Sobre Turkish, la Sepi y Air Europa

No se trata de una mera compraventa. Turkish Airlines, controlada en un 49% por el fondo soberano turco Türkiye Wealth Fund (TWF), responde a una lógica política, no solo mercantil. Aunque hoy su consejo de dirección parece ceñirse a los Principios de Santiago, establecidos en 2008 como normas de buen gobierno para los fondos soberanos, no siempre ha sido así. Dos años después de su creación, en 2016, TWF parecía una empresa de la familia Erdogan, encabezada por el presidente turco y gestionada por su yerno, Berat Albayarak, a la sazón ministro de Finanzas.

Otra familia, los Hidalgo, propietarios de Globalia y de Air Europa, tenía en la manga una carta poderosa: el interés personal del presidente del Gobierno porque las cosas acabaran bien. Y las gestiones de Manuel de la Rocha llegaron a puerto en Turquía. Pero el problema no es el desenlace, sino el proceso. ¿Quién garantiza que no ha habido contraprestaciones cruzadas? ¿Que el Gobierno no ha facilitado esta operación a cambio de otros favores? ¿Y que los intereses turcos no condicionarán decisiones estratégicas de España? Algunas señales inquietan. Turquía impulsa el Hurjet, un avión que ya ha sido evaluado por el Ejército del Aire español como entrenador supersónico. El Consejo de Ministros ha aprobado una compra valorada en 3.120 millones.¿Podría ser parte del paquete implícito? No lo sabemos. Ni la transparencia resuelve hoy el problema. Sólo lo hace la incompatibilidad.

No es la primera vez que el Ejecutivo actúa como agente económico en lugar de regulador. El caso Air Europa recuerda que el Estado no solo prestó dinero, sino que pudo haber abierto puertas desde dentro. Turkish Airlines declara no tener intención de aumentar su participación. Perfecto. Pero ¿y si mañana el fondo soberano turco quiere más control?

El rescate está devuelto, sí. Pero eso no despeja las dudas. El juego limpio no es una virtud opcional, sino una exigencia cuando el Estado se convierte en socio de empresas privadas o de otros estados. Si España quiere preservar su seguridad jurídica, el Gobierno debe dejar de actuar como intermediario comercial y volver a su papel natural: el de garante del interés general. Porque es importante que el dinero se haya recuperado, pero también lo es saber bajo qué condiciones se fue. jmuller@abc.es