El Gobierno prohibirá que el nuevo impuesto a la banca y a las energéticas se repercuta a los clientes

«En la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad», ha explicado la titular de Hacienda en una entrevista radiofónica.

Montero ha justificado el impulso de estos impuestos en un contexto marcado por la escalada inflacionista y ha señalado que en estos momentos se están produciendo una serie de mayores beneficios en estas empresas energéticas -eléctricas, petroleras y gasistas- y entidades financieras, fruto de la situación del mercado. «Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común», ha argumentado la ministra.

El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio, mientras que el dirigido a las entidades financieras hará lo propio con una recaudación estimada de 1.500 millones al año. Ello supone un impacto total en la recaudación de 7.000 millones, según ha recordado Montero.

Aunque la ministra ha asegurado que estarán «pendientes» de lo que estas empresas quieran comentar, ha remarcado que el impulso de estos impuestos es de «justicia social y fiscal», subrayando que no existe ningún tipo de «inseguridad jurídica» en torno al gravamen, tal y como ha planteado la patronal bancaria. «Es un clásico que cuando se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: que se va a ahuyentar la inversión y que inmediatamente va a repercutir sobre los consumidores», ha reprochado la ministra ante las advertencias por parte de estas empresas y del PP.

Sobre este nuevo impuesto, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha manifestado su rechazo a la propuesta del Gobierno de crear un nuevo impuesto temporal para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y ha lamentado la «retórica beligerante» del Ejecutivo.

La reacción de Sedigas acerca de la imposición de un nuevo tributo a las energéticas se produce después de que en la mañana del jueves sus dirigentes se hayan reunido con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En ese encuentro, en el que se ha tratado sobre un plan de contingencia ante un posible corte del suministro de gas ruso, también participó la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec).

Sedigas ha señalado su «preocupación» por una medida que considera que genera «inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva« y cuyos efectos »distan de estar claros«. También critica que la implantación del nuevo tributo al sector podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas. »Todo ello sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros«.

La asociación que preside Joan Batalla afirma que «necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo. En este sentido, es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas utilizada en el anuncio de este nuevo gravamen, que ignora el compromiso histórico y el papel fundamental de estas compañías para garantizar el bienestar económico y social".

Añade que «se desconoce qué entiende por 'beneficios' y por 'extraordinarios', qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etc, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas«, señala Sedigas en relación a los 2.000 millones de euros anuales que prevé recaudar el Gobierno con este gravamen en cada uno de los ejercicios para los que se plantea su vigencia.

La asociación también considera que un nuevo impuesto de estas características es «negativo» para un sector que opera en competencia en los mercados internacionales y en el que se necesitan inversiones y «músculo financiero» para garantizar la seguridad de suministro, más todavía en un contexto como el actual, «de máxima incertidumbre y volatilidad».

Además, lamenta que la iniciativa del Gobierno tiene «un coste en términos de reputación y marca país» debido a la «inseguridad e incertidumbre» que genera en un contexto en el que España intenta posicionarse como un 'hub' del gas debido a su potencial de regasificación, con alrededor del 25% de las plantas de este tipo en Europa.