El Gobierno prohíbe a BBVA hacer desaparecer el Banco Sabadell durante al menos tres años

La condición principal es obligar a BBVA a mantener la personalidad jurídica, patrimonio y autonomía del Sabadell durante al menos tres años, lo que supone hacer sobrevivir a la entidad catalana y vetar la posterior fusión durante este periodo. Como ha anunciado el ministro, esa exigencia de que cada banco tenga su propia autonomía para tomar sus decisiones, aunque ambos estén bajo control de los vascos, lo que implica es que cada uno por separado deberá por velar individualmente por maximizar su valor y siguiendo estrategias de negocio diferentes.

El movimiento del Gobierno supone ir más allá de lo que fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su resolución, que aprobó la operación con compromisos pactados con el BBVA como el mantenimiento de condiciones comerciales y del crédito a pymes por un periodo, según el caso, de hasta cinco años. Aquellos compromisos se han demostrado insuficientes para el Ejecutivo de Pedro Sánchez al entender que hay elementos de interés general más allá de la competencia que deben ser protegidos.

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Con todo, torpedearle la opa a BBVA puede llegar a salirle caro al Gobierno ya que es precisamente lo que la Comisión Europea le había advertido que no debía hacer. Bruselas ha avisado de ello en hasta dos ocasiones al Ejecutivo español, bajo amenaza de «usar sus poderes», lo que se entiende en el sentido de que las autoridades comunitarias podrían llegar a abrirle un expediente sancionador a nuestro país.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha hecho caso omiso a las advertencias de Bruselas y ha optado por poner más trabas a la entidad vasca. BBVA ahora deberá decidir, con las nuevas condiciones en la mano, si la operación continúa siendo viable o, por el contrario, es mejor desistir de ella. Como señaló el presidente del banco, Carlos Torres, antes de conocerse la decisión, todas las posibilidades legales están abiertas. La entidad ha señalado que ya están analizando las condiciones para tomar una decisión

Lo que es claro es que las nuevas restricciones del Ejecutivo obligarán a la entidad a rehacer parte de los cálculos iniciales sobre el atractivo de la operación que habían previsto en un primer momento. Y, en todo caso, el banco vasco, como dijo Torres, tiene la posibilidad de acudir a los tribunales para intentar tumbar la decisión del Consejo de Ministros ya que el BBVA entiende que la ley no habilita al Gobierno a endurecer las condiciones, sino solo a mantenerlas o suavizarlas.

Fuentes de Banco Sabadell, por su parte, señalan que si BBVA decide ir para adelante «deberá analizar y proporcionar información sobre el impacto de estas condiciones, tanto en las sinergias esperadas como en su capacidad de retribuir al accionista en el futuro. Dicha información es relevante para nuestros accionistas». En otras palabras, instan a los vascos a reformular los cálculos de su oferta e incluir en el folleto toda la información necesaria para que los accionistas de los catalanes tomen una decisión.

El ministro Cuerpo ha explicado cómo serán esas nuevas condiciones impuestas a BBVA. El titular de Economía ha recalcado que autorizan la operación «con la condición de que durante tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad». Una sola condición pero dentro de la cual van otras muchas de manera implícita.

Esto, de facto, supone obligar a la entidad vasca a mantener vivo el Sabadell durante al menos los tres próximos años, que son prorrogables hasta cinco una vez se cumpla ese periodo. Así las cosas, de las palabras del ministro se entiende que, temporalmente, el Gobierno veta la fusión posterior de BBVA y Sabadell si triunfara la opa. Por todo lo demás, Cuerpo ha dicho que mantienen los compromisos de la CNMC.

Asimismo, Cuerpo ha señalado que la obligación de mantener los bancos separados y cada uno con su propia autonomía implica también que no serían necesarios procesos de despido en el marco de esta operación; a lo que se refiere el ministro es a que los ERE masivos, como en Caixabank-Bankia se dan cuando hay fusión, con lo que si esa fusión se impide, los despidos también se evitan. Lo mismo ocurriría con respecto a la red de oficinas, ya que sin fusión no habría necesidad de ajustar la red. «La autonomía en la gestión de su actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones que afecten a la política de: financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; obra social a través de sus respectivas fundaciones», señalan en nota de prensa.

El ministro ha explicado que su decisión está fundamentada en cinco criterios de interés general, como garantizar los objetivos de la regulación sectorial en lo que se refiere al crédito, también proteger a los trabajadores, cohesión territorial y promoción de la innovación. Ha explicado que los criterios de interés general están amparados y avalados por el ordenamiento jurídico y que su decisión está alineada también con la normativa europea. A su juicio, esto no es un obstáculo para la integración y la unión bancaria.

«Se ha optado, por lo tanto, por un enfoque finalista, en el que se obligue a la protección de todos y cada uno de los distintos intereses a garantizar identificados, mediante la introducción de una condición única, que favorezca una transición ordenada, contribuya a preservar estos intangibles y, con ello, el interés general afectado», ha indicado el ministerio.

Más allá de ello, poco antes de conocer la decisión del Ejecutivo, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advertía de que «la credibilidad del discurso de la integración europea sufre» al no ser compatible con este tipo de actuaciones gubernamentales. «Hay que ver si estas intervenciones son compatibles con los mensajes de integración» que el Gobierno de España y otros socios europeos enarbolan periódicamente en los consejos europeos, pero que después se ven diluidos en decisiones como la que hoy ha tomado el Consejo de Ministros, informa José María Camarero.