Los alquileres que promete la nueva empresa estatal de vivienda: contratos de 75 años y precios un 50% por debajo de mercado

Quizá este último sea el punto más llamativo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que los contratos de alquiler que firme Casa 47 tendrán una duración de hasta 75 años, «para que las preocupaciones de los ocupantes de estas viviendas sean las cotidianas y no el alquiler», dijo este jueves la titular del ramo durante la presentación de la nueva empresa pública. Pero esa cláusula tiene letra pequeña. Los contratos podrán llegar hasta los 75 años de duración, pero tendrán una duración inicial de 14 años, y una vez cumplidos, habrá prórrogas automáticas de siete años, pero «siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso», aclaran fuentes del Ministerio de Vivienda a este periódico.

De lo que se conoce hasta ahora de las condiciones de acceso es que los inquilinos que podrán acceder a los arrendamientos de Casa 47 tendrán que tener unos ingresos que representen entre 2 y 7,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que a día de hoy significarían rentas anuales de entre 16.800 y 63.000 euros brutos, lo que según el ministerio daría cabida al 60% de la población española. Por su parte, las rentas inferiores al mínimo posible, se les apoyará «a través de la vivienda social», mientras que para las superiores al máximo, Vivienda entiende «que no deben tener problemas para acceder al mercado libre».

Según Vivienda, los alquileres de las casas que formen parte del perímetro de Casa 47 no sobrepasarán en ningún caso el 30% de la renta medida del territorio en la que se encuentre la vivienda y tendrán precios bastante por debajo de mercado, que según la ministra podrían ser hasta un 38% inferiores a los del mercado libre en Madrid y hasta un 50% por debajo en otras capitales donde el precio del alquiler se ha disparado en los últimos años como Málaga.

Las viviendas en alquiler de Casa 47 serán publicitadas en un portal inmobiliario tipo Idealista- que verá la luz en 2026 y en el que los interesados podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos concretos de cada una y podrán formalizar las solicitudes para acceder a la vivienda. El ministerio asegura que la nueva entidad «no dejará espacio a la especulación con las viviendas pagadas con dinero público» y que, por tanto, los inmuebles que entren en su perímetro no podrán ser vendidos nunca al sector privado.

El anuncio de la nueva empresa pública y las condiciones de los alquileres han levantado ya una ola de críticas en la oposición. Desde el Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP) muestran su sorpresa porque los alquileres asequibles que promoverá Casa 47 «dejan sin vivienda pública a los pobres». «Con la excusa de que para los que están por debajo de esos ingresos (2 veces el Iprem) 'está la vivienda social', el Gobierno que se dice socialista deja fuera a las familias que cobren menos de 25.000 euros brutos anuales, que no podrán optar a estas viviendas. No contento con ello, sube hasta 7,5 veces el IPREM el límite de ingresos familiar para acceder a estas viviendas, que son casi 90.000 euros brutos anuales. Y todo ese límite es igual para un pueblo de 2.000 habitantes de una provincia cualquiera de España que para Madrid y Barcelona», remarcan fuentes del consistorio que lidera José Luis Martínez Almeida.

Para reflejarlo, además, hacen comparación con las viviendas que sortea la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, que pone como requisito tener ingresos por debajo de 3,5 veces el Iprem, cuando dicen que la oposición municipal ha llegado a criticar el plan Suma de colaboración público-privada «porque esos pisos tendrán el límite en 5,5 veces el Iprem», un rango bastante por debajo del 7,5 máximo que exigirá Casa 47.

Desde el PP a nivel nacional también criticaron ayer el anuncio de la nueva empresa pública al que calificaron como «otro chiringuito ideológico» del que, aseguran, costará 16.500 millones a los españoles, que es el dinero que calculan que supone el traspaso de las 40.000 viviendas y 2.400 terrenos que la Sareb pasará al perímetro de Patrimonio del Estado para que la empresa pública las gestione, lo que para el PP significa que «el Gobierno asume la deuda de la Sareb», cuando podría gastar ese dinero en construir más de 100.000 viviendas.