Miguel A. García Díaz: «Los pensionistas de hoy se apropian de una riqueza no generada»

—¿Hasta qué punto es sostenible el sistema tras la reforma de 2021?

—La última reforma fue completamente diferente a todas las anteriores desde 1985. Hasta entonces se intentaba reforzar el sistema público frenando el crecimiento del gasto, conscientes de que el envejecimiento lo presionaba. En cambio, la reforma de 2021 decidió justo lo contrario: mantener una pensión inicial muy elevada en comparación con Europa y garantizar su poder adquisitivo bajo cualquier circunstancia, por extraordinaria que sea. Esto ocurre justo cuando la generación del 'baby boom' entra en la jubilación. El resultado es un aumento muy fuerte del gasto futuro. En teoría, se buscarán los ingresos necesarios, pero lo que se ha creado es un sistema más vulnerable financieramente. Si se produjera una crisis fiscal, el riesgo de insostenibilidad sería muy alto, dado que las pensiones ya representan el 30% del gasto público total. Pero lo peor no es solo la sostenibilidad. Lo más grave es el deterioro de la equidad: obligamos a las siguientes generaciones a destinar una parte creciente de su renta a pagar pensiones muy superiores a la media europea. Nuestra tasa de reposición –lo que cobra un jubilado respecto a su último salario– es del 77%, frente al 44,5% de la eurozona. Esa diferencia la pagarán los jóvenes de hoy.

—¿Qué indicadores le resultan más alarmantes?

—Desde 1995 el gasto público total en España subió 1,3 puntos del PIB, y el gasto en pensiones se disparó en 3,4 puntos. Las pensiones representan el 13% del PIB y aumentarán, como mínimo, en 3,5 puntos adicionales hasta 2050. Eso significa que están canibalizando cada vez más recursos. Lo que va a pensiones no se puede dedicar a vivienda, a sanidad o a innovación. Y aquí hay un error fundamental: se dice que los pensionistas se han «ganado» este trato. No es cierto. En un sistema de reparto, tus aportaciones se actualizan con el crecimiento económico durante 'tu' vida laboral. En España, sin embargo, cada euro aportado se actualiza con el PIB nominal y además, se añade un 60% extra. Es decir: los pensionistas de hoy se están apropiando de una riqueza que aún no se ha generado y que corresponde a las generaciones futuras.

—Usted ha señalado que el sistema es cada vez menos contributivo, ¿qué significa eso?

—Que las cotizaciones ya no cubren ni de lejos el gasto en pensiones contributivas (apenas el 71%). En 2024, el Estado tuvo que transferir al sistema 3,8 puntos del PIB, de los cuales 0,6 puntos llegaron en forma de préstamo. Desde 2018 esas transferencias han subido 1,5 puntos de PIB, y en los próximos años crecerán en otros 2,7 puntos. Eso significa que cada vez dependemos más de impuestos generales y menos de cotizaciones. En la práctica, estamos vaciando el principio contributivo del sistema y transformándolo en otra cosa. No digo que sea ilegítimo, pero hay que explicar a la sociedad qué implica: más impuestos o más deuda.

—¿Cuál es el límite de lo que puede asumir el Estado sin comprometer otras partidas esencial5es?

—El límite ya se alcanzó. Desde hace más de una década, cada nuevo euro que entra en la caja del Estado se dedica a pensiones, igual que en las comunidades autónomas se dedica prioritariamente a sanidad. Esto significa que otras políticas quedan arrinconadas. El ejemplo más gráfico ocurrió en 2023: mientras los asalariados vieron subir su sueldo un 2,75% inicialmente, los pensionistas recibieron un 8,5%. Eso supuso un sobrecoste de 20.000 millones. Con la mitad se podría haber duplicado el gasto en vivienda o reducido drásticamente la pobreza infantil. Esa es la verdadera factura de esta decisión.

—¿Se podrían establecer edades de retiro diferenciadas según la dureza de cada profesión?

—Es posible diseñar un sistema más flexible que tenga en cuenta condiciones laborales distintas. Pero lo primero es corregir el cálculo de la pensión inicial y aplicar factores de sostenibilidad. Hoy resulta injusto que los pensionistas sean el único colectivo protegido frente a una inflación extraordinaria. Si los salarios suben un 2,5%, no es razonable que las pensiones suban un 8,5%.

—¿Qué consecuencias tiene esto en términos de equidad generacional?

—Supone una reducción directa de la renta disponible de los jóvenes. El problema de las siguientes generaciones no es si cobrarán una pensión –la cobrarán–, sino en qué condiciones vivirán hasta entonces. Con salarios menos favorables (por la competencia de otros países), impuestos crecientes y pensiones blindadas, su margen de vida se estrechará cada vez más.

—¿Ve riesgo de conflicto político o social si la brecha sigue creciendo?

—La última reforma se hizo con criterios electoralistas. No olvidemos que en España hay 10 millones de pensionistas y, en las próximas dos décadas, se sumarán 5 millones más. Son 15 millones de votos. En campaña, ningún partido se atreverá a plantear una reforma seria, porque sería suicidio electoral. En la práctica, eso significa que el corto plazo político está pesando más que la sostenibilidad y la equidad a largo plazo del país.

—¿Por qué en España están tan poco desarrollados los pilares privados de ahorro para la jubilación?

