un reciente estudio realizado por la Universidad de Jaén.