El Gobierno se saltó un mandato constitucional en diciembre para no detallar el patrimonio sindical

La petición fue registrada por el grupo de Santiago Abascal en el Congreso el 14 de noviembre, la Mesa de la Cámara la calificó y admitió a trámite cinco días después, el 19, por lo que el Gobierno estaba obligado a remitir el informe antes del 28 de diciembre, pero dio la callada por respuesta. El Reglamento del Congreso solo permite al Ejecutivo denegar información manifestando a la Presidencia del Congreso «las razones fundadas en derecho» que le impidan proporcionarla, y haciéndolo en un «plazo no superior a treinta días».

Letrados del Congreso consultados por ABC subrayan que no es una vulneración menor. «Se trata de un derecho fundamental del diputado como parte de sus funciones como representante y por tanto incardinado en el contenido esencial del derecho al desempeño de dicho cargo público protegido por el artículo 23.2 de la Constitución y tutelable por la vía del recurso de amparo», explican. Así lo avala una sentencia del Constitucional del año 1981, la 161 de 20 de septiembre, que recoge que la Constitución «garantiza no solo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas».

Además, el artículo 109 de la Carta Magna conecta las funciones constitucionales atribuidas a las Cámaras con la obtención de la información precisa para ello. Y ello por el carácter que tienen las Cortes como representantes del pueblo español (artículo 66) y residiendo en ellas la soberanía nacional (artículo 1.2). La petición del citado informe fue cursada por los diputados Ignacio Hoces, María José Rodríguez de Millán, Carlos Hernández y Ricardo Chamorro ante la opacidad que mantiene el Gobierno respecto a estos inmuebles. ABC logró publicar este lunes de forma detallada los bienes cedidos a CC.OO. y UGT gracias a una pregunta realizada a Transparencia. «No sabemos cuál es el patrimonio sindical, todo, ni qué inmuebles están en desuso. Queremos que nos lo digan y que lo conozcan todos los españoles», explica Hoces en declaraciones a este diario. «A UGT y Comisiones se les llena la boca con el problema de la vivienda. Pues tienen que hacer ese esfuerzo de devolver el patrimonio de los españoles para construir ahí vivienda social», subraya.

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Denuncian que el reparto de este patrimonio «se hizo sin mucha transparencia, con muchos problemas jurídicos y faltando a la verdad histórica. Los españoles –aseguran– merecen poder usar y disfrutar de ese patrimonio, no unas organizaciones que se nutren de las subvenciones que les dan las distintas administraciones, y que viven de eso y no de defender los derechos de los trabajadores y de los que no trabajan para que puedan llegar a trabajar».

Según sus cálculos, de la sede de UGT en Madrid, situada en Avenida de América, con 28.522 metros cuadrados, «se pueden sacar, por ejemplo, 316 viviendas de 90 metros cuadrados» y de la de Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega, también en la capital, «otras 100 viviendas públicas de 90 metros».

Sumar rechaza esta propuesta porque cree que «el patrimonio sindical no resuelve el problema de la vivienda en este país». En el debate de una proposición no de ley defendida por Vox en diciembre, su diputado Alberto Ibáñez, pidió ser «serios» y alejarse de «ciertos populismos». «Creo en un Estado con muchos impuestos para que existan muchos derechos, muchos servicios públicos y también sindicatos fuertes, patronal fuerte y partidos fuertes porque creo que esto es un país avanzado. Lo otro, es el salvaje Oeste», remachó.

El PSOE, por su parte, cree que Vox va contra el derecho sindical recogido en la Constitución. «Hay que buscar soluciones que vayan por garantizar el derecho a la vivienda sin poner en duda o en peligro otro derecho», señaló la diputada Isabel Pérez. «Hablan de esta propuesta como una solución a corto plazo, pero estamos hablando de oficinas y las oficinas –señaló– no se transforman en residencias con una varita mágica, sino que se requiere de un tiempo más extenso que un corto plazo».

En cuanto al PP, el diputado Celso Delgado Arce consideró un «disparate» la revocación de todo el patrimonio sindical, pero abrió la puerta a que aquellos bienes que «hoy por hoy no tienen utilidad» o se encuentran en «fase de enajenación» puedan «valorarse y estudiarse destinarlos a otros usos». Su condición es que se siga el «cauce legal» y no se desahucie «a organizaciones que tienen que disponer de unos locales, de unas instalaciones para el cumplimiento de esos fines».

El Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos viven una relación dulce que ha repercutido en la financiación que las centrales reciben del Presupuesto. Uno de los últimos consejos de ministros del año elevó hasta los 32 millones de euros anuales las subvenciones que reciben las organizaciones más representativas, como es el caso de UGT y CC.OO., una cifra un récord, desconocida hasta ahora, que supone casi el doble de lo que venían percibiendo en los últimos tres años.

La autorización de esta nueva partida llegó en plenas negociaciones para recortar la jornada laboral hasta las 37,5 horas, que salió adelante con el rechazo de los empresarios, y supone casi un 300% más de lo destinado por Mariano Rajoy a la financiación de los sindicatos en su última etapa, que se mantuvo de forma invariable en los 8,8 millones. La crisis que se vivió esos años fue la justificación que entonces se dio para aplicar un recorte que hoy se ha revertido con creces.

La sintonía que tienen las centrales con el Ejecutivo, sobre todo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es manifiesta. En noviembre pasado la UGT celebró su 44 Congreso en Barcelona con la presencia de Pedro Sánchez, y el secretario general del sindicato socialista no ahorró halagos hacia él. «Es un presidente que cumple», «de palabra», de «fiar», fueron algunos elogios, para acto seguido reclamar más financiación para los sindicatos. Un mes después, el Consejo de Ministros aprobaba la partida histórica de 32 millones.

La confianza mutua llega hasta el punto de que Pepe Álvarez viajó hasta Waterloo para intentar convencer a Carles Puigdemont de que apoyara el recorte de la semana laboral, parece que con poco éxito.