El Govern catalán admite que el impuesto propio a los pisos vacíos no reduce los precios del alquiler

Un informe centrado en este impuesto del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Natàlia Mas (ERC), señala sin embargo en sus conclusiones que: «En términos del mercado inmobiliario no se observan cambios, (...) no se observan modificaciones en la ratio de viviendas vacías».

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El análisis «no detecta ningún resultado estadísticamente significativo como consecuencia del impuesto» y señala que la movilización del stock de este tipo de viviendas (cuyo número exacto se desconoce y se baraja que podría rondar entre las 31.852 y las 43.568 viviendas en Cataluña) se debe a que «cada año hay nuevas viviendas que se convierten en vacías», compensado, así, las que «pasan de (viviendas) vacías a alquiler social».

Este gravamen afecta, básicamente, a los propietarios jurídicos de viviendas que llevan más de dos años vacías sin causa justificada y situadas en municipios de alta demanda. Estas viviendas tienen que haber sido adquiridas, principalmente, «en un proceso de ejecución hipotecaria». Es decir, este tipo de impuesto no afecta a las personas físicas (salvo los grandes tenedores: más de 15 pisos) que tienen viviendas vacías y a las personas jurídicas que las compran.

Gracias a este método, la Generalitat recaudó en 2023 (a la espera del cierre de las cuentas) 9 millones de euros. Y espera incrementar un 59,2% (el mayor aumento de los impuestos propios o cedidos) la recaudación para 2024, si se cumplen las previsiones: 14 millones de euros en este ejercicio.

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Ivàlua pone en duda, también, aspectos de la aplicación del gravamen. Por ejemplo, cuestiona que el concepto «vivienda vacía» se pueda constatar con el consumo de agua y lamenta que no se sepa el número de viviendas cedidas, pues solo se conocen las adjudicadas a la administración pública pero no las del tercer sector.

Finalmente, entre las recomendaciones, se propone que se haga «un seguimiento del uso de los recursos obtenidos con el impuesto». En 2023 fueron 9 millones de euros. La Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC) lleva a cabo una explicación de sus recursos económicos y concreta «las acciones efectuadas», pero no son distinguibles. «No es posible distinguir los recursos del impuesto de otros recursos (que gestiona la AVC)», lamenta, añadiendo que es aconsejable poder ver a «qué se destinan los recursos del impuesto (a las viviendas vacías)».

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De esta manera, el estudio objeta de forma clara la necesidad de un impuesto que no cumple, en su aplicación, con los objetivos marcados cuando se creó. Además de esta norma, la Generalitat tiene en marcha otra ley que limita y restringe los pisos turísticos y empezará a utilizar una norma –nacional– que trata de limitar el precio del alquiler en algunas zonas consideradas tensionadas.