Así son las medidas energéticas que no salen adelante tras el fracaso de la 'ley antiapagones'

Se trata de un duro golpe para el sector energético que, paradójicamente, se habían manifestado a favor de forma unánime. Daba lo mismo el tamaño o el tipo de negocio, la mayoría de compañías —a través de sus patronales— se habían significado de manera positiva.

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Dentro del sector asumían que las medidas, más allá de las intenciones de evitar nuevos apagones, tenían sentido para reforzar todo el entramado energético español.

Entre las principales novedades que traía el real decreto ley había nuevos mandatos para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica. Por ejemplo, Competencia debía elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de tensión. Era algo fundamental, entre otras cosas, porque a falta de determinar los causantes concretos del apagón, los problemas de tensión han evidenciado que fueron quienes terminaron tumbando la red. Igualmente, el operador del sistema debía realizar análisis de la infraestructura con el objetivo de tener una mayor eficiencia.

Muy importante también era la revisión más ágil de la planificación energética. Algo que han reclamado con mucha insistencia las empresas eléctricas. Hasta ahora se hacían planes a cinco años. La intención era que se pudiera revisar cada cierto tiempo para adaptar las necesidades del sistema.

El almacenamiento energético se había convertido en una de las estrellas del real decreto ley. Se introducían diversas disposiciones que tenían por objeto facilitar y fomentar el desarrollo de esta tecnología y, en particular, la hibridación de las instalaciones de generación existentes con módulos de almacenamiento.

De igual modo, el autoconsumo, también había entrado en el punto de mira de esta norma, así como todo el desarrollo de las redes eléctricas para el impulso de la industria. Así, el principal objetivo era seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial. Por ello, el decreto incorporaba la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania.

Asimismo, la tramitación de los proyectos de renovables también se modificaba para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. También se pretendía fomentar la renovación de instalaciones de generación —su repotenciación—, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.

Igualmente, se favorecía la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilitaba a los ayuntamientos para la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.

La reacciones no se han hecho esperar. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) «lamenta profundamente la no convalidación del real decreto que suponía una respuesta urgente y necesaria a los retos del sistema eléctrico actual. La decisión del Congreso de los Diputados bloquea avances clave que eran esperados por todo el sector energético. Especialmente grave es la no adecuación de los hitos a la realidad del desarrollo de la demanda, así como la falta de impulso al almacenamiento y las renovables térmicas».

Desde una de las principales asociaciones empresariales argumentan que «sin la modificación del quinto hito y de los plazos asociados, numerosos proyectos quedarán bloqueados por trámites que no responden a la realidad del desarrollo tecnológico ni administrativo. Muchos de estos proyectos se ven paralizados por medidas cautelares, utilizadas por grupos de presión contrarios a las renovables, y la norma paralizaba los plazos administrativos en estos supuestos».

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), en representación del sector eólico español, expresa su profunda preocupación ante la no convalidación del decreto. El texto rechazado, señalan, «era de carácter eminentemente técnico y respondía a la necesidad urgente de dotar al sistema eléctrico de mayor resiliencia, seguridad operativa y de suministro, en un contexto de transformación profunda del modelo energético. No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación. Muy al contrario: desde el sector eólico se ha venido trabajando de forma activa para compartir la importancia de su contenido claramente apolítico, precisamente por su carácter estratégico para el país».