—Porque tenemos cotizaciones altas y salarios bajos. Así es difícil que prospere un sistema complementario, obligatorio o voluntario. La prioridad, más que obligar a ahorrar, es aumentar la productividad y los salarios.

—¿Cuál es la previsión para el gasto en pensiones los próximos 20 años?

—La Airef estima un aumento de 3,5 puntos del PIB hasta 2050. En Fedea calculamos algo más, porque no creemos que mecanismos como la jubilación diferida o la reforma del RETA frenen tanto el gasto como se dice. En cualquier caso, hablamos de cifras enormes. Y lo más preocupante es la falta de transparencia. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social presentó informes que fueron desmentidos no solo por expertos independientes, sino por la propia Airef y por el Ageing Report de la Unión Europea. Han infraestimado el gasto y sobreestimado los ingresos. El resultado es que la ciudadanía recibe un relato sesgado y no conoce la verdadera magnitud del problema.

—¿Puede la inmigración compensar el envejecimiento poblacional?

—Ayudará, pero no resolverá el problema. Incluso con un flujo elevado de inmigrantes, la tasa de dependencia se duplicará en 2050. El problema de fondo no es demográfico, es de productividad. Con salarios bajos no se pueden pagar pensiones altas. Mientras no aumente la riqueza por ocupado, la ecuación no cierra.

—Si tuviera que aprobar dos reformas urgentes en los próximos dos años, ¿cuáles serían?

—Primero, reducir la tasa de reposición. Ya no podemos hacerlo de forma gradual, porque los' baby boomers' están entrando en masa en la jubilación. Segundo, fijar un techo a la revalorización de las pensiones en situaciones excepcionales. Y, sobre todo, hay que plantear la pregunta que nunca se hace: ¿cuánto queremos gastar en pensiones y quién lo paga? Esa es la decisión que debería trasladarse de forma honesta a la sociedad.

—Usted ha criticado los modelos de financiación singular como el vasco o el navarro. ¿Por qué?

—Porque rompen el principio de solidaridad. En 2024, el déficit de pensiones del País Vasco superó los 5.000 millones. Esos recursos los cubre el Estado con impuestos comunes, pero el País Vasco y Navarra no aportan nada a esa caja. Si este modelo se amplía a Cataluña, que representa el 18% del PIB, el resto de España tendrá que financiar déficits enormes de los territorios más ricos. En la práctica, eso significa que los pobres acabarán financiando a los ricos. Y rompe la caja única de la Seguridad Social, que ha sido una de las pocas argamasas de cohesión nacional.

—¿Existe un modelo viable de solidaridad fiscal compatible con mayor autonomía?

—Sí. Hoy las comunidades ya tienen mucha autonomía de gasto. El problema es la equidad: hay comunidades infrafinanciadas en euros por habitante –y no son ni Cataluña ni Madrid–. Hace falta ajustar eso y, además, aumentar la corresponsabilidad fiscal: que cada comunidad asuma ante sus ciudadanos el coste real de sus políticas.

—El déficit público parece haberse estabilizado en torno al 3%. ¿Cómo se explica en un contexto de gasto creciente?

—Se ha estabilizado porque los ingresos tributarios han subido más de dos puntos de PIB desde 2018. ¿De dónde sale ese dinero? Básicamente de la clase media. El IRPF no se ha actualizado con la inflación, así que quienes ganan entre 20.000 y 60.000 euros –la mayoría de contribuyentes– pagan cada año más. Ese dinero financia, en gran parte, las pensiones. Estamos viviendo una doble redistribución: hacia las rentas bajas, lo cual puede ser positivo en términos de equidad, y hacia los mayores de 65 años, que son quienes más se benefician de las transferencias. Pero esa carga sobre la clase media está generando un malestar creciente. Ven que pagan más impuestos, que su renta neta apenas crece y que los servicios públicos no mejoran. Si no corregimos este desequilibrio, el malestar social irá en aumento.

—El padre de la última reforma a las pensiones y ahora gobernador del Banco de España ha dicho que la deuda es uno de nuestros problemas. Pero no ha dicho que parte de esa deuda es el déficit de las pensiones.

—Es muy curioso que alerte sobre la deuda cuando ha sido el abanderado de la reforma que más ha incrementado el gasto dentro de las cuentas públicas. Las aportaciones del Estado al sistema de pensiones desde el año 2000 hasta el año 2025 equivalen –no digo que sean la causa– al 80% de toda la deuda pública emitida. Por lo tanto, sin que haya una causalidad, porque hay más gastos y, por lo tanto, es una cuestión de preferencias, lo cierto es que las pensiones cada vez ocupan más parte del gasto público. Esto, periodificado hasta el año 2050, significa que la deuda pública puede incrementarse en más del 85% si no se encuentran ingresos suficientes. Es decir, que las decisiones que se han tomado tienen una repercusión muy importante sobre la estructura del gasto público.

—Para terminar: ¿qué mensaje enviaría a los políticos y a la sociedad?

—Que las pensiones no son una hucha inagotable. Son una transferencia de renta entre generaciones. Y si blindamos a una parte de la sociedad con beneficios que no ha generado, el coste lo pagarán los jóvenes. La sostenibilidad del sistema exige decir cosas incómodas: que hay que producir más, que hay que trabajar mejor, que hay que formarse más. Mientras no asumamos esto, el populismo seguirá ganando terreno prometiendo lo imposible. Y lo imposible, tarde o temprano, se paga.